“En primaria tienen que verse resultados, y eso implica dedicar recursos”

El ginecólogo Isidro Lago Barreiro (Pontevedra,1958) es el nuevo presidente del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra. Asegura que mantendrá la línea dura seguida en los últimos años por Luis Campos Villarino, quien dejó el cargo para dedicarse a la presidencia de AMA (Agrupación Mutual Aseguradora), la mutua de los profesionales sanitarios. No en vano, fue el vicepresidente primero de la misma junta directiva. La atención primaria es su prioridad: describe el primer nivel como “una bomba de relojería” y responsabiliza a la Administración de los problemas que acucian al sistema, por no escuchar a los interlocutores profesionales; sostiene que nada se resolverá si no hay recursos económicos, y que los resultados no se pueden demorar más. Aboga por la reforma de la Ley de incompatibilidades y por una relación complementaria entre los sectores público y privado.

PREGUNTA. La línea que venía siguiendo Luis Campos es combativa. Su respaldo expreso a los médicos de atención primaria durante la rebelión iniciada en diciembre con la dimisión de la mayoría de los jefes de servicio fue claro. ¿Cambiará en esta nueva etapa?
RESPUESTA. No. La política que va a seguir este colegio es continuista con la etapa anterior, en la que ostenté el cargo de vicepresidente primero de la junta, y conforme al compromiso adquirido al inicio de nuestro mandato.

P. Ha habido reuniones entre los colegios y la Administración a las que no ha asistido Pontevedra. ¿Por qué?
R. En la última reunión de los colegios con la Consejería de Sanidad sí estuvimos, y también para la firma del convenio del Paime. No hemos participado en alguna reunión con la consejería en apoyo a las justas reivindicaciones de los compañeros de atención primaria.

“Primaria es una bomba de relojería: ha habido ya una primera detonación, pero puede ser peor”

P. Precisamente, la situación de primaria es una de las denuncias más insistentes por parte de los colegios. Ha habido movilizaciones y se anuncian más. ¿Cuál es su visión en estos momentos?
R. Yo lo veo como una bomba de relojería: ya ha habido una primera detonación, pero puede haber más explosiones, puede ser peor. La posición del colegio es estar con los profesionales, que están pidiendo medios y tiempo para atender adecuadamente a los pacientes, están diciendo “no” a las agendas saturadas y “no” a la precariedad laboral.

P. ¿No cree entonces en el plan de primaria de la Consejería de Sanidad, en las consecuencias del cambio de gerencia en Vigo o en las medidas anunciadas?
R. Espero que no sean palabras en el aire y que no se dilate en el tiempo. Es verdad que el talante ha cambiado en las gerencias, pero ahora necesitamos que se resuelvan las necesidades y se cumplan los compromisos anunciados por el Servicio Gallego de Salud (Sergas). Hay lentitud, porque los profesionales siguen reclamando; tienen que verse resultados y, para eso, hay que aplicar recursos.

“La consejería debe implementar una política de recursos humanos que evite la sobrecarga asistencial, que es inaceptable en centros de salud, PACs y algunos servicios hospitalarios”

P. ¿Qué otros problemas urgen soluciones?
R. Los problemas son múltiples y son consecuencia de que la Administración sanitaria de Galicia no ha querido escuchar a los interlocutores profesionales; es decir, a los colegios, sociedades científicas y sindicatos. Los recortes sanitarios indiscriminados nos han llevado a la situación actual.

P. ¿Qué es lo prioritario?
R. Que se reordene atención primaria basándonos en una actualización y desarrollo del plan estratégico AP 21, estableciendo un catálogo común de pruebas diagnósticas para avanzar en la relación de primaria y hospitalaria. También urge acabar con la precariedad laboral, una lacra que afecta a todo el sistema y condiciona su eficiencia. Además, la consejería debe implementar una política de recursos humanos que evite la sobrecarga asistencial, que es inaceptable en centros de salud, PACs y algunos servicios hospitalarios. El principal problema del médico en Galicia es que no tiene una carrera profesional bien instaurada. Las contrataciones han de dar estabilidad y, de nuevo, hacen falta recursos económicos suficientes. Con respecto a Pontevedra, es preciso que el nuevo hospital, Gran Montecelo, se ejecute con la mayor celeridad posible y con la cartera de servicios que en su día comprometió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

P. ¿Y cuáles son sus proyectos al frente del Colegio de Médicos de Pontevedra?
R. En el tiempo que nos quede hasta las próximas elecciones se seguirá la línea trazada hasta ahora, pero haremos una apuesta significativa por la protección social de nuestros colegiados, por la formación, premios científicos, becas y otras ayudas; y todo esto gracias a los recursos gestionados por la directiva, que van a permitir dar un impulso importante.

“La normativa actual sobre incompatibilidades crea incertidumbre y no aclara bien muchas circunstancias. Hay que reformar y adecuar la ley a las necesidades actuales”

P. Usted ejerce en la medicina privada y éste es un tema siempre controvertido. ¿Cuál cree que debe ser el papel de la privada dentro del sistema?
R. Yo he trabajado siempre en la medicina privada y creo en la libertad de un paciente para elegir o pedir otra opinión. La privada es muy exigente, porque, si no realizas bien tu trabajo, los pacientes no vienen y es tu final. Exige estar al día y ser muy sensible en el trato con los pacientes. La fórmula de complementariedad con el sector público ha dado buenos resultados.

P. ¿Qué piensa de los problemas que se vienen produciendo con el trabajo que hacen en la privada los médicos del Servicio Gallego de Salud?
R. A día de hoy, está vigente la Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal médico al servicio de las administraciones públicas y el Real Decreto 598/1985, que las regula en el ámbito del personal al servicio de la Administración del Estado, Seguridad Social y de los entes y organismos dependientes. Han pasado ya muchos años desde entonces y es preciso una reforma y adecuación de la ley a las necesidades actuales, para las que se precisa un consenso a nivel estatal. La normativa actual crea incertidumbre y no aclara bien muchas circunstancias.

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