Cataluña: la situación “encalla” y los presupuestos siguen en el aire, con la sanidad expectante

A mediados de enero, el Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba su proyecto para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019. Se trataba de un proyecto optimista, que establecía un gasto de 472.660 millones de euros al año, lo que suponía un incremento del 5,1 por ciento respecto a las cuentas de 2018. Y en los que había un claro guiño a las formaciones independentistas para conseguir su apoyo con un notable incremento de la inversión en Cataluña.

Sin embargo, esto parece que no fue suficiente y primero ERC el martes pasado, y luego el PDeCat el viernes, registraban una enmienda a la totalidad de los presupuestos. A esto había que sumar la que el jueves registró el PP. Si se tiene en cuenta que tanto Ciudadanos como Foro Asturias también han anunciado su intención de enmendar a la totalidad los primeros PGE de Pedro Sánchez (Ciudadanos lo ha hecho hoy mismo), parece haber una mayoría que la próxima semana, en el Pleno del Congreso, de febrero impediría su aprobación el día 13.

El motivo para que ambas formaciones presentaran sus enmiendas ha sido la falta de un gesto por parte del Gobierno central respecto a los políticos independentistas que van a ser juzgados por el referéndum ilegal del 1 de octubre y a favor de la autodeterminación.Hasta ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez seguía intentando dialogar.

Hasta ahora. Tras el Consejo de Ministros de este viernes, las tornas han cambiado. Lo que parecía una política de concesiones y paciencia total con los partidos independentistas por parte del Gobierno, se ha tornado en un hasta quí hemos llegado. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, ha dicho que “se ha intentado el diálogo en el marco democrático, pero ha sido imposible”. De esta manera, “la situación encalla”. No se abandona el diálogo totalmente, pero el Gobierno parece recular y abandonar la vía de las posibles concesiones: “No aceptamos este marco”, ha dejado claro Calvo.

Cumplir con el Estatut

La figura del relator sobre Cataluña para poder así salvar sus PGE ha podido dinamitar la situación, vista la reacción política, en la que los dos grandes partidos de derechas, más Vox, han anunciado movilizaciones contra el Gobierno y han renovado su petición de convocatoria de elecciones.

En este proyecto de PGE, el Gobierno tenía pensado destinar a inversiones en Cataluña un total de 2.051,38 millones de euros. A esta cifra se tendrían que sumar 200 millones más en conceptos de deudas de ejercicios anteriores. Esto supondría que el 18,2 por ciento de las inversiones tendrían como destino Cataluña. En total un crecimiento del 66 por ciento con respecto al anterior ejercicio de 2018, con el PP y Mariano Rajoy al frente. Entonces Cataluña percibió el 13,3% de las inversiones, que supuso un total de 1.349,59 millones de euros, algo más de 900 millones menos de los previstos para este 2019.

Con esto, el Gobierno buscaba hacer bueno el compromiso alcanzado con el Ejecutivo de Quim Torra a principios de año de cumplir con el Estatut de Cataluña, donde se establece que el porcentaje de inversión del estado español debe ser el mismo que lo que esta comunidad representa en el conjunto del PIB. En el último ejercicio, Cataluña supuso el 19,2 por ciento, quedándose por tanto corto el incremento planteado por el Gobierno español, aunque no ha sido esta la razón de la falta de apoyo independentista.

El sector guarda silencio

Y en medio de esta campaña abierta entre unos y otros, con pactos para lograr sacar adelante cada uno sus propios presupuestos, el sector sanitario catalán guarda silencio. Ni sindicatos, ni patronal, ni colegios oficiales quieren pronunciarse ante lo que consideran una batalla política. El hecho de que muchas veces la ejecución final diste mucho de lo presupuestado y la incertidumbre de saber también que parte del dinero de las inversiones destinado a Cataluña tendría como destino final la propia sanidad, hace que muchos prefieran a ver medidas concretas que les puedan afectar para pronunciarse.

Mientras todo esto sucede a nivel nacional, en Cataluña los presupuestos tampoco están cerca de conseguir aprobarse, con el agravante en este caso de que la Generalitat está funcionando con los prorrogados de 2017, al no poder sacar adelante en 2018 los previstos por toda la inestabilidad que hubo y la posterior aplicación del artículo 155.

Aunque es cierto que esta misma semana el Gobierno autonómico ha logrado un balón de oxígeno para que su situación no sea tan acuciante, cuando el Parlamento catalán le autorizaba a endeudarse mientras no haya presupuestos mediante la tramitación de un decreto ley que contó con los 60 votos a favor de JxCat y ERC, 65 abstenciones de PSC, Comunes, PP y Cs y 4 en contra de la CUP.

Ante esta situación, el líder del PSC, Miquel Iceta manifestaba su intención de abrirse a negociar estos presupuestos de Cataluña si el PDeCat y ERC permiten aprobar el próximo 13 de febrero los PGE. En una entrevista en la televisión autonómica TV3, Iceta afirmaba que, si hay más margen económico, y esto implica aprobar los PGE, estaban dispuestos a negociar los catalanes al tiempo que pedía que no se mezclara la negociación presupuestaria con el juicio a los presos independentistas y avisaba a los dos partidos del peligro de alinearse en su votación tanto con el PP como con Cs.

Divergencias sanitarias

Antes de esta oferta del PSC, el Ejecutivo veía en los comunes su única opción viable para lograr sacar adelante unos presupuestos que se esperan como agua de mayo en Cataluña. Pero en enero las negociaciones entre las dos partes se suspendían ante la falta de acuerdo y con los reproches de los comunes hacia el Gobierno por lo que consideraban una falta de enfoque más social en dichos presupuestos.

La sanidad es uno de los puntos donde más divergencias hay entre comunes y Govern. La partida destinada a este capítulo se ha propuesto incrementarla en 535 millones, un 6 por ciento más que el ejercicio de 2017, para llegar a los 9.411 millones, el tercer presupuesto para sanidad más alto de la historia de Cataluña. Pero el conflicto radica en el número de plazas de nuevos médicos de atención primaria para el Instituto Catalán de la Salud.

Tras la huelga del pasado mes de noviembre, el Gobierno catalán se había comprometido a la creación de 200 nuevas plazas, que son las que se recogen en el anteproyecto. Pero los comunes consideran que son totalmente insuficientes para impulsar la atención primaria y piden que se creen 850. En la última sesión de control al presidente en el pleno del Parlamento, Quim Torra anunciaba que en los próximos días haría llegar a los comunes una contraoferta para intentar alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos catalanes, justo después de la oferta de Miquel Iceta que parece haber caído en saco roto.

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