“La capacidad de diálogo del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña es prácticamente nula; no buscan la complicidad ni hacen participes a los profesionales. Ni siquiera tuvieron en cuenta su opinión para el reparto de la partida para premiarles por el esfuerzo durante la primera ola de la pandemia”, se lamenta, en declaraciones a Diario Médico, Josep Maria Puig, secretario general del sindicato Médicos de Cataluña (Metges de Catalunya), que representa al 95% de los facultativos en las mesas del Instituto Catalán de la Salud y de los centros de la red concertada autonómica (Siscat), donde son el 25% del total de las plantillas. “Las llamadas telefónicas y los mensajes de correo electrónico, siempre sin contestar; no sé la motivación”, relata.
Cree que muchos expertos que podrían haber hecho una buena labor en la gestión de la pandemia “están callados porque no se ha contado con ellos, todo se ha conducido desde la consejería sin contar con nadie”. Y añade: “Se están haciendo las cosas mal, no escuchan. He hablado con gerentes que no entienden qué se está haciendo (desde la consejería)”.
Puig está convencido de que al frente del Gobierno catalán hay “gente demasiado distraída en sus guerras personales y políticas como para preocuparse del problema de la pandemia y de sus efectos sobre la salud y la economía. Falta estabilidad política y tranquilidad. Ahora mismo me dan envidia el País Vasco y Galicia. En Cataluña necesitamos a gente preparada y no distraída (en el Gobierno)”.
Dice, además, que está muy acuerdo con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, cuando alerta públicamente de la posibilidad de una “rebelión de batas blancas”.
Sobre la gestión de la pandemia, en especial desde el fin del Estado de Alarma, relata que “en Cataluña se ha llegado tarde, después de meses de aprender a cómo se controla una pandemia, en Lérida y se habrá llegado tarde en Hospitalet y Barcelona”.
Recuerda, ante la situación por el repunte de casos y brotes en la comunidad autónoma, que en los centros sanitarios ya hay personal de vacaciones y el 90% de las plantillas tienen que hacerlas entre julio y septiembre porque el otoño se plantea más complicado si cabe.
“La gente se ha dejado la piel, se ha infectado, ha muerto… el estrés ha sido muy importante y no ha habido un periodo de tranquilidad para discernir y descansar. De la primera ola de la pandemia se pasó a intentar asumir toda la actividad pendiente por otras patologías porque el Gobierno catalán estaba más preocupado por su imagen, y los efectos que sobre ella tendrían las listas de espera disparadas, que por los profesionales. Eso ha provocado mucho malestar”, asegura.
Sobre la atención primaria manifiesta que “se han perdido mil profesionales en los últimos 10 años; de los que, tras la huelga de 2018, solo se han recuperado cien. Tras la fase aguda de la pandemia, algunos centros de primaria que se cerraron (para desplazar a sus profesionales a hoteles, pabellones y hospitales de campaña donde se acogieron a enfermos de Covid-19 por el colapso en los hospitales) se han vuelto a abrir y otros no lo han podido hacer precisamente por la falta de personal; es muy heterogéneo”.
El problema del rastreo
Como ha dicho en este diario el presidente de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, Antoni Sisó, y como de manera tácita reconoció ayer en rueda de prensa el Departamento de Salud de la Generalitat al anunciar un cambio de estrategia, Puig también cree que hasta ahora el problema para el control de los brotes de Cataluña ha estado en el “rastreo; es el cuello de botella”. Explica que el médico detecta casos y busca contactos y los pasa a rastreadores para control de cuarentena, pero en algún punto el sistema queda estrangulado, y los rastreadores no tienen trabajo. El rastreo es fundamental, pero no se está haciendo”.
Critica la concesión a Ferrovial de un servicio externo de rastreadores, por 18 millones de euros, en vez de poner ese servicio en manos de la atención primaria y formar equipos coordinados desde el principio.
El control de la pandemia depende mucho del rastreo de contactos de casos positivos y sospechosos, y, añade Puig; “también de los reflejos”, que, a su juicio, “faltaron en Lérida, al no prever el riesgo en el colectivo de temporeros y, junto con administraciones locales (ayuntamientos, consejos comarcales, diputación), y destinar lugares para que el colectivo (unas 33.000 personas) pudiese vivir en condiciones higiénicas adecuadas y crear un cuerpo de mediadores para informarles de todo. “El ejemplo de Almería se tendría que haber trasladado a Lérida”, indica. “La consejería todo esto tendría que haberlo previsto ya en marzo”, apunta.
Diez años castigando a la sanidad catalana
Puig lamenta, asimismo, que durante los últimos diez años se haya estado castigando a la sanidad pública en Cataluña, y que se haya permitido en 2019 que la mitad de los MIR de Medicina Familiar formados en la comunidad autónoma se fuesen a otros lugares; entre ellos, Francia, que ofrece mejores condiciones económicas y laborales, Aragón y la Comunidad Valenciana.
Sobre la posibilidad de que una huelga como la de los MIR de la Comunidad de Madrid se fragüe también en Cataluña, afirma que la petición del colectivo madrileño es razonable –descanso tras las guardias y supervisión de su trabajo- y que los MIR catalanes tienen los mismos problema, son igualmente “mano de obra barata”. Pero, en su opinión, en Cataluña los residentes son “más conscientes de que no es el mejor momento para un paro de ese tipo y, además, muchos de ellos están de vacaciones o a punto de cogerlas. Quizá en septiembre u octubre se sumen a un paro de ese tipo”.
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