“Es muy cruel que mientras los sanitarios estamos luchando por salvar vidas en plena pandemia se tramite esta nueva legislación”, decía hace dos semanas el cardiólogo Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Ciertamente no es muy oportuno. Es algo así como subir impuestos a las patatas en tiempos de hambruna o regar con gasolina un bosque en llamas.
Si el coronavirus no se calma, con la predilección que tiene por ancianos, dementes y otros enfermos graves, es muy posible que durante unos años no deje ningún candidato disponible para acogerse a esta ‘interrupción voluntaria de la vida’. Parece como si la Naturaleza, tan sabia o tan salvaje según se mire, hubiera vuelto una vez más a avisar de que no hay que preocuparse tanto por la muerte, pues ella dispone de recursos más que suficientes, por mucho que la Humanidad se empeñe con sus avances médicos en arrebatarle años de vida. Eso sí, si no son a gusto del consumidor dentro de unos meses podrá canjearlos por una inyección de pentobarbital.
Un desatino de la eutanasia es esa complicidad social, legal y médica que pretende, quizá para descargar en otros la responsabilidad moral que implica, esa extraña culpabilidad o cosquilleo mental que acompaña al ser humano en algunas de sus acciones y que tan difícil es de ahuyentar; se buscaría una especie de bendición terminal o aval científico. Una razón bastante timorata por otro lado: el suicidio es libre y no está penado por la ley.
Progresión letal
Otro riesgo que tiene es su creciente voracidad. Lo decía en junio pasado en la revista Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, parecida al Diario Médico pero en holandés, Bert Keizer, que realiza eutanasias en una clínica especializada -el Expertisecentrum Euthanasie- en La Haya: “En nuestro país comenzamos con los enfermos terminales, pero también resultó que los enfermos crónicos experimentaban un sufrimiento insoportable y desesperado. Luego seguimos con las personas con demencia, pacientes psiquiátricos, ancianos con multitud de achaques, y finalmente ancianos muy mayores que, aunque no sufran una enfermedad incapacitante o limitante, entienden que su vida ya no tiene sentido”. Los niños con enfermedades graves también pueden ahora sumergirse legalmente en el Tártaro. Ante ese horizonte cada vez más panorámico, Keizer proponía incluso una especialización en eutanasia, como una rama más de los estudios médicos; la voladura del juramento hipocrático.
No hay que olvidar la presión social: se traslada a los pacientes la idea de que son una carga, y la oferta crea la demanda. “Campañas proeutanasia muy efectivas han originado, en el público general, una perspectiva de que morir por medio de la eliminación activa es lo más humano posible”, confirmaba a Aceprensa Theo Boer, profesor de Ética Médica en la Universidad Teológica Protestante de Groninga (Países Bajos) y con una experiencia de diez años en un comité regional de supervisión de la eutanasia. “Para la mayoría de la gente -añadía desmitificando uno de los espejismos más difundidos- el motivo para pedir la eutanasia no es el dolor: es la desesperación y la dependencia”.
Dementes indefensos
El proyecto español contempla “supuestos de enfermedad grave e incurable o de enfermedad grave, crónica e invalidante causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables”: para evitar la escalada holandesa, aquí ya partimos con un enunciado en el que cabe todo. “Es básicamente imposible establecer que un paciente (con demencia) está sufriendo insoportablemente, porque ya no puede explicarlo”, explicaba en The Guardian la experta holandesa en ética médica Berna Van Baarsen que en enero de este año causó un gran revuelo cuando renunció como miembro de una de las Juntas de Revisión, en protesta por la creciente frecuencia con que estaban siendo eutanasiados los pacientes con demencia, sobre la base de directivas escritas que no pueden confirmar tras perder sus facultades.
Un caso muy significativo fue el de una mujer de 74 años con Alzheimer que había solicitado la eutanasia antes de que su estado mental se agravara. En el momento de llevarla a cabo, en 2016, la mujer se resistió, por lo que el médico pidió ayuda a sus familiares para sujetarla y poder terminar el proceso final. El caso se denunció y hace unos meses el Tribunal Supremo holandés dictaminó que se puede utilizar una directiva anticipada para eutanasiar a un paciente con demencia, a petición previa, sin que este sea consciente de que se está llevando a cabo el procedimiento. De la eutanasia a la cacotanasia, al estilo de la covid-19.
Sobre objetores, prestaciones, muertes, brujas (y brujos)
La Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, reconoce la objeción de conciencia sanitaria, pero prevé que para la adecuada gestión los objetores figuren en un registro. ¿No sería más práctico a la inversa? Es decir, un registro con los que estén dispuestos a practicar eutanasias. En cualquier actividad humana, los listados son directos: ¿quién quiere jugar al fútbol?, ¿quién desea ir mañana a la playa?, ¿quién prefiere el turno de noche?
La prestación tendrá financiación pública y se podrá realizar en “centros sanitarios públicos, privados o concertados”. Hay que cubrirse las espaldas: al igual que con los abortos, la experiencia internacional enseña que estas prestaciones acaban en manos privadas.
“La muerte producida derivada de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración de muerte natural...”. ¿Para qué borrar huellas si está sancionada legalmente?
De todos modos, lo que anima a acogerse a la ley es su redacción: “El médico o la médica responsable deberá consultar a un médico o médica consultor...”, “el médico o la médica responsable recabará del o la paciente...”. Y así decenas de veces. Tan igualitaria, cansina y chirriante como las uñas de siete mil brujas (y brujos) arañando una pizarra.
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