La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha instado por carta al grupo Ribera Salud, la empresa concesionaria del Departamento de Salud de Torrevieja, que denuncie dentro del plazo legal establecido el convenio colectivo vigente, que concluye el 31 de diciembre de 2021, para no asumir los incrementos retributivos previstos para 1.400 trabajadores cuando recupere la gestión directa de Torrevieja el próximo 15 de octubre. Mientras el grupo Ribera -accionista único de Torrevieja Salud UTE- mantiene dudas legales sobre la situación y cómo actuar, la sección sindical de CCOO en el citado departamento considera que esa acción refleja "desconocimiento profundo de la normativa laboral y una falta de respeto".
Según recoge la carta, firmada por la consejera de Sanidad, Ana Barceló, el convenio aplicable al personal tras la reversión, será el III Convenio Colectivo de la empresa Torrevieja Salud UTE, firmado en 2020, "cuyo artículo 2 prevé su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021", un periodo en que ya se conocía que se produciría la reversió. Pero en opinión de Sanidad, el mismo "contiene algunas disposiciones que, una vez producida la sucesión de empresas, resultarían gravemente lesivas para la Administración".
Entre ellas, cabe destacar las previsiones de incrementos retributivos para ejercicios futuros previstas en el artículo 5 del convenio: "Así, el artículo 5.3 prevé que, si no media denuncia en tiempo y forma, el convenio se entenderá prorrogado, por periodos anuales, garantizándose un incremento del 3% del salario base para todas las categorías profesionales, para cada año de prórroga, más un incremento del 2% adicional si se cumplen determinadas condiciones", recuerda Sanidad.
Tres meses de antelación
¿Cuál es el problema? Pues que se según el artículo 5.1 del citado convenio, para proceder a la denuncia del mismo es necesario comunicación escrita dirigida a la otra parte con una antelación previa y mínima de tres meses a la expiración de la vigencia del convenio, o sea, antes de que termine septiembre . Dado que en dicha fecha aún no se habrá producido la sucesión de empresas, apunta Sanidad, "esta Administración no será aún parte en el convenio".
Para Sanidad, la aplicación de ese artículo 5.3 "impondrá obligaciones a la Administración una vez se haya subrogado en la posición de empresario, que se concretarían en un incremento retributivo para todo el personal subrogado". Y teniendo en cuenta el porcentaje de incremento retributivo previsto, que puede alcanzar hasta el 5% del salario base, "se produciría un grave daño a la Administración", que además se vería obligada a incrementar la cuantía presupuestaria dedicada a los gastos de personal por encima de lo permitido por la normativa estatal básica.
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"En definitiva, se trata de un daño grave al interés general, servido con objetividad por la Administración de acuerdo con el artículo 103.1 de la Constitución Española de 1978 (CE), y que también iría en contra del principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135.1 CE", insiste la carta. Por todo lo expuesto, Sanidad requiere a que proceda a la mayor brevedad, y en todo caso dentro del plazo previsto en el convenio, a la denuncia del convenio colectivo vigente, "para evitar los graves perjuicios que se producirán en caso contrario a la Administración y al interés general".
En caso de no cumplir dicho requerimiento, apunta Sanidad en la misiva, "se considerará a esa empresa responsable directa y única de los daños y perjuicios ocasionados, por lo que se adoptarán las medidas oportunas para obtener el adecuado resarcimiento, en salvaguarda de los precitados principios constitucionales en relación con los dispuesto en el artículo 3.1.j) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que señala como principio general de la actuación de las Administraciones Públicas la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos".
Dudas legales del grupo Ribera
Fuentes del grupo Ribera Salud han señalado a DM es que "nuestro posicionamiento actual es que no sabemos cómo actuar ante esta petición", en especial por "las dudas legales de si podemos hacerlo no siendo ya la empresa concesionaria cuando concluya la vigencia del convenio actual".
En este sentido, han apuntado que los asesores legales de Ribera están estudiando la petición de Sanidad para ver las "obligaciones y derechos de todas las partes implicadas".
Cabe recordar que en la reversión del Departamento de Alzira, Sanidad no pidió que se denunciara el convenio y, a día de hoy, según el grupo Ribera Salud, "continúa habiendo disputas con los profesionales por la aplicación del mismo".
Por su parte, CCOO insiste en que Sanidad debe asumir las condiciones laborales que dicta el convenio y si existen dificultades para cumplirlo, "tiene el deber de negociar con los representantes de las personas trabajadoras". Por ello, rechaza totalmente el contenido del escrito, señalando que "nos sorprende y estamos en contra de cualquier posicionamiento o medida de este estilo que provenga de la Administración pública instando a otra empresa a actuar en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras en lugar de cumplir sus obligaciones cuando asuma las responsabilidades de la gestión".
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