Es innegable la expectación positiva generada en el sector salud por la transformación digital. La prestación de servicios de atención médica online inmediata, la monitorización y seguimiento de pacientes a través de pequeños dispositivos e implantes, la mejora de las capacidades de los pacientes a través de prótesis inteligentes, la fabricación de tecnología de precisión dedicada al diagnóstico y tratamiento de enfermedades, la aplicación de modelos matemáticos y algoritmos cognitivos en la investigación, o la optimización en la elaboración de medicamentos y la automatización de edificios e instalaciones son sólo algunos ejemplos de cómo la nueva era digital puede ayudar a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas en materia de prevención, curación y predicción.
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Aun así, esa expectación debe ir acompañada de una cierta alerta frente al riesgo que supone aprovechar la combinación de nuevas tecnologías con la hiperconectividad y el procesamiento de información en tiempo real.
La pérdida de privacidad es uno de ellos, y ya está siendo abordado por varios países con el desarrollo de un marco regulador en materia de privacidad (Directiva NIS, en Europa), fijando obligaciones y sanciones para los encargados de su tratamiento, y velando por la protección del ciudadano.
Pero, lamentablemente, no es el riesgo principal. La llegada de tecnologías que interactúan con el medio físico y se pueden monitorizar y controlar remotamente (parches inteligentes de insulina, marcapasos programables a través de redes inalámbricas, prótesis…) suponen un riesgo mucho más preocupante. Ejemplos recientes, como el hackeo de marcapasos y bombas de insulina así lo demuestran. La complejidad del nuevo contexto tecnológico hace que el número de actores involucrados sea tan extenso que algunos de ellos ni siquiera son conscientes de su influencia e interacción con estos procesos y, consecuentemente, no incorporan los suficientes controles de seguridad. No se trata sólo de que se estén adoptando tecnologías que no han contemplado la seguridad durante su diseño -o que no hayan sido probadas suficientemente-, es que algunas no incluyen mecanismos que permitan su actualización y/o corrección en remoto cuando se detectan vulnerabilidades o errores.
Responsabilidad compartida
A las carencias existentes en las tecnologías del internet de las cosas, hay que añadir que algunos de los nuevos servicios de teleasistencia o de monitorización remota contemplan incluso el uso del móvil particular del paciente, sin calibrar que no sean dispositivos de precisión especializados ni fiables.
Andreu Bravo
A todo ello, hay que sumar las carencias en los edificios desde los que se prestan estos servicios (fábricas de tecnología médica, farmacéuticas que producen medicamentos, centros asistenciales, o cualquier instalación relacionada con servicios de medicina y salud en general). Buena parte de estas instalaciones han incorporado tecnologías inteligentes conectadas a internet para optimizar sus recursos (calefacción, iluminación, control de accesos, ascensores, videovigilancia, mantenimiento preventivo…), y esas tecnologías pueden tener a su vez vulnerabilidades que pueden ser explotadas en remoto; vulnerabilidades que, además de afectar al funcionamiento del edificio, pueden facilitar el acceso a personas no autorizadas que incluso alteren los procesos que allí se desempeñan, llegando a impactar en la salud de los consumidores finales.
“Urge regular las obligaciones de forma efectiva y concienciar a todos sobre los riesgos de la revolución digital en salud”
La misma hiperconectividad que facilita la comunicación en tiempo real para mejorar los servicios es, a su vez, la causante de que se produzca un efecto en cadena entre los procesos de transformación digital de distintos sectores e infraestructuras. ¿La consecuencia? Las carencias y debilidades detectados en un sector se propagan al resto. Esta situación de interdependencia deja ya entrever que, al hablar de responsables, todos estamos incluidos. Es necesario revisar las responsabilidades y obligaciones de los distintos actores con la confección de un mapa de relaciones intersectoriales que ayude a regular las obligaciones de forma efectiva y a concienciar a las partes sobre los riesgos que supone la transformación digital para la salud y la vida de las personas.
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