Inicio de curso y también de la recta final de la legislatura con unas nuevas elecciones generales en el horizonte previstas para mediados del próximo año.
El Parlamento abre sus puertas con solo 32 normas de máximo rango aprobadas entre noviembre de 2023 y julio de 2026, entre ellas, la de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública que es la única que ha salido adelante en el ámbito sanitario. En este tiempo, y a propuesta del Ministerio de Sanidad, la mayor producción normativa ha sido a través de reales decretos y un real decreto-ley. Este último sobre la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, que fue convalidado en el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo y convertido en proyecto de ley para que las Cortes pudieran introducir modificaciones.
En total, entre el 22 de noviembre (un día después de que Mónica García tomara posesión del cargo de ministra) y el 31 de julio de este año, serían casi una treintena de este rango de normas, incluyendo nombramientos o ceses de altos cargos, órdenes ministeriales, acuerdos y normas junto a otros ministerios. Sin embargo, los puramente sanitarios se reducen prácticamente a la mitad.
A lo largo de 2024, las referencias de Consejo de Ministros recogidas en la página oficial de Moncloa muestran la aprobación por parte del Ejecutivo de varios reales decretos presentados por el Ministerio de Sanidad, entre ellos, el que crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, el título de Medicina de Urgencias y Emergencias y la tarjeta sanitaria individual.
Al año siguiente, 2025, Sanidad logró sacar adelante en Consejo de Ministros otros tantos reales decretos, entre ellos, el que establece el título de especialista en Laboratorio Clínico y se suprimen determinados títulos de especialista; el de criterios de calidad y seguridad de las unidades asistenciales de radioterapia, el de creación del Comité Interministerial de seguimiento de la Estrategia de la Industria Farmacéutica y el de concesión directa de una subvención al Consorcio Nacional de Entidades de ELA.
En lo que va de este 2026, Moncloa registra reales decretos como el de reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras sin residencia legal en España (no sin polémica); el real decreto de evaluación de tecnologías sanitarias o el mencionado real decreto-ley sobre la aportación en la prestación farmacéutica.
¿Y qué hay de las leyes?
El Ejecutivo del que forma parte García, ha logrado sacar adelante 32 normas de máximo rango en lo que va de estos tres años. Una cifra muy por debajo de la registrada en anteriores legislaturas y con el mismo corte de tiempo. Pero también manifiestamente inferior a la que contabilizo el anterior Gobierno del propio Pedro Sánchez, tras la moción de censura que derrocó a Mariano Rajoy: a estas mismas alturas, el Ejecutivo había logrado el apoyo del Parlamento (otro Parlamento) a 84 leyes.
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