El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del TSJ de Castilla y León y ha anulado el Decreto 14/2017, de 31 de julio, de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a personas mayores de esta comunidad, dando así la razón al Sindicato de Enfemería Satse.
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El sindicato Satse impugnó este decreto porque suponía un cambio de modelo asistencial respecto al de 2001, ya que el ahora anulado “despojaba a estos centros del carácter sanitario y a la vez regulaba de forma escasa, poco clara e imprecisa la ratio de profesionales enfermeros con que debían contar”.
El sindicato consideraba que “dejaba la puerta abierta a que estos centros se abrieran y funcionaran sin contar con suficientes médicos, enfermeros, fisioterapeutas…recurriendo a los de Sacyl y sobrecargando el Sistema de Salud de la Comunidad, aparte de no garantizar una asistencia suficiente y de calidad a los residentes, que no hay que olvidar, son personas mayores, en su mayoría pluripatológicos y dependientes“.
“Uno de los motivos es que en el decreto se alude a un número mínimo de profesionales establecido en función del número de usuarios, pero no de su grado de dependencia y sus dolencias, como sí establecía la normativa anterior de 2001”, critica Satse.
Sin embargo, Satse acusa a Familia de seguir queriendo implantar este nuevo modelo. El modelo al que se refiere el sindicato es el de “seguir estableciendo que estos centros dispongan, hasta 2022, de una enfermera por cada 100 residentes y solo de lunes a viernes (incrementándose en media por cada 40 residentes más) y a partir de 2022, de una enfermera a media jornada por cada 100 usuarios y solo de lunes a viernes (con un incremento también de media enfermera por cada 40 usuarios más con que cuente el centro)”. Antes de este Decreto de 2017, según señalan, “los centros de la Gerencia de Servicios Sociales disponían de 20 enfermeras y enfermeros por cada 300 residentes, lo que suponía una enfermera a jornada completa por cada 15 usuarios”.
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