La obesidad se está comiendo el 3,3% del PIB de los países más ricos. En el caso de España, los costes sanitarios y laborales de la obesidad suponen el 2,9% del PIB. Esto es, cada español estaría pagando en la práctica 265 euros extra al año en impuestos para poder sufragar los costes de la obesidad.
A esta conclusión ha llegado un extenso estudio sobre La carga de la obesidad que ha elaborado la OCDE, el club de los países más ricos, en el que se estima que la obesidad ha crecido de forma vertiginosa desde 2010, cuando la padecía el 21% de la población de la OCDE, hasta afectar ya a casi uno de cada cuatro ciudadanos, al 24% de la población de los países desarrollados en concreto. A esas cifras hay que sumar además las del sobrepeso para superar más de la mitad de la población en conjunto.
En el caso de España, las cifras de la última Encuesta Nacional de Salud (2017) sitúan ya la prevalencia de la obesidad en el 17,54% (18,1% en hombres y 16,7% en mujeres) y la del sobrepeso en el 37% (44,3% en hombres y 30% en mujeres).
Con estas cifras sobre la mesa, el estudio de la OCDE estima que la obesidad y el sobrepeso están causando el 9,7% del gasto sanitario español por los tratamientos para patologías como la diabetes, el cáncer o las enfermedades cardiovasculares que están asociadas al sobrepeso.
En concreto, estima que el sobrepeso es responsable del 70% de los costes de los tratamientos para la diabetes, el 23% de los de las terapias cardiovasculares y el 9% de los de cáncer. Además, estaría generando una reducción de 2,6 años en la esperanza de vida de los españoles y una reducción de la producción laboral equivalente a 479.000 trabajadores a tiempo completo.
El informe de la OCDE explica que España, con todo, ha adoptado algunas políticas interesantes para reducir la epidemia de obesidad, como el etiquetado de alimentos voluntario en la parte frontal de los paquetes y restricciones sobre la obesidad, así como impuestos sobre la bebidas azucaradas, pero insiste en que “cabría hacer más”.
En concreto, en el último año el Ministerio de Sanidad acordó con la industria de la alimentación una reducción progresiva de entre el 5% y el 18% del contenido de grasas, azúcares y sal en cerca de 3.500 alimentos procesados hasta 2020. Este acuerdo fue criticado por algunas sociedades científicas, como la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) por su carácter voluntario en lugar de forzar a la industria o adoptar medidas sobre los impuestos que ayudaran, además, a acabar con el fuerte gradiente social asociado a la obesidad, mucho más presente entre las clases sociales más bajas que entre las más altas.
Fuente de inequidad social
De hecho, el nuevo informe de la OCDE sitúa a España en el primer puesto de la OCDE en esa desigual distribución de la obesidad que castiga más a las clases más empobrecidas.
Respecto a los impuestos en los refrescos azucarados, el caso español que cita el informe de la OCDE se reduce a la experiencia catalana que ha sido paralizada por los tribunales.
Así, la OCDE explica en su informe que cabe hacer todavía mucho más en el caso español. En concreto, propone un “un paquete combinado que incluyera el etiquetado de los menús, la prescripción médica de actividad física y programas de bienestar en el centro de trabajo”.
Medidas como esas podrían llegar a prevenir en el caso de España hasta 96.000 casos de enfermedades no transmisibles de aquí a 2050 y generar un ahorro de 32 millones al año en costes sanitarios, además de ampliar la productividad laboral en el equivalente a 4.000 trabajadores extra al año a tiempo completo.
Junto a estas iniciativas, el informe propone que España introduzca medidas como una reducción calórica del 20% en los alimentos de alto contenido en azúcar, sal y grasas saturadas, lo que podría llegar a prevenir 472.000 casos de enfermedades no transmisibles de aquí a 2050. En términos económicos, una medida de estas características ahorraría 169 millones al año en costes sanitarios en España y aumentaría la productividad en el equivalente a 13.000 trabajadores al año.
Y es que la radiografía de la obesidad y el sobrepeso que por primera vez ha hecho la OCDE de forma tan exhaustiva refleja un problema combinado de exceso de sendentarismo pero también de exceso de ingesta calórica. En concreto, el análisis muestra que la ingesta calórica ha crecido en sólo 50 años un 20% desde las 2.700 calorías por persona al día a algo más de 3.200 calorías actuales, lo que unido a un incremento del sedentarismo ha provocado que haya ya un 60% de población con sobrepeso y un 25% con obesidad en los países más desarrollados.
A esta preocupación hay que añadir el impacto en inequidades sociales que genera esta epidemia de obesidad, en tanto se estima que las mujeres con menores ingresos tienen un 90% más de probabilidad de ser obesas que las de ingresos altos y, en el caso de los hombres, un 50%.
A su vez, ser obeso conlleva más dificultades para encontrar trabajo y que éste genere altos ingresos, ya que la productividad de las personas obesas suele ser un 3,4% menor que la del resto y genera una reducción del 8% en la probabilidad de tener trabajo el siguiente año, potenciando una espiral de pobreza y sobrepeso que se retroalimenta.
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