CCOO inicia movilizaciones el 21 y 28 de septiembre en todo el territorio nacional para desbloquear la negociación del Convenio Colectivo para el sector de residencias y centros de día (privados y concertados) de mayores y personas dependientes. Según el sindicato, la patronal se niega a dialogar sobre la mejora en las condiciones laborales y salariales de los profesionales que cuidan a los más vulnerables, con una media salarial que no supera el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
El Convenio de la Dependencia, que oficialmente caducó en 2018 es de ámbito estatal, afectando en torno a 275.000 trabajadores en todo el país. CCOO exige mejoras salariales para fidelizar el empleo del sector y otorgar el legítimo reconocimiento a su profesionalidad y esfuerzo durante la pandemia. Los salarios en el sector están por debajo en muchos casos de los 1.000 euros: una gerocultora tiene un salario de 997,16 euros, una auxiliar de ayuda a domicilio 984,65 euros, incluso hay categorías con salario de convenio por debajo del SMI vigente, de 950 euros al mes, como la de limpiadora, con salario de 903,87 euros. Con el reciente acuerdo del SMI, si no se renueva el convenio en 2022, los salarios de gerocultora y auxiliar de ayuda a domicilio se quedarían por debajo.
Pero es que incluso los sueldos de profesionales que cobran más, como las enfermeras (unos 1.400 euros) están peor que en la sanidad pública y la privada, por lo que no son suficientemente atractivos y las profesionales se van, señala Humberto Muñoz, secretario general de Sanidad de CCOO.
No obstante, las mejoras a las que aspira CCOO no son únicamente las salariales. También exige la reducción en el cómputo de la jornada, mejoras en materia de prevención de riesgos laborales, con medidas organizativas que alivien la carga de trabajo a la que están sometidos los trabajadores, que sufren una elevada exposición a riesgos ergonómicos y psicosociales, así como medidas de calidad en el empleo, orientadas a fomentar los contratos a tiempo completo frente a los excesivos niveles de parcialidad existentes en la actualidad.
Hay una infrafinanciación importante por parte del Gobierno de la nación, reconoce Muñoz: las comunidades autónomas asumen más del 80% y el Estado menos del 20%, cuando la Ley de Dependencia establece que el reparto sea del 50%. El incremento adicional por parte del Estado de 600 millones anuales en el periodo 2020-2023, fruto del Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social, viene a paliar en parte este déficit (el Gobierno central alcanzaría el 34% de la financiación), siendo necesario al menos un incremento del coste de 3.600 millones de euros en un plazo de 3 años. Con este incremento se disminuirían las listas de espera y los tiempos de tramitación. También mejorarían las condiciones laborales de los profesionales, la calidad de la atención al usuario, para lo que es indispensable aumentar las ratios de plantilla en residencias, y las condiciones del personal de ayuda a domicilio.
"Ese capítulo esta encauzado porque el Gobierno está abierto a la negociación y hay una hoja de ruta para los próximos años", valora Muñoz. "Lo que nos preocupa es que la patronal está totalmente anclada. No sólo nos preocupan los salarios: también nos preocupan las condiciones laborales y la dimensión de las plantillas. No cumplimos ninguno de los estándares de la OMS y nos faltan 40.000 trabajadores. Pero con lo que ha pasado con la pandemia, la patronal sigue escudándose en la falta de financiación por parte de la Administración, y yo creo que con 18.000 millones ya se pueden hacer cosas".
La reivindicación de CCOO de incremento en las ratios, que depende del marco normativo de las autonomías, representaría un incremento en las plantillas de las residencias de alrededor de 25.000 trabajadores (en torno a un 20% sobre las plantillas actuales), cuantía que se incrementaría significativamente con las necesidades de aumento de plazas. Los últimos estudios publicados, basados en los criterios de la OMS, se recomienda una tasa de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. En España, habría que incrementar en 70.000 más las plazas para residentes dependientes en España. Por tanto, atendiendo a las ratios que reivindica CCOO, supondría un aumento en torno a 40.000 trabajadores más en todo el Estado.
CCOO reclama a las Administraciones que aclaren dónde están los fondos que el Gobierno estatal comprometió en la Mesa de Diálogo Social para aumentar la financiación en el Sector de la Dependencia y que las comunidades autónomas tenían que destinar a mejorar la situación de los dependientes.
Situación "insostenible"
Las plantillas de residencias privadas y concertadas no cumplían las ratios con anterioridad a la pandemia. En la actualidad, el panorama es similar a la situación anterior a la pandemia: menos usuarios con menos plantilla, las ratios de personal por usuario no se cumplen y hay centros donde se cubre este déficit con personal sin titulación o titulación no homologada. El déficit de personal que repercute en la calidad asistencial de los residentes, argumenta el sindicato.
CCOO define la situación del sector como “insostenible” y demanda medidas inmediatas. Considera que es el momento de apostar por un nuevo modelo de cuidados centrado en la persona, en la calidad de atención al usuario y del empleo, poniendo en valor el carácter de servicio público esencial.
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