Atención primaria está mal y necesita una reforma, pero todavía puede esperar un poquito más. Concretamente, tres meses, los mismos que faltan para acabar el año. Eso es al menos lo que trasluce la declaración de intenciones con la que el Ministerio de Sanidad y los 17 consejeros autonómicos han cerrado su encuentro de dos días en Canarias para abordar los problemas del nivel. La declaración, vaga, inconcreta y sin referencia alguna a partidas presupuestarias (la principal exigencia de los profesionales de primaria), anuncia un "plan de acción antes de que finalice 2021", de forma que las presuntas medidas de ese plan no se aplicarían hasta 2022. Con suerte.
El ministerio que dirige Carolina Darias (que ha leído los 3 folios de la declaración con gesto impertérrito) y los 17 consejeros intentan salvar la cara con una explícita referencia al esfuerzo que ya están haciendo: el plan incluye medidas nuevas, pero también "iniciativas que ya han puesto en marchas las comunidades". Las mismas comunidades, por cierto, donde sus profesionales se quejan de la precaria situación de primaria. Incluso con esas iniciativas ya en marcha.
A partir de ahí, la declaración institucional -"aprobada por amplia mayoría", según fuentes ministeriales- se precipita por un abismo de inconcreción en forma de enunciados tan bien intencionados como carentes de contenido. Los objetivos del enésimo plan que lleva los apellidos de primaria son: "un abordaje integral de los problemas de salud más frecuentes", "la práctica clínica centrada en la persona y la comunidad", "la mejora de la capacidad de resolución diagnóstica", "el fortalecimiento de la longitudinalidad de la atención", "el crecimiento profesional", "el impulso de los sistemas de información y la digitalización", "el fomento de la innovación y la investigación", "la adaptación y formación de los recursos humanos"... Y todos estos mandamientos se resumen en uno: "garantizar la efectividad, sostenibilidad y calidad primaria". ¿Alguien da más?
El plan no hace referencia a la "inyección urgente" de dinero que pide el nivel
Y todo ello, ¿con qué dinero? ¿Alguna referencia al 25% del presupuesto sanitario para primaria que el Foro de Médicos de Atención Primaria lleva más de una década reclamando en vano? ¿Algún guiño a la petición de 4.000 millones de euros para el nivel que el presidente de Semfyc, Salvador Tranche, hacía esta misma semana en el Senado? No, nada de eso. La única referencia al dinero que piden los profesionales se sustancia en esta frase: "Adecuaremos la política presupuestaria y el desarrollo normativo que posibiliten la consecución de los objetivos de este plan". Otro punto.
Puestos a lanzar compromisos bienintencionados, la Administración tiene más: "Nos comprometemos a trabajar de forma específica en el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos en la actualización y adaptación de la formación sanitaria especializada de primaria". ¿Qué quiere decir eso? ¿Tendrá Familia más plazas MIR, como llevan pidiendo desde hace años las sociedades médicas y la comisión nacional de la especialidad? ¿Se reforzarán las plazas de Pediatría o aumentarán las rotaciones de esta especialidad por los centros de salud, como también vienen reclamando en vano las sociedades de Pediatría de primaria? Tampoco lo sabe nadie, o al menos no lo dicen.
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Lo que sí dice la declaración, aunque no sea una sorpresa para nadie, es que ese plan de acción que Sanidad y las autonomías pergeñarán en 3 meses persigue "acelerar y hacer efectivo" el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, el documento aprobado por estos mismos actores en 2019, que todas las sociedades y organizaciones médicas consideran que está ya amortizado y que a estas alturas no puede servir de base para la reforma que necesita primaria.
Hablando de organizaciones, la declaración tiene una coda cuando menos curiosa: las administraciones "instan [no invitan, instan] a las organizaciones profesionales, científicas, sociales y políticas a adherirse a esta declaración". Las mismas organizaciones que no han sido consultadas ni invitadas a la cumbre que ministerio y consejerías han celebrado en Canarias.
Disenso autonómico
Pero ni siquiera la deliberada inconcreción de la declaración ha servido para que todas las administraciones la suscriban sin fisuras. Incluso cuando no dicen nada, las administraciones se empeñan en decirlo con palabras distintas. Buena prueba de ese disenso son el País Vasco, que se ha desmarcado por el consabido "invasión de competencias autonómicas", y Madrid, que ha hecho un verdadero ejercicio de ponerse de perfil desde el punto de vista institucional.
Según Gotzone Sagardui, consejera de Salud del Gobierno vasco, aunque su administración comparte (como no podía ser menos) los objetivos últimos del plan, lo que no comparte "es que se anuncien planes que incluyen materias que son competencia exclusiva de Euskadi, tales como la práctica clínica, la resolución diagnóstica, el crecimiento profesional, los sistemas de información, la digitalización, la política presupuestaria o las medidas relativas a los recursos humanos".
La declaración ni siquiera ha sido unánime y varias CCAA se han desmarcado
En el caso de Madrid, fuentes de la comunidad aseguran que el documento promovido por el ministerio "adolece de medidas concretas" y creen que la solución a uno de los principales lastres del nivel, la escasez de médicos, pasa por la adopción de medidas "en el ámbito normativo y regulatorio nacional", como si las competencias en materia contractual no fueran autonómicas. Con respecto a la principal petición que todos los profesionales hacen a ministerio y comunidades, la inyección "inmediata" de dinero en el nivel, Madrid responde mirando de nuevo a la Administración central, y demanda al departamento de Darias "partidas específicas para destinar a primaria".
En la misma línea, y con respecto al déficit de profesionales, la consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero se centra sólo en las competencias que tiene el ministerio (al que pide el desarrollo de la especialidad de Enfermería Familiar y la aprobación de la especialidad de Urgencias, "para evitar el trasvase de MIR de Familia a este ámbito cuando finalicen su formación") o en las que éste comparte con las comunidades, y ahí pide "un aumento del número de plazas MIR de Familia".
También la desburocratización del nivel (otra petición unánime de los médicos que ejercen en él) le parece a Madrid un tema que sólo compete al Gobierno central y pide a la Seguridad Social "la adopción de medidas que faciliten al médico la gestión de la incapacidad temporal (IT)" o que se suprima "en la normativa la obligatoriedad de que sea el médico el que firme todo tipo de informes de salud si hay profesionales de otras categorías que están cualificados para hacerlo".
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