El medicamento innovador representa hoy una proporción menor del gasto público que hace dos décadas. En 2003, el gasto público en medicamentos equivalía al 4% del gasto público total; en 2024, ese porcentaje había descendido al 3,4%. La evolución contrasta con la de otras grandes áreas, como las pensiones, cuyo partida se ha más que triplicado en ese mismo periodo. Sin embargo, mirar al medicamento únicamente por el desembolso que representa para el sistema ofrece una imagen incompleta de su impacto en la supervivencia y la calidad de vida, en la reducción de costes asociados a la enfermedad y en la generación de actividad económica, empleo e ingresos fiscales.
Esa es la tesis que plantea el informe Cómo los medicamentos innovadores contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario, elaborado por la consultora española Analistas Financieros Internacionales (AFI) para la patronal farmacéutica española Farmaindustria. Evaluar los medicamentos innovadores no solo por lo que cuestan, sino también por el valor sanitario, social y económico que aportan. Según el estudio, los 24.800 millones de euros destinados en 2024 a financiar medicamentos en hospitales y oficinas de farmacia se asociaron a unos 15.900 millones de euros de ahorro en otras partidas públicas. Es decir, por cada euro de gasto público en medicamentos, el sistema habría evitado alrededor de 64 céntimos de gasto en otros ámbitos.
Se se tienen en cuenta, además, la recaudación tributaria, las cotizaciones sociales y el impacto económico vinculado a esta industria, AFI estima que la contribución total vinculada a los medicamentos y a la industria farmacéutica, es decir su aportación económica, superó los 27.400 millones de euros en 2024.
La cuestión de fondo es cómo medir el valor de la innovación en la toma de decisiones de financiación. El gasto farmacéutico responde a una necesidad creciente marcada, entre otros factores, por el envejecimiento y la cronicidad de la población. Pero también sostiene una actividad industrial intensiva en investigación, empleo cualificado y colaboración con centros sanitarios y científicos. Desde esta perspectiva, el debate no se limita a cuánto cuesta incorporar nuevos medicamentos, sino también a qué beneficios pueden aportar al paciente, al sistema sanitario y a la economía.
Más presión sobre el sistema
La evolución demográfica ayuda a explicar parte de esa presión. Según el informe, en 2023, el 93% de las personas de entre 80 y 94 años había utilizado medicamentos para tratar enfermedades crónicas en algún momento del año. El porcentaje alcanzaba el 90% entre los 65 y los 79 años y el 71% en la población de 35 a 64 años. También aumenta la intensidad de uso. Entre 2017 y 2023, las dosis diarias definidas por habitante pasaron de 3,9 a 5,3 en el grupo de 80 a 94 años y de 3 a 3,8 entre los 65 y los 79. Se trata de un indicador técnico de consumo poblacional que refleja el peso creciente de los tratamientos en una población que vive más años y convive con más enfermedades.
En este contexto, la innovación puede modificar el curso de algunas patologías y contribuir a reducir complicaciones, hospitalizaciones o necesidades asistenciales. El informe recoge, por ejemplo, un estudio publicado en Value in Health que asocia la innovación farmacéutica con un aumento de 2,77 años en la esperanza de vida de los pacientes con cáncer en España entre 1999 y 2016. El trabajo también observó una relación entre una mayor innovación y una reducción más acusada de la mortalidad en los tipos de cáncer en los que se incorporaron más avances terapéuticos.
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