Aterrizar en el congreso de un sindicato nacional y decir que vas a reducir la temporalidad laboral en el sector público hasta un máximo del 8% en 3 años es todo un órdago. Pero si el órdago lo lanza Miquel Iceta, a la sazón ministro de Política Territorial y Función Pública, adquiere tintes de firme compromiso político. Firme y mayúsculo, porque el propio Iceta ha reconocido en el mismo escenario que el porcentaje de temporalidad laboral en el sector público español oscila entre ese deseado 8% -según él, la media actual de la Administración General del Estado (AGE)- y el 30 ó 40% que presentan algunas administraciones autonómicas, "concentrado fundamentalmente en sectores tan sensibles como la Sanidad y la Educación", ha puntualizado el ministro.
Tras su comparecencia de la semana pasada en el Senado, Iceta ha continuado hoy su particular tour para presentar su proyecto anti-temporalidad con su intervención en la clausura del I Congreso de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT). Ante la nueva Comisión Ejecutiva Federal del sindicato -elegida a última hora de ayer-, Iceta se ha marcado el 2024 como horizonte temporal para llegar a ese "máximo del 8%", y otro plazo mucho más cercano: "Antes del verano esperamos haber llegado a un acuerdo con todos los sindicatos presentes en las mesas de negociación sobre las medidas tendentes a reducir la temporalidad".
Desde la platea del escenario y encabezados por Julio Lacuerda
Artículo 10. Funcionarios interinos.
La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
Gracia Álvarez, secretaria del Sector de Salud, Socio-Sanitario y Dependencia de FeSP-UGT,
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