La ciencia se ha salvado in extremis, con la convalidación por unanimidad en el Congreso de los Diputados este jueves por la mañana del decreto de medidas urgentes, para reflotar el sistema de I+D+I. Sin embargo, la Dependencia no parece que vaya a correr la misma suerte. Así lo teme la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales (ADyGSS) que ha instado este jueves al Gobierno a aprobar por decreto la inyección económica que no ha podido tener la Dependencia por el rechazo al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. S los gerentes sociales, la partida de 415 millones de euros extra contemplada en el proyecto presupuestario habría permitido atender a casi 70.000 personas más, una cuestión nada desdeñable si se tiene en cuenta que la actual lista de espera ronda las 250.000 personas.
Concretamente, los gerentes sociales reconocen que en 2018 se ha atendido a 39.000 personas más que el año anterior, hasta 1.054.000 dependientes atendidos, si bien son 1.304.000 los que tenían derecho a haber sido atendidos, lo que deja en el limbo de la dependencia a unas 250.000 personas, casi el 20% del total.
Este problema se agrava si se tiene en cuenta que cuatro de cada diez desatendidos son dependientes de grado II o II, los más graves, en tanto las autonomías han priorizado la atención a pacientes más leves (y por tanto de menor coste), para aligerar las cifras de la lista de espera. Prueba de ello, según denuncian los gerentes sociales, es la caída del 20,8% en el coste medio por dependiente. El pasado año, de hecho, 30.000 dependientes reconocidos fallecieron el pasado año sin recibir ayudas. A estas cifras habría que sumar los que están pendientes de valoración.
Los gerentes sociales han advertido de que, con los datos a cierre de 2018, el 19,2% de los dependientes con derecho reconocido siguen en lista de espera sin recibir ayudas y han estimado que, al ritmo actual se tardaría tres años en absorber la lista de espera, un problema que es especialmente acuciante en algunas autonomías como Andalucía, Cantabria, Cataluña o La Rioja, donde, al ritmo de atención actual, se tardaría más de 6 años en absorber la lista de espera. Las desigualdades entre autonomías son evidentes, con comunidades como Cataluña con un 32% de dependientes reconocidos a la espera de recibir ayudas y otras como Castilla y León con sólo un 1,6%.
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