Once brotes activos de la Covid-19 y 37 desde que empezó el proceso de desescalada, con la amenaza real de una segunda ola de la pandemia y de que se vuelva a decretar el Estado de Alarma por territorios e, incluso, para todo el país, hacen que el verano de 2020 se presente muy difícil.
Para empezar, las plantillas de sanitarios tienen que cogerse vacaciones, nunca tan merecidas ni tan necesarias para su bienestar físico y mental como este año, tras hacer frente a una crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente y con un saldo entre sus filas de 92 profesionales fallecidos y más de 55.000 infectados.
Pero el Sistema Nacional de Salud no puede bajar la guardia durante estos meses y, a su mayor necesidad de sanitarios para sustituciones, se une que este año los nuevos residentes no se incorporarán hasta septiembre y que, si no hay remedio, puede haber una huelga de médicos y farmacéuticos especialistas en formación en la Comunidad de Madrid que podría extenderse a otras comunidades autónomas y dar pie, así, a la tormenta perfecta.
Los residentes de Medicina y Farmacia (los de Enfermería no, porque tienen características especiales) de Madrid llevan tres años redactando una propuesta de convenio, con el apoyo del sindicato Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), que les permita conseguir mejoras retributivas y el cumplimiento del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
Entre sus demandas están la libranza obligatoria después de una guardia de 24 horas, que, según una encuesta de 2017, incumplen más del 30% de los residentes madrileños (que llegan a sumar 33 o 35 horas de trabajo continuo); y que se les supervise en su labor asistencial, algo que no se cumple especialmente en Urgencias (más del 30% dicen que trabajan sin el control de un adjunto).
Entre sus exigencias, destaca especialmente la actualización de sus salarios que, además de bajos (mileuristas en los dos primeros años de residencia), algo que palian haciendo más de las 7 guardias estipuladas al mes, presentan diferencias (a causa del dispar precio de la hora de guardia por autonomías).
La huelga indefinida a partir del 13 de julio, que están dispuestos a convocar los más de 5.400 residentes de Madrid si no hay un acuerdo previo con la Consejería de Sanidad, paralizaría el sistema en el peor momento posible en esta comunidad autónoma, la más golpeada por la pandemia, pero podría tener réplicas en otras.
Mientras tanto, el trabajo de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados sigue su curso, aunque no se sepa qué efectos tendrán sus conclusiones a las puertas de una recesión económica.
El gasto sanitario público en España en 2018 (último ejercicio analizado por el Ministerio de Sanidad) supuso 71.145 millones de euros, lo que representa el 5,9% del PIB. La media anual de crecimiento del gasto en el quinquenio 2014-2018 fue de un 3,5% mientras que, en ese mismo periodo, el PIB creció, en términos medios anuales, un 3,9%.
En 2018, un 44% del gasto se destinó a cubrir las remuneraciones de los trabajadores del sector. “Con respecto a 2009, año en que finalizó la tendencia alcista que venía experimentando históricamente el gasto sanitario público, el gasto en remuneración de personal se incrementó un 0,3 por ciento”, calcula el propio ministerio.
Esos porcentajes confirman que el personal, del que en este sector depende prácticamente todo, no ha sido hasta ahora una prioridad para las administraciones que deciden en su mayor parte el gasto en sanidad (las comunidades autónomas).
La tormenta perfecta de este verano, si se produce, pondrá de relieve esta realidad de manera especialmente cruda.
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