Si algo bueno ha dejado esta pandemia es la constatación de que, cuando hace falta, todo el mundo arrima el hombro, algo que se puso especialmente de manifiesto en el sector sanitario. Durante los meses de marzo y abril, principalmente, la sanidad privada puso a disposición de las comunidades autónomas sus 460 hospitales.
La plantilla a disposición de la crisis en centros sanitarios con internamiento fue de 93.000 profesionales, entre sanitarios y sociosanitarios. Además, la infraestructura a disposición a nivel nacional fue de 52.000 camas de carácter general y 2.800 de UCI, contando entre estas últimas tanto las instaladas de forma permanente como las camas que fue preciso ampliar en regiones con focos de contagio muy activos, lo que supuso en algunos casos duplicar o triplicar la capacidad de las UCI.
Pasado el tiempo, esta disposición ha dejado una grave brecha económica en los centros privados que “no esperamos recuperar hasta 2022”, según explica Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).
Y es que la disminución de la actividad habitual (de la que los centros privados obtienen sus ingresos) en favor de la atención a pacientes covid (que se realizó de forma prácticamente altruista) superó en todos los casos la mitad y, en algunos casos como las intervenciones quirúrgicas, las pruebas diagnósticas y las consultas, llegaron a suspenderse tres cuartas partes de la actividad normal.
A ello se suma el hecho de que “el 83% de los centros contrató personal, que se incrementó en un 5% con respecto a abril de 2019”, explica Rus. Al mismo tiempo, se paralizaron las inversiones “y se cancelaron inversiones previstas por 36,2 millones de euros”.
Compras desbordadas
Otro dato para echarse a temblar es el incremento del gasto en material de protección que, además, aumentó su precio de forma exponencial: “Las mascarillas quirúrgicas se encarecieron un 1.423%; las de protección respiratoria, un 362%, y las batas, un 274%”. Lo mismo sucedió con otros recursos como los monos de protección, los geles hidroalcohólicos, las gafas y los guantes.
Todo esto supuso que el incremento del importe total destinado a compras de los principales productos relacionados con la covid-19 en el periodo de marzo y abril de 2020 respecto al año completo de 2019 fue del 71%.
Este aumento del gasto, según Rus, se esperaba recuperar una vez terminada la primera ola. “Cuando se acabó el confinamiento, la actividad normal se fue recuperando, aunque los pacientes seguían teniendo reticencia a ir al hospital”.
El 83% del los centros privados contrató personal
Así, en agosto de este año “llegamos a tener el 80% de actividad con respecto a agosto de 2019. Y entonces, llegó la segunda ola”.
El incremento del gasto y la reducción de la actividad han hecho mella en todos los centros privados. “Para las pequeñas clínicas y las monográficas -odontológicas, oftalmológicas, etc.- esta crisis supondrá el cierre. Calculamos que tendrán que cerrar unos 3.000 centros en toda España”.
Por lo que respecta a la facturación de centros hospitalarios, “se ha reducido entre el 20 y el 30% sobre la prevista, y tardaremos en recuperarnos”, afirma el presidente de ASPE.
Estas cifras derivan de un estudio realizado por la patronal con la participación de centros que representan el 27% de los hospitales privados y el 24% de las camas privadas existentes en nuestro país. No obstante, si se tienen en cuenta únicamente los hospitales generales, sin incluir los de larga estancia, geriátricos, psiquiátricos y monográficos, el porcentaje asciende al 42% en el caso de los hospitales y al 41% en el número de camas.
¿Problema internacional?
Que la pandemia supondría pérdidas era de prever; por ello, muchos países de nuestro entorno han establecido compensaciones a la sanidad privada. “Por ejemplo, en Francia se ha garantizado a los centros un incremento de dos puntos en los ingresos con respecto al año anterior, y en Alemania se ha realizado un pago de 50.000 euros por UCI y se ha acordado una compensación por las intervenciones no realizadas en relación al año anterior”. Medidas similares se pusieron en marcha en otros países muy afectados por la pandemia, como Reino Unido.
Mientras tanto, en España los centros siguen esperando que, “al menos, se nos pague por la actividad realizada. Sería justo tener una compensación por la puesta a disposición de nuestros recursos”, reclama Rus.
Paquete de medidas
Mientras llega -si llega- esta compensación, ASPE ha elaborado un paquete de posibles medidas que se pondrían en marcha en el caso de rebrote de la enfermedad y que serían susceptibles de incorporarse a futuro y como mejoras a las medidas activadas durante la crisis y que afectan a la sanidad privada:
- Necesidad de establecer una mesa de coordinación nacional y otra en cada autonomía con representantes del ámbito privado, con el objetivo de hacer partícipes a los afectados y conseguir una mayor eficiencia en el uso de los recursos y una mayor seguridad jurídica.
- Establecer modelos de participación de la sanidad privada, en base a la situación de cada territorio, implantando medidas diferenciadas en base a la división territorial.
- Que se establezca una correlación de servicio directa en la atención y seguimiento médico entre los centros sanitarios privados, las residencias de mayores y los centros sociosanitarios de su entorno.
- Incluir a los centros sanitarios privados en los planes de abastecimiento de medicamentos, equipos de protección y todos aquellos recursos necesarios en la atención a pacientes covid, así como el acceso a las plataformas de compras públicas.
- Es necesario homogeneizar y coordinar la gobernanza, así como la normativa a aplicar por parte de las autoridades sanitarias de las distintas comunidades autónomas.
- Que dicha normativa recoja de manera generalizada los procesos y pruebas a realizar de detección y diagnóstico covid previos a procedimientos quirúrgicos y hospitalizaciones.
- Establecer la obligatoriedad de las mutuas de seguros laborales de cubrir los exámenes y pruebas necesarias para la reincorporación de los profesionales afectos por la covid-19.
- En cuanto a la regulación de los precios de servicio de la sanidad privada en una situación pandémica similar, establecimiento de un canon por puesta a disposición de plaza hospitalaria, de plaza en UCI y designación de obligado al pago.
- Revisar y precisar con claridad la consideración de centros sanitarios no esenciales que permitan establecer en circunstancias parejas medidas de reorganización laboral entre aquellos que su funcionamiento no sea vital para la atención asistencial de estos pacientes, atendiendo a la afectación de cada zona y especialmente a los centros sin internamiento.
- Realización de campañas de concienciación para que los pacientes necesitados de atención sanitaria urgente no dejen de acudir a sus centros médicos.
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