Una "insuficiente memoria económica" ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de País Vasco a anular el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el sector público vasco, que es la norma que sostiene la extensión del euskera en toda la Administración vasca, incluida la sanitaria. Con esta decisión, el tribunal ha estimado el recurso interpuesto por Vox contra el decreto, al apreciar este "vicio procedimental" en la elaboración de la norma y que tiene el efecto inmediato de dejar desnortado o, al menos, sin una solidez normativa, el empleo de la lengua autonómica en la administración vasca.
El TSJPV concluye, en la sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, que la preceptiva memoria económica que debe acompañar a la norma recurrida "adolece de insuficiencia sustancial, es decir, no cumple con su propia razón de ser, esto es, no cumple con la evaluación y fundamentación objetiva y técnica de las exigencias y repercusiones económico-financieras de la regulación proyectada, ni justifica tampoco que la nueva regulación respete las imprescindibles estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".
Para llegar a esta conclusión, el TSJPV tiene en cuenta el informe elaborado por la Oficina de Control Económico, "un informe técnico", que considera "decisivo" y emitido por un "órgano independiente cuya finalidad es precisamente controlar, desde el enfoque propio de su conocimiento técnico, que en la elaboración de las disposiciones de carácter general se lleven a cabo las justificaciones y se respeten los principios".
En el citado informe, la Oficina de Control Económico advierte de "la ausencia de una efectiva estimación de costes derivados de la implementación de la extensión de los instrumentos de planificación lingüística" y de una "ausencia de ponderación o estimación económica singularizada para el proyecto en el que se analice su evidente impacto económico".
Reacción de Vox
Desde Vox han celebrado la resolución y en un comunicado, su coordinadora jurídica, Marta Castro, ha denunciado que con la norma anulada "el Gobierno Vasco pretendía imponer el euskera por encima del castellano en trámites como la solicitud de subvenciones, el acceso a concursos públicos y a puestos de funcionario". Con esta sentencia, Castro asegura que queda paralizada "la creación de la Comisión de Coordinación (HAKOBA), que iba a controlar la aplicación de esta norma".
Finalmente, ha asegurado que su formación estará "muy pendiente de ver los siguientes pasos que darán para que se cumpla la ley y que todos los españoles tengamos los mismos derechos en todo el territorio español".
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/JOhUTC7
No hay comentarios:
Publicar un comentario