El ‘limbo’ de los dependientes se reduce, pero aún afecta al 20%

El Ministerio de Sanidad ha publicado los datos de atención a dependientes a cierre de 2018. Y las cifras muestran cómo la lista de espera para recibir ayudas de dependencia, el llamado limbo de los dependientes, se ha reducido considerablemente respecto a 2017. Si 2017 cerró el año con 348.309 dependientes que tenían reconocido su derecho a ayuda de algún tipo pero que no la estaban realmente recibiendo, 2018 ha cerrado el año con 100.000 personas menos en esta situación de espera. Concretamente, las cifras del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) reflejan que a cierre de 2018 había 1.304.312 dependientes con derecho reconocido pero 249.983, un tercio menos que en 2017, estaban todavía a la espera de recibir ayudas reales.

El porcentaje de dependientes que sufre demoras no ha dejado de bajar desde 2016, cuando alcanzó su récord, con un 31%. Así, en 2017, la lista de espera afectó al 24,5% de quienes tenían el derecho reconocido y 2018 ha cerrado el año con un 19,2%.

Todas las autonomías han mejorado sus cifras, pero las desigualdades siguen siendo evidentes. Mientras uno de cada tres dependientes reconocidos en Cataluña está todavía en lista de espera para recibir realmente ayudas (32,6% en concreto), esta situación sólo la sufren el 1,6% de los dependientes castellano-leoneses pese a que, precisamente esta autonomía es una de las más envejecidas, lo que muestra claras diferencias en la apuesta por la gestión de la dependencia entre comunidades autónomas.

Junto a Cataluña se sitúan con alto porcentaje de dependientes en el limbo comunidades como Canarias (29,3%), La Rioja (27,5%) y Andalucía (26,1%). Se da la circunstancia de que algunas de estas autonomías, como Canarias, además de tener un alto porcentaje de sus dependientes reconocidos en lista de espera tienen también a buena parte de ellos todavía pendientes de evaluar para saber si precisan o no ayuda. Esta situación afectaba de hecho al 26% de los canarios que habían presentado solicitud de ayuda por dependencia, al 15% de los aragoneses y extremeños, al 13% de asturianos y al 12% de valencianos, lo que sugiere que la lista de espera sería en la práctica mucho mayor. Es decir, la lista de espera real en algunas autonomías podría rozar a la mitad de los solicitantes de ayuda.

Solicitudes estancadas

En conjunto hay que tener en cuenta que además de las 250.000 personas con derechos reconocidos de ayuda por dependencia hay otras 128.000 pendientes de valoración. En algunas autonomías este limbo extra es especialmente importante. En el caso canario, por ejemplo, un 26 por ciento aún espera la valoración y a ese 26% hay que añadir los que ya han sido reconocidos con derecho, casi otro 30%, que todavía están a la espera de recibir ayudas.

Y si algunas autonomías están siendo claramente más ágiles que otras en la gestión de las solicitudes de ayuda, las desigualdades en cómo resuelven esas solicitudes son también evidentes. Con los datos a cierre de 2018 se puede observar que el rasero para la concesión de ayudas parece ser todavía diferente en la práctica entre comunidades, en tanto en autonomías como Extremadura se deniega un 28% de las solicitudes, una situación que afecta sin embargo, en otras comunidades como Murcia a menos del 10% de solicitantes.

Hay un 7% de solicitudes pendientes de ser evaluadas, un porcentaje que se eleva hasta el 26% del total de solicitudes en autonomías como Canarias

Para el conjunto de España habría un 7% de personas pendientes de ser evaluadas, un 13% de solicitantes a los que se les ha denegado ayudas, un 26% calificados con grado de dependencia I, un 23% con grado de dependencia II y un 23% con el grado más alto de dependencia, gradoIII.
Respecto al perfil de los beneficiarios, el 54% de los reconocidos son mayores de 80 años, a los que hay que sumar otro 18% que se encuentra entre los 65 y 79 años.

El 7% de solicitudes están pendientes de resolución, un porcentaje que llega a ser de hasta el 26% en autonomías como canarias

Respecto a las ayudas concedidas, el grueso, 30,8%, fueron ayudas económicas para cuidadores en el entorno familiar. Este tipo de ayuda se intentó reducir en años previos en favor de un sistema de cuidados a la dependencia profesionalizado y más apoyado en una red de servicios y estructuras propias. De nuevo, entre autonomías se observa una gran disparidad en el peso de las ayudas a cuidadores familiares sobre el total de ayudas concedidas, mostrando una vez más diferencias importantes en la concepción del modelo a seguir en ayuda a la dependencia. Así, mientras las ayudas a cuidadores familiares apenas representan el 15% de las ayudas concedidas en La Rioja o el 19% de las de Castilla y León, en autonomías como Navarra esta cifra sube hasta el 55%, en Valencia hasta el 54% y en Murcia y Baleares por encima del 51%.

Entre las prestaciones concedidas no destinadas a cuidadores familiares, destacan las de teleasistencia (un 17% del total), las destinadas a atención residencial (12%) y las de centros de día o de noche (7%).

Presupuestos

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, de futuro todavía incierto, prevé una inyección importante de los fondos estatales para la dependencia, que sumarían 831 millones (un 59% más) hasta los 2.231 millones de euros. De estos, 100 millones irían a parar al llamado nivel acordado, un fondo para la creación de estructuras estables de dependencia en las autonomías, que fue eliminado durante la crisis.

Otros 415 millones extra se sumarían al llamado nivel mínimo, una partida en cualquier caso ampliable que va en función del número de dependientes atendidos realmente y con la que Sanidad aspira a eliminar el 75% de la lista de espera de los dependientes más graves.

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