Si la crisis sanitaria provocada por la covid-19 ha llevado al Sistema Nacional de Salud (SNS) a límites insospechados de tensión, la atención primaria -y, concretamente, el entorno rural del primer nivel- ha sufrido doblemente esa tensión, por el lastre de sus carencias previas. Ése es el argumento que expone un documento de análisis hecho público hoy por las vocalías de Atención Primaria Rural de los 52 colegios de médicos, encabezadas por el representante nacional de esta sección en la Organización Médica Colegial (OMC), Hermenegildo Marcos Carreras.
A modo de desesperado grito de auxilio ante el Ministerio de Sanidad y las consejerías de Sanidad de las 17 autonomías, el documento hace un recorrido por las reivindicaciones históricas de los facultativos rurales y enfatiza cómo la crisis sanitaria derivada de la pandemia ha llevado al borde del abismo al primer nivel en el entorno rural.
En esencia, el informe -firmado por el autodenominado Grupo de Comunicación y Difusión de Atención Primaria Rural de la OMC- reclama que la primaria rural "sea definitivamente considerada en toda su capacidad (asistencial, docente e investigadora) en igualdad de condiciones que la primaria urbana". Si los profesionales del primer nivel asistencial llevan años reivindicando en vano una mejora de su presupuesto, dotaciones e infraestructura, sus colegas del entorno rural reivindican -como primera y urgente medida- una equiparación de sus condiciones con las que tienen quienes ejercen en grandes y medianos núcleos de población.
AP rural exige una equiparación de medios y capacidades con el entorno urbano
Al "desconcierto asistencial" generado por la pandemia en el sistema sanitario español, hay que sumarle, según los profesionales rurales, los problemas de "aislamientento, mala accesibilidad a todo, menos medios y más usuarios que nunca" que padece la primaria que se ejerce en núcleos de población pequeños y, en ocasiones, especialmente aislados.
La sensación de que llueve sobre mojado la corrobora el informe colegial con un detallado catálogo de las históricas reivindicaciones de estos profesionales, todas ellas estructurales y, por tanto, muy anteriores al contexto generado por la pandemia.
Entre esos déficits estructurales, el documento cita expresamente la masificación de las consultas, "con cupos desbordados, muy dispersos, en el caso de los más rurales, y con "multitud de plazas de difícil cobertura"; la "excesiva burocratización" y la escasez de recursos materiales, como los telemáticos o asistenciales; la "sobrecarga" de la atención continuada de 24 horas, "que se prolonga con la jornada ordinaria sin solución de continuidad"; la "escasa o nula" accesibilidad a la docencia e investigación o el "ninguneo" de muchas unidades docentes a la hora de consolidar la primaria rural en su agenda y en sus rotaciones formativas, entre otras carencias.
Con estos antecedentes, la primera ola de la pandemia generada por la covid subvirtió las prioridades del SNS y postergó -hasta casi sepultar- las reinvindicaciones de los facultativos rurales, asegura el informe colegial, que urge "un debate serio y específico con las autoridades para solucionar los graves problemas que atenazan a la Medicina rural, y que están provocando la deserción y el abandono de los pueblos como lugar de trabajo", sentencia el documento.
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Como lo cortés no quita lo valiente, el informe colegial se detiene -aunque sea someramente- en resaltar algún aspecto positivo de la pandemia para el entorno rural, y ahí cita una "mejora" de las telecomunicaciones y una gestión telemática "más eficaz" de los partes de IT, además de potenciarse la renovación automática de la receta electrónica; un impulso a la creación de un "fondo de provisiones" de equipos de protección individual (EPI), y una relativa mejora de las condiciones contractuales de los facultativos del entorno rural, especialmente en algunas autonomías que han impulsado contratos anuales o bianuales.
Tres años en blanco
En cualquier caso, fogonazos aislados de unas medidas estructurales que, no por conocidas -o, precisamente, por ser de sobra conocidas- "son inaplazables para la supervivencia de la medicina rural": medios, dotación e infraestructura; mejoras generalizadas de las condiciones contractuales, desburocratización de las consultas, acceso completo al catálogo de pruebas complementarias, autonomía de gestión y mejora de la comunicación con el entorno hospitalario.
"Sin un sistema de salud pública centralizado, no se pueden afrontar futuras pandemias"
Y todo ello enmarcado en la configuración de un "fuerte sistema" de salud pública centralizado, "que coordine, dirija, defina conceptos, tasas, estadísticas... y recoja datos de los servicios autonómicos de forma homogénea, comparable y ágil. Sin un buen sistema de salud pública nacional, la lucha contra futuras pandemias será muy complicada e ineficiente".
Ninguna de esas recetas es nueva... para los profesionales, pero tampoco para los políticos. De hecho, los vocales colegiales instan al departamento de Salvador Illa a poner en marcha las recomendaciones contenidas en el Marco estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS en abril de 2019. Ese marco estratégico, consensuado entre el ministerio y las 17 comunidades, concluía su análisis de la situación de primaria con una frase suficientemente explícita: "Los problemas están identificados y analizados; ahora hay que pasar a la acción". Casi tres años después no se ha movido un dedo.
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