El empeño del Gobierno en mantener bajo siete llaves, como si de un secreto de Estado se tratase, en qué expertos se está apoyando en su gestión de la pandemia es inadmisible. Lo pone de manifiesto, especialmente, la resolución del Consejo de Transparencia que insta al Ministerio de Sanidad a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles (la resolución tienen como fecha el 6 de noviembre y estamos ya a 6 de diciembre), le remita la siguiente información: relación de miembros del comité de expertos que asesora al Gobierno en la desescalada y copia de la declaración de intereses de los miembros; procedimiento de selección realizado así como dictámenes y documentos relevantes tenidos en cuenta para la selección de sus miembros y copia de la resolución, cualquiera que sea el formato documental, que efectúa su nombramiento, y régimen económico de los miembros del comité.
Y que la vicepresidenta, Carmen Calvo, defienda, tal y como hizo el viernes en una entrevista en RNE, que "aquí estamos confundiendo expertos que puedan asesorar en un momento de cualquier materia, con expertos fijos que asesoran al Gobierno (...). Daremos una respuesta en el plazo. Pero tenemos que proteger a los funcionarios", es cuestionable.
La pandemia por el SARS-CoV-2 es de tal magnitud y gravedad, para salud de los ciudadanos y la economía del país, que requiere destinarle los mejores recursos y todos los posibles, comenzando por el asesoramiento técnico de los mejores especialistas, seleccionados y nombrados de manera formal y oficial de acuerdo con la trascendencia de la labor que asumen.
Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, con todos los respetos, no es la persona más adecuada para liderar la gestión de esta crisis. Al igual que otros países, europeos sin ir más lejos, el Gobierno tendría que haber creado un equipo con los mejores expertos en cada una de las disciplinas necesarias y poner al frente a un académico de la Medicina Preventiva y Salud Pública de prestigio incuestionable; y, por supuesto, haber hecho público su sistema de selección y su composición final.
La pandemia de la covid-19, por sus monumentales estragos, no admite opacidades administrativas, tampoco en las comunidades autónomas, que se han abonado igualmente a la falta de transparencia.
No obstante, a favor de gobiernos central y autonómicos y de sus respectivos asesores anónimos, hay que admitir que formar parte de un comité de expertos en esta pandemia y que se sepa públicamente expone a los miembros a la crítica incómoda e, incluso, al posible desprestigio, en un momento de tanta crispación política y social como el actual. Los españoles se encuentran entre los ciudadanos más críticos con la gestión de la pandemia en su país, según una encuesta de la británica YouGov sobre la evolución de la opinión de ciudadanos de 22 países en relación al trabajo de sus dirigentes frente a la actual crisis sanitaria.
También hay que recordar que, a través de una carta publicada en The Lancet, varios científicos nacionales reclamaron en agosto una evaluación independiente de los fallos en la gestión de la pandemia en España; y luego en otra, en septiembre, apuntaron incluso cómo hacerla. Su propuesta debería de llevarse a cabo pero es dudoso que se haga precisamente por lo mismo: el riesgo evidente de uso partidista de sus resultados y de desprestigio de los asesores técnicos.
Malo si no se dan los nombres de los asesores y malo si se dan, pero darlos es un ejercicio obligado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/36OjRvy
No hay comentarios:
Publicar un comentario