La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de de Satse sobre ratios máximas de pacientes por enfermera ha pasado el primer trámite en el Congreso de los Diputados. La toma en consideración ha conseguido con 312 votos a favor, 10 en contra y 24 abstenciones. La ILP logró el apoyo de cerca de 700.000 ciudadanos.
El sindicato Satse ha destacado que España se podría convertir en "el primer país europeo y uno de los primeros del mundo en garantizar la seguridad en la atención sanitaria a los pacientes y al conjunto de la ciudadanía a través de una asignación máxima de pacientes por cada enfermera o enfermero en los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios".
Al respecto, la organización sindical recuerda que España tiene una ratio de cinco enfermeras por 1.000 habitantes, mientras que la media en la UE es de casi nueve, lo que le sitúa en los últimos puestos en todos los análisis y estudios, habiendo, además, países que superan las 15 y 17 enfermeras/os por 1.000 habitantes.
Según la ILP, las ratios enfermeras "deben estar vinculadas a factores asociados a las características de los pacientes tales como el proceso de enfermedad y la complejidad de los cuidados, en los que influyen factores como la edad, el estado funcional, cognitivo, emocional y mental, la situación social, el apoyo social y entorno familiar, características de la unidad, necesidad de utilización de equipos especializados y tecnología e intensidad de las intervenciones enfermeras, entre otros, lo que debe condicionar el número de pacientes que debe atender una enfermera según las evidencias disponibles".
Sería el Gobierno quien mediante real decreto revisaría los ratios establecidos por ley, que se decidiría a través de una Comisión Interterritorial de ratios de Enfermeras.
La ILP propone que, con carácter general, en unidades de hospitalización se asignará un máximo de 6 pacientes por cada enfermera, aunque se flexibilizaría a 8 en función de las condiciones de los pacientes, de las características de la unidad y de la franja horaria de trabajo.
En unidades de cuidados intensivos y otras áreas de cuidados críticos, la asignación de pacientes por cada enfermera será de un máximo de 2 y en unidades de reanimación postquirúrgicas, la asignación de pacientes por enfermera será de un máximo de 3, igual que en las áreas quirúrgicas.
En atención primaria de salud, la asignación de población por cada enfermera no deberá superar los 1.500 habitantes, pudiéndose reducir esta cantidad en función de la tasa e indicadores de complejidad, tales como la edad, la cronicidad, la pluripatología u otras.
Según Satse, "la realidad actual es que en muchos de nuestros hospitales hay entre 15 y 20 pacientes por cada enfermera, y en los centros de salud, la asignación de pacientes por enfermera/o es de entre 1.600 y 2.000 personas".
“El paso dado en el Pleno del Congreso demuestra que profesionales sanitarios, representantes políticos y ciudadanía buscan el mismo objetivo de mejorar y reforzar nuestro sistema sanitario, garantizando por ley que cualquier persona, independientemente de la comunidad autónoma en la que resida o de si acude a un centro público o privado, recibirá unos cuidados y una atención sanitaria mejor y más segura. Los pacientes y ciudadanos en general serán los más beneficiados al ser los que más necesitan estas garantías”, apunta Satse.
En cuanto a los votos en contra, Concep Cañadell, diputada por Junts Per Catalunya integrada en el Grupo Plural, ha señalado que si bien hay acuerdo en incrementar las ratios de enfermeras, "el problema no es definir una ratio de profesionales, sino disponer de más recursos económicos y financieros para que las autonomías puedan contratar médicos, enfermeras, construir un nuevo hospital o centros de primaria...eso lo deben abordar las comunidades autónomas".
Por otro lado, Josune Gorospe, diputada por el PNV, ha tachado la ILP de inconstitucional, al meterse en las competencias autonómicas tanto sanitarias, superando el concepto legislación de base que sí sería nacional, como sociosanitarias, "donde el Estado no tiene competencias". Ha destacado que la gestión de recursos humanos debe corresponderse a "criterios científicos y materiales desde la proximidad para responder a las demandas existentes", apuntando que las condiciones no son las mismas en función de las condiciones sociodemográficas.
Las ILP y su tramitación
Tomada en consideración, la Mesa del Congreso abrirá ahora el plazo para presentar enmiendas y remitirá la Proposición de Ley a la Comisión de Sanidad. En caso de que se presenten enmiendas a la totalidad con texto alternativo, estas serán debatidas en el Pleno del Congreso.
De aprobarse alguna, el nuevo texto será publicado en el boletín del Congreso y se abrirá un nuevo plazo para presentar enmiendas, en este caso ya solo al articulado, para posteriormente seguir su tramitación en Ponencia y Comisión. Si, en cambio, se rechazan, el texto continuará directamente su tramitación en Ponencia y Comisión, donde se debatirán las enmiendas al articulado.
Al no tratarse de materia reservada, la Comisión podrá contar con competencia legislativa plena, regulada en los artículos 148 y 149 del Reglamento del Congreso, con lo que, en su caso, podrá aprobar la Proposición de Ley sin necesidad de volver al Pleno y la remitirá directamente al Senado.
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