El maremoto de infecciones causado por la sexta ola de la pandemia de covid-19, motivado por la transmisibilidad de la variante ómicron, ha generado un interés muy grande en los test de antígenos para el autodiagnóstico de la infección, al ser estos un método fiable, rápido y accesible de cribar y detectar casos positivos. Estas pruebas fueron autorizadas por el Ministerio de Sanidad para su dispensación en farmacias el pasado verano con una demanda limitada a detectar casos positivos, pero fue debido a las Navidades cuando su demanda se orientó a descartar casos positivos, por lo que creció hasta el punto de generar problemas de suministro y una escalada de precios por la escasez de los test no solo en España, sino a escala internacional. De hecho, el Gobierno, una vez que parece que la normalidad ha vuelto en el abastecimiento de estas pruebas, ha procedido a regular su precio máximo. Esto es algo que la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (Sefac) -y otras entidades farmacéuticas- ya solicitó cuando se aprobó la dispensación en farmacias de estas pruebas, con vistas a evitar problemas como los que sucedieron hace unas semanas, ya que era y sigue siendo imprescindible asegurar la equidad en el acceso a estas pruebas a todas las personas que lo necesiten.
Este problema en el suministro, circunscrito a las Navidades, ha pintado la ocasión para que las grandes superficies se postulen como los garantes del abastecimiento y de los precios bajos, cuando difícilmente podrían haberlo resuelto, dado que ha sido un problema mundial de suministro, como en su día lo fueron los problemas de abastecimiento de las mascarillas, guantes, alcohol… y entonces tampoco pudieron resolverlo. Sin embargo, lo verdaderamente relevante es el uso adecuado de estos test para que sirvan al fin que están destinados; es decir detectar y cribar positivos por lo que cualquier medida que se ponga en marcha debe ir encaminada a ello.
Es preciso comenzar por las lecciones aprendidas durante la pandemia. La primera fue la tardanza de las administraciones en contar con la farmacia comunitarias en el aprovechamiento de estos test, tal como pasó en el resto de Europa, empezando por su dispensación sin prescripción médica. Recordemos como hubo una gran resistencia de algunos sectores a esta medida alegando que la dispensación en farmacias era un peligro para el paciente (estos mismos sectores permanecen sorprendentemente callados en la presente polémica). La segunda lección es el retraso en habilitar circuitos de rastreo y cribado mediante los test de antígenos realizados en las farmacias. Afortunadamente ya son varias las comunidades autónomas que han implantado estos circuitos (Aragón, Cataluña, Galicia, Murcia…), ya que auxilian de forma considerable a la sobrecargada Atención Primaria y tendría mucho sentido que estas iniciativas autonómicas se extendieran al conjunto del país. Finalmente, el uso de los test tiene sentido principalmente en pacientes sintomáticos y en contactos estrechos (asintomáticos o no), criterio que no se cumplió durante estas Navidades, ya que se enfocó principalmente a confirmar que se era negativo, por lo que debemos aprender de este hecho para futuros cuellos de botella.
Garantía y cualificación
Estos criterios pueden y deben cumplirse en las farmacias, en primer lugar, porque son pruebas sanitarias, no simples bienes de consumo, y todas las pruebas de estas características o similares se encuentran en el canal sanitario, en este caso farmacéutico. La farmacia y el farmacéutico comunitario ofrecen unas garantías de protección para la salud que no se encuentran en otros canales con fines marcadamente lucrativos. En la farmacia existe un profesional de la salud cualificado, que conoce los distintos tipos de test (pues hay varios), que puede asesorar sobre su uso (los hay nasofaríngeos, de saliva…), resolver dudas e, incluso, ayudar en la realización de la prueba cuando así lo solicita el paciente. Es decir, no solo se “vende” un producto, sino que se presta un servicio profesional personalizado, en este caso a partir de la dispensación farmacéutica. Todo esto, obviamente, no se puede conseguir fuera del canal farmacéutico.
Por otro lado, es chocante que no se cuestione el precio de las PCR, de los test de antígenos cuando éstos se hacen en otros centros sanitarios, o por otros profesionales que los realizan a domicilio, o cuando se venden en lugares ilegales o por internet sin ningún tipo de control. Es llamativo el interés de vender estos test ahora, ¿por qué no se reclamaba su venta hace meses o un año por las grandes superficies? ¿Por qué estos test y no todos (embarazo, detección de VIH, glucemia, etc.)? e, incluso, ¿por qué se regula su precio ahora y no cuando había desabastecimiento y la especulación podía subir su precio?
Desde Sefac consideramos que la realización de este tipo de pruebas debería incluirse en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS) y estar financiada en caso de prescripción médica. Sin duda, establecer mecanismos de coordinación para la incorporación de la red de farmacias a las estrategias del SNS solo puede suponer una mejora en la atención de los pacientes y una ayuda para descongestionar la atención primaria, tan dañada en estos momentos. Estas medidas permitirían realizar un uso más racional de los test, una prestación más equitativa y una menor presión asistencial en los centros de salud.
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Por último, hay quien señala que en otros países el acceso a los test ya es posible en canales no farmacéuticos y, por tanto, debería seguirse ese modelo aquí también. Sin embargo, conviene recordar que prácticamente ningún país de nuestro entorno cuenta con una red de farmacias como la española (más de 22.000 establecimientos con más de 55.000 profesionales), con una capilaridad que garantiza el acceso a los medicamentos y productos sanitarios en cualquier lugar, sea este urbano o rural y que, salvo en casos muy excepcionales como el ya citado de las Navidades y por un desabastecimiento mundial, apenas sufre incidencias que pongan en riesgo el suministro continuado. La farmacia comunitaria permite, por tanto, que los test puedan llegar a cualquier ciudadano español, en cualquier municipio, no solo urbano, con las mayores garantías.
En definitiva, el acceso, la dispensación y, también, la realización de los test de antígenos en farmacias no solo es una garantía para el paciente y la población, también para el propio sistema sanitario y no debería ser cuestionada, sino reforzada.
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