Hace ya bastante tiempo que nuestros gobernantes están empeñados en legislar sobre asuntos que atañen a la sanidad, dejando al margen a las sociedades científicas españolas, a los colegios oficiales de médicos y al sentir del médico de a pie.
En las pasadas semanas hemos conocido las últimas intenciones del Ministerio de Igualdad que suponen un ataque al desempeño médico profesional y una pérdida de la garantía del derecho a la objeción de conciencia.
Cuestiones como la futura regulación de la “violencia obstétrica” o la reforma anunciada de la ley del aborto del 2010 han cobrado especial relevancia por la preocupación generada entre la comunidad médica.
“En esta reforma de la ley del aborto se amenaza el derecho a objetar”
En concreto, es en ésta reforma donde se ve amenazado el derecho a objetar. Hasta ahora, la ley del aborto, contemplaba la objeción del médico que se negase a realizar dicha práctica en base a su propia conciencia. Pero esto puede dejar de ser así: atendiendo a las recientes declaraciones de la ministra de Igualdad, éste derecho puede ser vulnerado si entra en conflicto con lo que denominan derechos femeninos.
En muchos hospitales públicos españoles los médicos son objetores por lo que las pacientes son derivadas a centros concertados de la provincia o fuera de ella. La ley no deja de cumplirse, pero a la ministra no le parece bien la minoría de abortos que se realizan en la sanidad pública y que en algunos casos se tengan que desplazar.
Dicho de otro modo: prevalecería el “derecho” de una mujer a abortar en un hospital público de su ciudad/provincia sobre el derecho del médico objetor. Como si no existiesen hoy día derivaciones interprovinciales o a otras comunidades autónomas, porque otro hospital es referencia en determinada técnica o patología.
Esta vuelta de tuerca a la ley, absolutamente innecesaria, genera un desencuentro evitable: no responde a necesidades reales de la población y sí supone una agresión a la libertad de objeción del profesional médico.
La objeción de conciencia no puede ser vulnerada alegando interferir con otros derechos. Es el último asidero al que nos vemos resignados los médicos para evitar cometer una actuación que quebranta la conciencia de muchos y traiciona uno de los principios de la profesión médica. Es, en el fondo, un mecanismo de defensa desesperado ante el rodillo ideológico legislativo de las leyes actuales y que amenazan la libertad del individuo.
Además, estas leyes suponen que el médico se vea juzgado y cuestionado en sus decisiones. Las consecuencias serían una judicialización de la medicina en situaciones que nada tienen que ver con la mala praxis. Y me atrevo a decir: no mejorarían la calidad asistencial del enfermo y sí deterioraría la relación médico-paciente.
“El uso instrumental del sanitario devalúa la figura del médico y su relación con el paciente”
En la actualidad, no se puede hablar de la pérdida de la objeción de conciencia como un problema aislado. Este se enmarca dentro de la creciente intromisión política en la legislación sobre cuestiones sanitarias (y ni siquiera por parte del Ministerio de Sanidad).
En una profesión dónde nos ocupamos de curar, aliviar y consolar son dolorosos el uso instrumental del sanitario y las injerencias que devalúan la figura del médico. Porque lo cierto es que la gran mayoría de las iniciativas en beneficio del paciente parten del médico: somos los vanguardistas en el progreso constante de la medicina, dedicando tiempo libre a investigar para mejorar la asistencia, a pesar de los escasos recursos, y los que no nos cansamos de pedir al sistema lo que consideramos necesario para el paciente. Pero las legislaciones actuales en el aborto, eutanasia y otras cuestiones sanitarias parten de propuestas políticas de personas que no saben de medicina. Y, como es costumbre, sin hacer al médico partícipe de la regulación, pero sí de la ejecución.
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