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El Gobierno ha escrito su lista de propósitos para 2022, que incluye la aprobación o reforma de más de 350 normas y, entre ellas, 5 leyes y 17 decretos que afectarán de lleno a la sanidad.
En concreto, el Plan Normativo del Gobierno para 2022 contempla la aprobación definitiva de la Ley de Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que incluirá la preferencia de la gestión pública directa de la sanidad y los centros sociosanitarios frente a la delegada en la privada. Esta norma, cuyo borrador y se ha conocido, incorporará a las organizaciones de pacientes en lo órganos de gobernanza del SNS y limitará el establecimiento de nuevos copagos, entre otras medidas.
Entre las nuevas leyes que se aprobarán este año figura también la reforma del Estatuto Marco del Personal de los Servicios de Salud para frenar la temporalidad.
La tercera promesa sanitaria con rango de ley será una “actualización” del texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos sobre la que no se conocen todos los detalles pero que abordará cambios en la financiación de los medicamentos.
Una ley para la creación del Centro Estatal de Salud Pública, otra para reformar el Estatuto Marco y acabar con la temporalidad, una ley de prevención del alcohol en menores, una actualización de la ley del medicamento, la nueva ley de universalidad y cohesión del SNS que incluye las formas de gestión.
Está prevista también la presentación de la Ley de Prevención del consumo de alcohol y de sus efectos negativos en personas menores de edad, una norma anunciada ya por varios ministros en los últimos años y que no termina de salir adelante o, siquiera, de quedar claro su contenido.
El nuevo Centro Estatal de Salud Pública
La última ley que contempla el Plan Normativo del Gobierno para 2022 es la de la prometida creación del Centro Estatal de Salud Pública, uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno con Bruselas y que está llamada a ser el organismo que evite en el futuro los problemas de coordinación entre administraciones y falta de datos que se han vivido durante la pandemia. La configuración de este nuevo organismo, que las sociedades científicas han advertido ya que debe ser independiente para evitar su sesgo político, tendrá que definirse en esa misma ley.
El Gobierno de momento tan sólo ha avanzado que será un organismo público estatal adscrito al Ministerio de Sanidad que ejercerá competencias en “vigilancia de la salud pública, análisis, evaluación de políticas públicas, asesoramiento técnico y propuesta de medidas a las autoridades y coordinación de la respuesta ante situaciones de emergencia”, sin aclarar aún cómo se elegirá a sus directivos.
Decreto de especialidades y ACE
Además de ellas cinco leyes, el Gobierno se ha comprometido a sacar adelante 17 decretos en materia de sanidad, algunos de ellos esperados desde hace ya más de una década como el que regulará formación especializada, la creación de nuevas especialidades sanitarias y las áreas de capacitación específica. Este nuevo decreto salió ya a consulta pública y se informó en otoño al Consejo Interterritorial sobre el texto
El último borrador conocido de este decreto contemplaba la obligación de los especialistas de recertificar sus competencias cada 10 años y forzaba a disponer de un título de especialista y dos años de ejercicio de la especialidad para poder acceder a un área de capacitación específica (ACE) impidiendo así el acceso durante el MIR. Esas nuevas ACE tendrán en principio convocatorias periódicas y financiadas semejantes a las del MIR.
Además de ese decreto está previsto otro para regular el acceso a la lista de espera en trasplantes sobre el que no se dan detalles en el plan normativo más allá de vincularlo al desarrollo de la futura Ley de Medidas para la equidad, universalidad y cohesión del SNS.
Muchas reformas en materia de farmacia
En materia de farmacia están previstos también varios decretos: uno para regular los productos sanitarios in vitro, otro para regular la publicidad de los medicamentos y productos sanitarios, otro para regular los productos sanitarios, la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales y, finalmente otro para regular la calidad y elaboración de las fórmulas magistrales,
Por otra parte, se contempla también el anunciado decreto que regulará, equiparándolos a todos los efectos al tabaco tradicional, los nuevos dispositivos para fumar y vapear.
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Habrá también un decreto para crear un nodo nacional de biomonitorización, una reforma del decreto sobre envasado y clasificación de sustancias peligrosas, un decreto sobre control de la calidad del agua, uno sobre vigilancia de la salud pública y otro para regular el registro nacional de instrucciones previas tras la ley de eutanasia.
Finalmente, se contempla un decreto ara establecer criterios de calidad en radioterapia, otros de vigilancia de la legionelosis, una regulación de los centros de reproducción asistida, por último, un decreto sobre los datos mínimos que deben contener los informes médicos y otro sobre la protección de la salud en los trabajadores del mar.
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