Hace ahora casi una década que José Ignacio Echániz, voz de la sanidad del PP por aquel entonces en el que gobernaban los populares, decía en las páginas de este periódico que le gustaba tanto el modelo Muface que no descartaba su extensión a nuevos colectivos más allá del de los funcionarios.
Más que una voluntad política firme de adoptar esa medida -que no llegó a cuajar en iniciativas concretas para su extensión-, sus palabras eran una respuesta a una corriente que crecía con fuerza contra de este modelo por considerarlo un privilegio del funcionariado que puede optar entre recibir la sanidad de manos del sistema público (tal y como hace aproximadamente el 24% por ciento de los funcionarios) o elegir recibir la asistencia de manos de la sanidad privada a través de alguna de las compañías que han suscrito el convenio de Muface (como decide hacer aproximadamente el 76% de los mutualistas).
Los envites contra Muface fueron desde entonces constantes y se entremezclaron durante años con graves problemas de financiación de la mutualidad que hicieron peligrar su subsistencia y que forzaron a algunas compañías sanitarias a abandonar el convenio ante primas que crecían mucho más despacio que lo que lo hacía la siniestralidad, aupada por el envejecimiento de los mutualistas y la falta de incorporación de nuevos funcionarios, paralizada por la crisis económica y la ausencia de nuevas plazas públicas.
Proposición No de Ley de Podemos contra Muface
El último de estos envites ha llegado hace tan sólo unos días en forma de Proposición no de ley presentada por el grupo Podemos en el Congreso reclamando que “las nuevas incorporaciones de los colectivos hasta hoy protegidos por el mutualismo administrativo se incluyan en el régimen general del Sistema Nacional de Salud" lo que, en la práctica aboca a la destrucción del mutualismo administrativo.
Las reacciones a la PNL de Podemos no se han hecho esperar. Desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), la entidad que aglutina los intereses sectoriales de la sanidad privada, se reconoce que no se tiene conocimiento alguno de que el Gobierno como tal quiera modificar el sistema Muface o eliminarlo como aspira la PNL de Podemos, “pero el hecho de que sus socios de Gobierno presenten una PNL así preocupa mucho, por supuesto”, reconocen fuentes de IDIS.
800 millones de sobrecoste directo para la pública
La entidad ha querido avisar “no se está valorando suficientemente que la destrucción de Muface produciría un efecto dominó de consecuencias muy graves para toda la sanidad”. El efecto dominó al que alude la Fundación IDIS se produciría por el sobrecoste directo para las arcas de la Administración pero también por el colapso de la sanidad pública que se generaría, al tener que absorber de golpe no sólo la atención de los funcionarios mutualistas sino también de los pacientes que acudían voluntariamente al sistema privado y que se enfrentarían al cierre muchos centros privados que, por la reducción de actividad, pasarían a ser inviables si desaparece Muface, abocando a quienes acudían voluntariamente a ellos a ir sólo al sistema público.
Con cifras en la mano, la Fundación IDIS ha presentado un estudio en el que detalla que el sistema de mutualidades está cubriendo actualmente la asistencia de 1,8 millones de asegurados, el 65% de ellos cubiertos por el sistema de mutualidad de funcionarios Muface, el 31% por la mutualidad de las fuerzas armadas ISFAS y el 4% por la de la judicatura Mugeju. Estas mutualidades estarían ahorrando al sistema público entre 720 y 800 millones de euros anuales, fruto de una prima media en las mutualidades muy inferior al gasto público per cápita en sanidad en el sistema público.
En concreto, según sus cálculos la prima en las mutualidades ascendió en 2020 a 917 euros por asegurado frente a los 1.368 euros de gasto sanitario medio por persona que hay en el sistema público. Esto es, el modelo del mutualismo estaría ahorrando según explica el informe 451 euros por persona asegurada con este sistema de mutualidades, simplemente en costes directos.
El colapso del SNS por atender a 1,8 millones de personas más
El informe de la Fundación IDIS simula qué ocurriría en caso de la desaparición de las mutualidades, esto es, si los 1,8 millones de personas aseguradas por el mutualismo actualmente tuvieran que ser atendidas por el sistema público directamente. Según sus cálculos alrededor de de un 10% de esas personas que pasarían al sistema público optaría por contratar un seguro privado de salud, pero el resto quedaría en el sistema público de golpe, que tendría que afrontar la atención de entre 1,7 y 1,8 millones de personas, lo que provocaría que el gasto sanitario de los hasta ahora mutualistas pasase de suponer para las arcas públicas 2.230 millones de euros a ser de entre 2.959 y 3.030 millones según sus cálculos.
El efecto dominó de la desaparición de las mutualidades sería sin embargo mayor ya que habría que tener en cuenta también que la aseguradoras sanitarias privadas verían mermada su actividad en prácticamente en aproximadamente 1,5 millones de pólizas, el 16% de su actividad, lo que supondría una reducción de 1.500 millones de euros de facturación para las aseguradoras y 24 millones menos de impuestos de sociedades que pagarían a las arcas públicas.
Según detalla el estudio “dado que la siniestralidad de los colectivos se aproxima o supera al 100%, en este contexto, la asistencia sanitaria privada en determinadas zonas sería insostenible, ya que la inexistencia de asegurados (mutualistas), motivaría la desaparición de parte de la red asistencial privada, repercutiendo negativamente en la accesibilidad al servicio de los ciudadanos y en el aumento del gasto público”.
Cierre de centros privados e incremento de listas de espera
En concreto, se estima la pérdida de 2,1 camas hospitalarias privadas por cada 1.000 pólizas perdidas, lo que implicaría el de entre 30 y 32 hospitales privados y centros sanitarios, especialmente en zonas geográficas de menor actividad, que quedarían sin servicio privado, abocando a toda su población a acudir siempre al sistema público, pese a que actualmente un tercio de la población acude indistintamente al sistema público o privado.
Este cierre de centros privados provocaría una pérdida de 39.000 puestos de trabajo, un aumento del 15% de la ocupación hospitalaria pública que pasaría a ser del 98%, y un incremento de las listas de espera (por los habituales conciertos que no permitirían la derivación a la privada al haber quebrado los centros privados) de entre 28 y 30 días para la actividad quirúrgica y de unos 34 días en la actividad de consultas externas.
La incertidumbre para los funcionarios
El sindicato de funcionarios CSIF se ha sumado al apocalíptico escenario que dibuja el informe de la Fundación IDIS, con un aviso muy semejante: “El traspaso de los mutualistas podría colapsar el Sistema Nacional de Salud, muy debilitado por la pandemia y la falta de recursos”, ha dicho el sindicato “lamentando las presiones de Unidas Podemos poniendo en cuestión este modelo y pretendiendo eliminarlo de forma progresiva”.
Aun cuando la fuerza legal de una PNL como la presentada por Podemos es pequeña, CSIF quiere atajar la cuestión de raíz y ha solicitado una reunión urgente con la ministra de Hacienda y Función Pública, que de momento no se ha pronunciado sobre esta cuestión, “para aclarar esta situación planteada por sus socios de Gobierno, ante la incertidumbre generada entre el colectivo de funcionarios”.
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