Se alza el telón de la huelga indefinida de residentes de la Comunidad Valenciana, la segunda que se convoca en el Sistema Nacional de Salud (SNS), tras la de Madrid. Los cerca de 2.700 especialistas que se forman en las tres provincias de la Comunidad Valenciana reclaman mejoras en sus condiciones laborales, formativas y salariales, convocados por el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV), en coordinación con la Asociación MIR España (AME).
La jornada de ayer -previa al inicio de la huelga- estuvo marcada por un cruce de acusaciones respecto a "defectos de forma" en la convocatoria que casi hicieron que la huelga se retrasara al 3 de agosto, pero finalmente, a lo largo de la mañana de hoy, se han ido celebrando las manifestaciones y las concentraciones previstas ante los centros sanitarios.
Según ha señalado a DM, Andrés Cánovas, secretario general de CESM-CV, "el comité de huelga ha cifrado el seguimiento de esta primera jornada en cerca de un 80%, aunque en ámbitos como Urgencias o las consultas externas ha alcanzado el 100%"; en suma, un éxito sin paliativos". En contraste, desde la Consejería de Sanidad se ha transmitido que no hay "previsión de ofrecer datos" sobre el seguimiento de la huelga.
Mientras la consejería no da datos de seguimiento, CESM-CV lo cifra en un 80%
Las divergencias entre convocantes y Administración -al margen de la habitual batalla de cifras-, empiezan con el alcance y necesidad de las reivindicaciones y con la propia convocatoria. Como ya informó DM, los MIR preavisaron a la consejería el pasado 6 de julio de que convocarían esta huelga en plena campaña estival, si no se atendían las reivindicaciones que recogieron en un documento: descanso obligatorio de 36 horas tras la realización de guardias de sábado y la libranza de un día adicional tras las guardias de domingo y demás festivos contemplados; jornada laboral ordinaria máxima de 37,5 horas semanales y cotización de las horas por guardia médica.
Además, los residentes exigen la equiparación salarial entre comunidades y el aumento del precio de la hora de guardia, y la Asociación MIR reclama, además, el pago del 100% de la baja médica desde el primer día y que se considere baja laboral por enfermedad profesional la derivada de un contagio de enfermedades transmisibles. Para favorecer su formación, exigen también el derecho a 4 meses de rotación externa por cada año de formación y una ratio máxima de 4 residentes por adjunto (incluido sólo un residente de primer año).
El equipo de Barceló asegura que el 95% de sus peticiones ya se aplican en la comunidad
La consejería alegaba ayer mismo que ha sido el propio departamento de Ana Barceló el que "ha instado al Ministerio de Sanidad a la constitución de un grupo de trabajo para revisar la norma estatal" que regula la relación laboral especial de los residentes (el ya famoso Real Decreto 1146/2006), y que "en el limitado margen de actuación" que permite esa norma, la consejería valenciana "ha promovido mejoras". De hecho, en jornadas previas, el equipo de Barceló ha argumentado que "el 95%" de las demandas del colectivo ya están en activo en la comunidad.
Entre esas mejoras presuntamente incorporadas a la normativa autonómica, la consejería cita "todo lo relativo a las cotizaciones del salario, prestaciones a la Seguridad Social, protocolos de prevención de riesgos laborales y guardias". Además, "los residentes de la Comunidad Valenciana -añade la consejería- reciben un salario fijo mensual por todos los conceptos, que está entre los más altos de todos los servicios de salud, y una retribución por guardias que se encuentra en la franja media-alta; sus condiciones de trabajo, en cuanto a jornada y garantía del descanso, se encuentran también entre las mejores, porque son parejas a las del personal estatutario equivalente".
No obstante, "con el objetivo de seguir mejorando las condiciones del personal en formación", la consejería asegura que el pasado 9 de julio -tres días después del preaviso de huelga de los residentes- cursó un nuevo ofrecimiento de negociación, "dentro de los márgenes que las circunstancias imponen, y sin obtener ninguna respuesta".
Defecto de forma
Además de las diferencias sobre la necesidad de la huelga indefinida de los MIR valencianos, la jornada de ayer estuvo marcada por una polémica en relación a la propia convocatoria que casi hizo que se retrasara su inicio hasta el 3 de agosto -de hecho, en un primer momento se acordó así, pero posteriormente se volvió a la fecha inicial-. Desde Sanidad se hizo referencia a un comunicado emitido por CESM-CV -en el que se aseguraba que la consejería ponía “obstáculos e impedimentos” a la huelga convocada por el personal facultativo residente-, informando que “en ningún caso se ha impedido el derecho a la huelga, sino que solo se ha advertido a los Departamentos de Salud de la existencia de defectos de forma en la convocatoria”. Para Sanidad, dicha convocatoria no se había efectuado “conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo de 1977”, donde se establece que “la comunicación debería haberse hecho por escrito ante la Autoridad Laboral en la Comunitat, que en este caso es la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral (dependiente de la Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo), organismo que ha remitido dicha respuesta a los representantes de CESM-CV”. Además, apuntaba Sanidad, “ese mismo artículo establece que cuando la huelga afecta a empresas encargadas de cualquier clase de servicios públicos, el preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de ser, al menos, de diez días naturales”. Según el departamento que dirige Barceló, “en el mismo comunicado de CESM-CV se adjunta copia de registro de entrada dirigido a la Consejería de Sanidad con fecha 16 de julio. Por consiguiente, queda patente que la convocatoria no se ha formalizado dentro de los márgenes establecidos en la ley”.
Sin embargo, desde el Sindicato Médico se respondió señalando que “según el artículo 4 del Real Decreto-Ley 17/1977: Cuando la huelga afecte a empresas encargadas de cualquier clase de servicios públicos, el preaviso de comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de ser, al menos, de diez días naturales. Los representantes de los trabajadores deberán dar a la huelga, antes de su iniciación, la publicidad necesaria para que sea conocida por los usuarios del servicio”. Por lo tanto, apuntaron, en el caso del personal médico-residente, “su autoridad laboral y empresa es la Generalitat Valenciana, con personalidad jurídica única, y es a esta a quien se ha de remitir el preaviso de la convocatoria de huelga”. CESM-CV hizo hincapié en que esto se había cumplido “de forma correcta y en el plazo requerido”, adjuntando una foto del justificante de registro de entrada del 10 de julio de 2020. A raíz de este movimiento de Sanidad, según ha confirmado Cánovas a CESM-CV, se ha presentado un denuncia en el juzgado de Instrucción de guardia de Valencia contra la directora general de Recursos Humanos, Carmen López, “por los delitos del artículo 315 del Código Penal, al haber dictado instrucciones a las Gerencias y estas a su vez a las Jefaturas de Servicio para que impidan el libre ejercicio del derecho de huelga”, además de denuncia se estaba “atemorizando a los residentes con consecuencias personales en el caso de sumarse a la misma”. Asimismo se ha instado al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a que “asuma el control de la situación de este problema ante la incapacidad de la consejera de Sanidad” para abordar el conflicto. Por último, desde CESM-CV también se pide a los MIR que “tomen nota de los sindicatos, que haciendo seguidismo de la Consejería se han dedicado, por escrito o expandiendo el bulo, de una supuesta ilegalidad, (dicen defecto formal, ya que no se atreven a mencionar la ilegalidad pues bien saben que es inexistente) a boicotear una huelga reclamada por este colectivo y perfectamente justificada por las nefastas condiciones laborales que padecen”.
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