Si analizar los datos oficiales del Ministerio de Sanidad sobre el número diario de contagiados por coronavirus, la cifra de fallecidos o los ingresos hospitalarios supone un quebradero de cabeza, dilucidar cuántos profesionales se han contratado desde el inicio de la pandemia en España para reforzar las plantillas sanitarias de las 17 comunidades es casi un misterio irresoluble.
El Ministerio de Sanidad recuerda que las competencias laborales sanitarias están en manos de las comunidades, elude la pregunta, y se remite a las autonomías, y éstas -cuando contestan- lo hacen de forma muy heterogénea: sitúan el inicio de los contratos Covid en fechas muy distintas, ofrecen los datos unificados o desglosados por categorías profesionales diferentes, distinguen (o no) entre contratos de refuerzo propiamente dichos, contratos de sustitución para cubrir las bajas por Covid, personal voluntario, trabajadores sanitarios y no sanitarios…
A este sudoku estadístico, se suma el inexplicable silencio de las 4 comunidades autónomas (Canarias, País Vasco, Galicia y La Rioja) que, pese a la reiterada insistencia de este periódico, no han facilitado unas cifras que, en teoría, deberían ser públicas, de fácil acceso y comparables entre autonomías. Según Javier Martínez Martínez, presidente de Sanidad del sindicato CSIF, es la misma "opacidad brutal" con la que se encuentran los sindicatos en algunas comunidades "cuando les preguntamos cuántos contratos han hecho, en qué categorías y por cuánto tiempo".
Desbrozada la maraña contable autonómica, las 13 comunidades que han respondido a este periódico han contratado desde marzo a un total de 39.609 profesionales sanitarios para reforzar sus respectivas plantillas. Sólo Asturias y Cantabria especifican cuántos siguen en activo a fecha de hoy (1.256 de los 2.160 iniciales en el Principado, y 471 de 505 en Cantabria), pero ninguna de las 13 comunidades tiene previsto -al menos, de momento- prorrogar esos contratos más allá de 2020.
"Las autonomías premian a sus profesionales con muchos aplausos y homenajes públicos y pocos -o ningún- contrato estable. A todas ellas les hemos pedido reiteradamente que prorroguen los contratos al menos hasta el 31 de diciembre, en previsión de posibles rebrotes tras el verano, pero, una vez que se ha doblegado el pico de la pandemia, el ahorro de dinero vendrá de donde siempre, del capítulo de Personal", augura Fernando Hontangas, presidente de Sanidad de CSIF en la Comunidad de Madrid.
Precisamente, Madrid y la Comunidad Valenciana aseguran que mantendrán esos contratos hasta el 31 de diciembre; Cantabria, hasta noviembre; Aragón, "hasta mediados de octubre, al menos", según su Servicio de Salud; Castilla-La Mancha renovará hasta el 30 de septiembre al 96,4% de los 4.377 profesionales que ha contratado desde marzo, y Extremadura asegura que los contratos "se van renovando según se cumple el plazo y, de momento, se van a mantener así".
Las siete comunidades restantes no especifican cuánto tiempo mantendrán en sus plantillas a los nuevos sanitarios contratados, y sólo Andalucía y Cataluña manifiestan su intención de estabilizar a parte de ellos, pero sin precisar cuántos, cuándo y con qué tipo de contratos.
Fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) aseguran que "el objetivo es ofrecer contratos de larga duración e interinidades en aquellos puestos estructurales esenciales, pero esa oferta de contrataciones se tiene que compaginar con la OPE en curso y con el Plan de Vacaciones, que supondrá la contratación de más de 20.000 profesionales". Análogamente, el Departamento de Salut de la Generalitat deja claro que los nuevos fichajes son "personal temporal de carácter eventual y, por tanto, no son plantilla estructural de los centros donde prestan servicios", pero matiza que "una vez que finalice la emergencia sanitaria, se valorará la posibilidad de redimensionar las plantillas" de esos centros sanitarios.
La pregunta quizás sería qué entiende Andalucía por "puestos estructurales esenciales" o cuántos efectivos -y cuándo- va a necesitar Cataluña para "redimensionar" sus plantillas.
Temporales... y escasos
Además de temporales y de corta duración, los contratos firmados por las 13 comunidades que han respondido a las preguntas de este periódico son muy pocos, si nos atenemos al objetivo que el propio Ministerio de Sanidad se marcó al inicio de la crisis. El pasado 15 de marzo, en los albores de la pandemia, el Ministerio de Sanidad emitió una orden en la que instaba a las comunidades a reforzar sus respectivas plantillas sanitarias para "garantizar la existencia de profesionales suficientes para atender a todas las personas afectadas por el virus".
Esa orden cifraba en casi 50.000 (concretamente, 49.833) los profesionales extra que podían contratar las autonomías, y eso que en el recuento ministerial sólo se incluía a determinados colectivos (residentes y estudiantes de Medicina y Enfermería, profesionales extracomunitarios, médicos y enfermeros jubilados y liberados sindicales), y no se mencionaba a los profesionales en activo que las comunidades podían tener en sus respectivas bolsas de trabajo. Es decir, a demandantes de empleo de categorías profesionales muy diferentes, y en ocasiones con dilatada experiencia.
Si el grueso de las comunidades ha contratado exactamente a 10.224 sanitarios menos que los 49.833 que estimaba la orden ministerial del 15 de marzo, difícilmente se puede hablar de que ha habido "profesionales suficientes para atender a la población", como pretendía garantizar esa orden.
Las 13 CCAA han contratado a 10.224 sanitarios menos de los que estimaba Sanidad
El dato remitido por las comunidades es incluso superior a la cifra que maneja el sindicato CSIF, que, basándose en las Encuestas de Población Activa (EPA) de los últimos tres meses, cifra en poco más de 30.000 los nuevos contratos firmados en el sector sanitario desde el inicio de la pandemia.
"Independientemente del número exacto de contratos, que las comunidades parecen empeñadas en que sea difícil de averiguar, lo cierto es que son pocos y mal planteados, porque primero hay que tirar de las bolsas de empleo de las comunidades, donde hay gente que lleva meses esperando un contrato, y luego recurrir a residentes, estudiantes o jubilados; pero claro, es más barato recurrir al personal voluntario", afirma el presidente de Sanidad de CSIF.
Martínez Martínez asegura que “en la mayoría de las comunidades, sigue habiendo parados en las bolsas, sobre todo en determinadas categorías. Se agotan, como siempre, en algunas especialidades médicas, porque son deficitarias o porque los especialistas ni siquiera se apuntan en la bolsa de empleo. En un caso extremo como éste se ha agotado, por ejemplo, la bolsa de enfermeros de Castilla y León, pero en muchos servicios de salud sigue habiendo efectivos que ahora mismo son necesarios, y que las comunidades podrían, y deberían, contratar”.
Castilla y León confirma a DM que el 98,34% de las 1.563 enfermeras contratadas en esa comunidad desde el inicio de la pandemia proceden de la bolsa de empleo sanitaria, y sólo las 18 restantes son voluntarias. De hecho, según la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Sacyl), el 92,3% de los 3.943 contratos sanitarios suscritos estos meses se han ofrecido a trabajadores de la bolsa, y sólo 303 (el 7,7% restante) se han suscrito con trabajadores voluntarios, y aquí Sacyl incluye a estudiantes de Medicina y Enfermería y a médicos que aprobaron el examen MIR en 2019, pero que no lograron una plaza de residente ese año.
Aun así, incluso la bolsa de trabajo de Castilla y León sigue teniendo efectivos -como apunta el presidente de Sanidad de CSIF-, ya que Sacyl reconoce que “si hace falta contratar a más gente de ahora en adelante, se hará recurriendo a la bolsa de empleo de forma habitual, ya que el recurso a los voluntarios no está activo desde hace dos semanas”.
Extremadura, la otra comunidad que diferencia entre contratos a demandantes de empleo y contratos voluntarios, eleva hasta el 97,5% el porcentaje de contratados por bolsa para el coronavirus, y asegura que sólo 46 de los 1.852 sanitarios que ha dado de alta desde marzo son voluntarios, incluyendo 10 estudiantes de Medicina y 8 profesionales jubilados (7 médicos y una enfermera).
En el extremo opuesto se sitúa Navarra, por el escaso volumen de contratos que declara haber hecho en este periodo (11) y porque todos ellos han sido a profesionales voluntarios: 6 médicos jubilados (un internista y cinco médicos de Famila), una enfermera jubilada y 4 liberados sindicales. La Comunidad Foral deja claro que “no se ha contratado a ningún alumno de Medicina”.
Por comunidades, los 10.167 contratos (sanitarios y no sanitarios) que Madrid asegura que prorrogará hasta el 31 de diciembre la sitúan al frente de las autonomías con más fichajes, pero hay letra pequeña. En la última Comisión de Seguimiento del acuerdo de renovación de efectivos Covid-19, celebrada la semana pasada, los sindicatos rebajaban la cifra de contratos a 9.934, y sólo 8.841 de ellos para profesionales sanitarios). Como en todas las comunidades, el grueso de los contratos sanitarios de Madrid se los lleva Enfermería (4.240), y 1.335 son para médicos, incluidos 758 residentes de varias especialidades que han terminado su formación en mayo.
“Más que por categorías, lo que nosotros queremos es que nos hagan el desglose por centros sanitarios, porque es la única manera de constatar que los contratos efectivamente llegan, y en la fecha que aseguran que van a llegar. Si dicen que van a contratar a 1.335 médicos y a mi centro no llega ninguno, la comunidad siempre puede alegar que se han repartido en otros centros, y yo me lo tengo que creer casi como un acto de fe”, argumenta Hontangas.
Además, tanto CSIF como CCOO denunciaron en la comisión de seguimiento de la pasada semana que los refuerzos contratados para atención primaria no subsanan el déficit de plazas estructurales que tiene Madrid en este nivel. La primaria madrileña se reforzará hasta el 31 de diciembre con 836 profesionales (a los 258 contratados al inicio del Plan Covid, que se han renovado en mayo, la comunidad suma a 308 sustitutos, para cubrir las bajas por coronavirus, y a 270 residentes “a los que se les ha ofrecido su incorporación a partir del 1 de junio”).
Por volumen total de contratos firmados desde marzo, a Madrid le siguen Andalucía (5.774 refuerzos totales), la Comunidad Valenciana (4.853), Castilla-La Mancha (4.377), Castilla y León (3.943), Cataluña (“más de 3.000”, según CatSalut), Asturias (2.160), Murcia ( 2.130), Aragón (1.729), Extremadura (1.666), Islas Baleares (620), Cantabria (505) y Navarra, con esos 11 contratos de profesionales voluntarios que declara.
Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO, asegura que la falta de concreción a la hora de desglosar los datos no es privativa de Madrid: “En la última reunión que tuvimos con Faustino Blanco [secretario general del Ministerio de Sanidad], a mediados de mayo, le pedimos los datos de contrataciones, y él se limitó a trasladarnos los que le habían mandado las comunidades, pero ni estaban desglosados ni tenían el nivel de detalle necesario para hacer un seguimiento medianamente serio”.
De hecho, ninguna de las comunidades ha remitido a este periódico sus datos desglosados por hospitales y centros de salud, como reclaman insistentemente los sindicatos, para controlar que los contratos que las autonomías dicen firmar coinciden con los que efectivamente se firman. Lo más cercano, es el desglose por áreas sanitarias que ofrece Castilla y León o la distribución por gerencias que hace la Región de Murcia: de los 2.130 sanitarios contratados en esta comunidad para la Covid, el grueso han sido para las gerencias del Hospital Son Llàtzer (183 contratos), la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca (155), el Hospital de Manacor (125) y el área de Salud de Ibiza y Formentera (113).
Un problema estructural
El secretario general de CCOO argumenta, además, que esos 39.609 profesionales, “e incluso más”, son necesarios más allá del 31 de diciembre, “para evitar el colapso del sistema sanitario. Aquí parece que nadie ha pensado en el escenario post-Covid, pero el 1 de julio, en teoría, debería retomarse la actividad normal en hospitales y centros de salud, y hay que empezar a hacer contratos si no queremos que esto cortocircuite”.
Cabrera añade que para saber cuántos contratos y en qué ámbitos son necesarios, es preciso que todas las autonomías hagan público un dato “que también hurtan sistemáticamente, y es el de el estado de sus listas de espera, que no se actualizan desde diciembre de 2019. Las estimaciones indicaban que a principios de año, sólo la lista de espera quirúrgica acumulaba ya más de 700.000 pacientes, y a eso hay que sumarle un trimestre en que esa lista apenas se ha movido”.
También el presidente de Sanidad de CSIF se refiere al déficit de plantillas como un problema estructural, “que ha existido antes de la pandemia, se ha agravado con ella, y seguirá existiendo hasta que el sistema no lo aborde de forma seria y consensuada”. En la cita de mayo, el secretario general del Ministerio de Sanidad -recuerda Martínez Martínez- “reconoció explícitamente que el sistema tenía un problema de recursos humanos. Mejor tarde que nunca, ¿pero de qué se piensa el señor Blanco que llevamos quejándonos todos estos años?”.
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