La Agencia Europea del Medicamento (EMA) necesitaría "entre tres y cuatro meses" para aprobar una nueva vacuna ad hoc contra la variante ómicron del coronavirus si se llegara al hipotético caso de que fuera necesaria. Esa es la estimación que ha indicado esta mañana la responsable del organismo, Emer Cooke, en una comparecencia ante el Parlamento Europeo. "Si se necesita modificar las vacunas que ya están aprobadas, podríamos estar en posición de aprobarlas en un plazo de tres o cuatro meses desde que se empiecen a adaptarse", ha dicho.
Cooke ha reiterado que las vacunas ya aprobadas "son efectivas y siguen salvando a la gente de casos más severos y muertes. Incluso si las variantes se extendieran, las vacunas seguirían proporcionando protección", si bien ha recordado que "la efectividad de las dosis va perdiendo fuerza con el tiempo, así que está quedando cada vez más claro que la población va a necesitar prolongar la protección con una dosis de refuerzo". Algo que es todavía más "importante con la amenaza de nuevas variantes". Hasta ahora el organismo ha dado luz verde a las dosis de refuerzo de Pfizer-BioNTech y Moderna para mayores de 18 años, sea cuales su situación.
Cooke ha pedido algo de tiempo para poder responder con datos a algunas de las preguntas planteadas, en especial a la afectividad de las vacunas que ya han sido administradas a los europeos contra las nuevas variantes, o sobre el resultado de la mezcla de diferentes vacunas en el refuerzo.
"Tenemos que ser muy cuidadosos porque no sabemos si será necesario [modificar las vacunas]), pero tenemos planes para ello. Nos preparamos para lo peor, pero seguimos esperando lo mejor", ha dicho la especialista.
Pruebas contra la variante ómicron
Durante la comparecencia ante la comisión de Salud Pública de la Eurocámara ha asegurado que sus equipos están trabajando lo más rápido posible. "Las vacunas han demostrado ser efectivas contra las variantes que han circulado por Europa. Pero no sabemos todavía si eso seguirá asiendo así con ómicron o no", ha apuntado.
Hay muchos elementos a tener en cuenta, y diferencias notables con la demografía y los ratio de inmunización de Sudáfrica, por lo que ha pedido prudencia. Serán necesarias todavía algunas semanas para que las farmacéuticas hagan sus estudios y prueben en el laboratorio la potencia de sus productos frente a la variante que está haciendo sonar las alarmas.
La decisión sobre si lanzar una nueva vacuna, en todo caso, no corresponde a la EMA. "Antes de nada habría que decidir si hay que modificar las vacunas actuales, pero esa no es una decisión que deba tomar la Agencia. Es una decisión que debe tener en cuenta la situación epidemiológica, la eficacia de las actuales vacunas contra las variantes, la circulación de las variantes en Europa y otros muchos factores", ha recalcado.
Algunas de las fabricantes están ya trabajando en esa posibilidad, y en el sistema comunitario son las empresas las que solicitan la evaluación de la EMA, no al revés. Cuando presentan la solicitud arrancan los trámites, se proporciona toda la información y los expertos evalúan todas las posibilidades y riesgos.
Un procedimiento listo desde febrero
Pero dicho eso, la posibilidad de tener que desarrollar una nueva vacuna específica no es una sorpresa. En su intervención Cooke ha explicado que el procedimiento es normal y estaba preparado, pues eran y son plenamente conscientes todos los implicados de que con el tiempo la fuerza de la vacuna disminuye.
Por eso, en el mes de febrero la EMA ya redactó una serie de directrices y pautas para que los laboratorios proporcionen una serie de datos muy concretos sobre las vacunas modificadas o ad hoc. Hasta ahora no ha hecho falta en ninguna ocasión, y no hay ninguna certeza de que con ómicron vaya a ser diferente. En dos semanas, aproximadamente, la Agencia espera disponer de datos fiables al respecto.
Hasta el momento la EMA ha aprobado las vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, pero la directora ejecutiva ha dicho a los eurodiputados que en las próximas semanas la vacuna de Novavax podría recibir también el visto bueno. No hay fecha en cambio para las píldoras de Merck y Pfizer, que siguen siendo estudiadas.
Las dosis actuales proporcionan protección y han servido contra todas las mutaciones, pero la EMA insta a administrar las dosis de refuerzo masivamente.
Hipra dispone de un laboratorio especializado en vacunas para uso veterinario.
Hipra probará su vacuna para la covid-19 en la preocupante variante ómicron del SARS-CoV-2, que ya ha sido detectada en España (un caso confirmado en Madrid), en colaboración con el IrsiCaixa, según han informado hoy, en un encuentro con prensa especializada, Carles Fàbrega, director de la división de salud humana de la compañía especializada en vacunas para veterinaria; Elia Torroella, directora de I+D y Regulatorio, y María Tarragona, responsable de open acces. Esperan disponer de resultados de este estudio en unas 4 semanas.
Esta vacuna, desarrollada por la compañía con sede en Amer, Gerona, es de proteína recombinante adyuvada (PHH-1V) y está basada en un heterodímero de fusión del dominio de unión al receptor (RBD), que contiene las variantes B.1.1.7 (alfa) y B.1.351 (beta) del SARS-CoV-2.
Ha sido probada en las variantes alfa, beta, gamma y delta y está ahora a prueba con la mu y la delta plus.
Mientras tanto, ya avanza la fase clínica IIb, autorizada por la AEMPS el pasado 15 de noviembre, en diez hospitales españoles: Clínic y Vall d’Hebron de Barcelona; Josep Trueta de Gerona; Germans Trias de Badalona; Clínico de Valencia; Regional de Málaga; La Paz, Gregorio Marañón y Príncipe de Asturias de Madrid, y Cruces, de Barakaldo.
Según han informado los representantes de la empresa, esta vacuna está pensada tanto para primoinfección como para refuerzo de las ya comercializadas, y ha mostrado en fase preclínica una respuesta inmunológica efectiva, induciendo la producción de anticuerpos (IgG y neutralizantes), una respuesta celular de linfocitos T (CD4 y T CD8) y sin causar efectos adversos.
En esa fase preclínica, Hipra ha demostrado que el prototipo funciona en modelos animales, habiéndose inmunizado ratones con diferentes dosis de heterodímero de fusión RBD y siguiendo una pauta vacuna de dos administraciones. “Es importante destacar que la vacunación confirió una eficacia del 100% en la prevención de la mortalidad tras la exposición al coronavirus en ratones humanizados. Asimismo el estudio mostró que, en ratones inmunizados con la vacuna e infectados con el virus, no se detectó presencia de SARS-CoV-2 en pulmones ni en cerebro, dos de los órganos más susceptibles a la infección”, han precisado.
Los resultados preclínicos, en los que han colaborado IrsiCaixa, IRTA-CReSA, IGTO-CMCiB, ICREA, UB, UVic y UPF, están disponibles en el servidor preimpresión bioRxiv. “La eficacia es muy clara, sin dar lugar a interpretaciones”, destacan los representante de la compañía.
La fase clínica I/IIa, aprobada por al AEMPS el pasado mes de agosto, demostró una buena tolerabilidad y ausencia de efectos adversos relevantes en la totalidad de los participantes, así como una buena respuesta inmunitaria.
La fase III, en enero de 2022
Según los tres representantes, si los resultados de la fase IIb son igualmente favorables, en la segunda mitad de enero se podría iniciar la fase III. La previsión de la compañía es que la vacuna esté disponible entre el primer o segundo trimestre del 2022, dependiendo de las autorizaciones oportunas.
El ensayo se realiza sobre personas inmunizadas antes con la vacuna de Pfizer y, en primoinfección, se probará en Vietnam. A la fase III se sumarán la Fundación Hospital de Mollet, de Barcelona, y un grupo hospitalario privado con el que la empresa está ahora en conversaciones.
Hay que destacar que Hipra asume este desarrollo principalmente con recursos propios (préstamos de CDTI) –la empresa facturó 319 millones de euros en 2020 y prevé cerrar 2021 con un incremento del 12-13%-, aunque sus responsable han destacado que cuentan con “mucho” apoyo de la AEMPS, “aunque también está siendo muy exigente”, y están en contacto con la EMA, que considera esta vacuna para covid-19 de segunda generación.
El compuesto de la compañía gerundense ha sido testado ante las variantes alfa, beta, gamma y delta y está ahora a prueba con la mu y la delta plus.coronavirusOffCarmen Fernández. Amer (Gerona)EmpresasEmpresasOff
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La industria farmacéutica, junto con la automoción, es líder en España en inversión en I+D.
La pandemia de covid-19 ha puesto de relieve la trascendencia de la investigación que realiza la industria farmacéutica. Para muchas grandes multinacionales España es el segundo país más importante en el desarrollo de ensayos clínicos, unos estudios que se conducen en colaboración con centros públicos de investigación. No en vano España lideró en 2020 el número de ensayos contra la covid-19 en Europa.
También el año pasado, la capacidad estratégica de producción permitió que no faltaran medicamentos en las UCI. Ahora, entienden los laboratorios, es el momento de traer parte de la producción de medicamentos esenciales, que se fabrican en Asia, para evitar el riesgo de desabastecimiento ante futuras crisis.
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba oficialmente la pandemia de covid-19. Solo nueve meses más tarde, el 8 de diciembre, una mujer en Reino Unido se vacunaba contra el coronavirus. En un año Europa tenía cuatro vacunas contra el virus que ha parado el mundo. La crisis sanitaria ha situado el trabajo de investigación y desarrollo (I+D) de la industria farmacéutica en primera línea de exposición pública, pero el sector también se ha posicionado como tractor de la economía de los países.
La industria farmacéutica lidera, junto a la automoción, la inversión en I+D en España, acaparando un 19% del total de todos los sectores industriales. Las farmacéuticas invirtieron el año pasado 1.211 millones de euros, de los que el 60% (713 millones) se destinan a los ensayos clínicos, los estudios que se conducen en voluntarios para el desarrollo de medicamentos.
Ensayos clínicos
La patronal de laboratorios innovadores Farmaindustria destaca que España es una referencia internacional en ensayos clínicos. Las grandes multinacionales farmacéuticas tienen presencia en España, con centros productivos y de investigación, a lo que se suma una nutrida presencia de laboratorios nacionales. Para muchas grandes compañías es el segundo país del mundo en investigación clínica, solo por detrás de Estados Unidos. Actualmente hay en marcha en España unos 3.500 ensayos clínicos en los que participan 145.000 pacientes. Cuatro de cada cinco están promovidos por los laboratorios.
En 2020 España se situó como el primer país de Europa y el cuarto del mundo en ensayos clínicos de tratamientos contra el coronavirus y registró un nuevo récord en el número de estos estudios autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). De los 1.019 ensayos clínicos aprobados, el 34% corresponden a medicamentos para el cáncer, seguidos de los ensayos en covid-19.
Son varios los factores que han hecho posible esta situación, interpretan en Farmaindustria: la solidez del sistema de salud, el alto nivel científico de los profesionales sanitarios, una regulación española pionera en ensayos clínicos y la implicación de las asociaciones de pacientes y la industria. "Queremos mantener esta posición y mejorarla, porque hay un creciente interés en el mundo por captar estas inversiones", expone el subdirector general de Farmaindustria, Javier Urzay.
Participar en los ensayos clínicos puede adelantar varios años al acceso a la innovación
Un informe publicado en julio por la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) con el apoyo de la Fundación Farmaindustria concluye que cada euro invertido en investigación en salud (pública o privada) genera 1,6 euros de valor añadido directo, indirecto e inducido. Otro informe aparecido en 2020, de la fundación Real Instituto Elcano, señala que el farmacéutico es uno de los sectores que en España puede atraer mayor inversión internacional en investigación, ámbito en el que esta industria invierte al año en el mundo más de 150.000 millones de euros.
En el terreno de los ensayos clínicos, Urzay entiende que para ganar en competitividad hay que apostar por la digitalización de los estudios y los nuevos diseños de ensayos, como los remotos y descentralizados, para mejorar en agilidad y eficiencia. También para incorporar a la investigación clínica a hospitales y centros de salud de tamaño mediano o pequeño, lo que redunda en un incremento en la capacidad de reclutamiento de pacientes españoles. "Implica invertir para que estos centros tengan servicios de apoyo a la investigación clínica, porque realizar ensayos es una tarea muy compleja y requiere recursos especializados", alerta.
De las tres fases de la I+D de los medicamentos en seres humanos, España tiene un gran peso en la fase III, aunque pierde posiciones en las fases I y II. Si bien, de los 713 millones invertidos por los laboratorios en investigación clínica, un 36,5% corresponde a fases tempranas (I y II), y esta proporción crece de forma constante. El 56% de los ensayos promovidos el año pasado por compañías en nuestro país ya se corresponden con estas fases I y II.
Aun así, se puede avanzar en el fortalecimiento de la investigación clínica pero para ello es importante que se reconozca la labor investigadora de los profesionales sanitarios, comprende Joan Comella, director delInstituto de Investigación del Hospital Valle de Hebrón de Barcelona (VHIR). "Hay que priorizar la investigación clínica en los hospitales, porque en estos momentos no se valora especialmente por las administraciones. Se hace como un esfuerzo adicional e individual del investigador, basado en el prestigio, perono hay un reconocimiento establecido que genere una mayor capacidad de dedicarse a la investigación".
Además, advierte, "hay márgenes de mejora en aspectos administrativos y burocráticos, que impactan en aspectos de calidad, como los tiempos y la capacidad de reclutamiento".
La apuesta por la investigación en los hospitales mejora el nivel científico de la actividad asistencial, añade: "Garantiza que los profesionales están en la vanguardia del conocimiento. El beneficio se ve de forma clara, porque los servicios hospitalarios punteros obtienen mejores resultados ya que la investigación es la forma de cambiar la práctica clínica", observa el director del VHIR.
Investigación traslacional
España ha sido en 2020 el país europeo con más ensayos en covid-19.
Comella asegura que una apuesta por la investigación en los hospitales tiene el potencial de ser rentable para el país. "En muchos grandes hospitales con capacidades de investigación muy consolidadas esta investigación a menudo genera patentes y empresas. El reto es cómo transferir este conocimiento al mercado, porque hemos apostado mucho por la investigación que produce artículos científicos, pero estamos lejos de transformar esta ciencia en un impacto económico para la sociedad".
En este terreno de la investigación traslacional, hace diez años Farmaindustria puso en marcha el Programa Farma-Biotech, que selecciona proyectos de interés de start-ups biotecnológicas, hospitales y centros públicos de I+D y los presenta a la industria para fomentar las colaboraciones. Hasta el momento, al amparo de este programa, han progresado 45 nuevas moléculas que están en fase de desarrollo y protegidas por patentes.
El subdirector de Farmaindustria afirma que en esta década se han analizado casi 650 proyectos de los que se han presentado 130 a compañías farmacéuticas, lo que les ha permitido tener una visión de las carencias de la investigación básica en España. "Para llegar a desarrollar medicamentos hay que hacer una investigación en preclínica llamada regulatoria, enfocada a que los resultados se puedan aplicar en ensayos con pacientes. Faltan recursos y financiación, y es ahí donde las políticas públicas tienen que apoyar estos proyectos en los que la incertidumbre sobre sus resultados es todavía muy alta".
Durante los diez años de vida del Programa Farma-Biotech han progresado 45 moléculas
Esta inversión pública sería un incentivo para el capital riesgo, abunda Comella. "No tiene por qué ser a fondo perdido; si al final los proyectos son un éxito, el entorno público puede recuperar el dinero que ha prestado con un cierto margen. Esta forma de invertir el dinero público para reducir el riesgo del entorno privado y entrar en un ciclo autosostenible de I+D es lo que ha permitido la revolución biotecnológica en Israel o en la costa Este americana".
Pero los principales beneficiados de las nuevas terapias son los pacientes. "La innovación terapéutica nos permite vivir una vida mejor e incluso salvar nuestra vida y estar en igualdad de condiciones con otras personas que no tienen patologías", recuerda Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. "La colaboración entre la industria farmacéutica y el ámbito sanitario y de investigación es una oportunidad. Los ensayos clínicos implican poder acceder antes a la innovación y benefician al paciente, al sistema sanitario y al desarrollo de redes que trabajan por y para los pacientes".
La participación en los ensayos clínicos favorece el acceso temprano a tratamientos experimentales que pueden ser la única opción terapéutica cuando se ha agotado el arsenal de medicamentos comercializados. Si funcionan, los participantes en ensayos de fase II, pueden haber accedido a terapias entre cuatro y cinco años antes de que estén comercializadas para el resto de pacientes.
Fabricación
En Farmaindustria comprenden que la pandemia ha supuesto una prueba de fuerza para la capacidad de los laboratorios de mantener su investigación clínica, en medio de medidas de confinamiento y el colapso de los hospitales. También para la producción y suministro de medicamentos. En este sentido señalan que han presentado a la Administración el proyecto MedEst (Medicamentos Esenciales y Capacidades Industriales Estratégicas) que busca recuperar en España parte de la producción de medicamentos que son claves en la terapéutica y reducir el riesgo de desabastecimiento ante situaciones de crisis. Son fármacos de bajo precio, sin patente, cuya producción se trasladó a países asiáticos para recortar costes.
En este proyecto participan 40 compañías fabricantes de medicamentos y materias primas y supondría una inversión superior a 1.700 millones si la Administración accede a incorporarlo a uno de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (los llamados Perte). "En España tenemos 82 plantas de producción de medicamentos de uso humano, que se tienen que seguir actualizando porque la tecnología evoluciona y si no se invierte, quedan obsoletas y pierden competitividad", explica Urzay. "La capacidad estratégica de estas plantas fue la que hizo posible que durante la primera ola no faltaran medicamentos para las UCI".
Diego Vizcaíno, socio director de Economía Aplicada de AFI, subraya el peso socioeconómico de la actividad de la industria farmacéutica en España, donde los laboratorios emplean de forma directa a 42.500 trabajadores y generan 170.000 empleos indirectos o inducidos.
Según Farmaindustria, las compañías con base en España fabricaron en 2020 medicamentos por valor de 14.900 millones de euros, de los que se exportaron 12.777 millones de euros, lo que representa un crecimiento récord en este indicador del 5,6%. "Supone una cuarta parte de la producción y las exportaciones de los sectores de alta tecnología", expone Vizcaíno. Además, apunta que el sector presenta niveles elevados de competitividad exterior, ya que ocupa la posición 12 entre los exportadores mundiales de medicamentos, con una cuota del mercado mundial del 2,1%. En el total de productos que España exporta, ocupa la posición 16, y el porcentaje de participación cae al 1,8%.
Es un sector líder en productividad, con 173.000 euros de valor añadido bruto por empleado, según la patronal. "La industria farmacéutica es una actividad de fuerte arrastre. Para producir un euro de fármacos, se necesitan 0,62 euros de consumos intermedios generados por industrias y servicios auxiliares, que se ven directamente beneficiados por la actividad farmacéutica», remarca Vizcaíno. En cuanto a la inversión privada en investigación sanitaria, «genera efectos tractores que trascienden las ramas productivas más asociadas con la sanidad, e impulsa la actividad de servicios especializados, comerciales, e industriales, entre otros".
Acceso
Para Vizcaíno, los fondos Next Generation de la Unión Europea «son una gran oportunidad para el fortalecimiento de la industria farmacéutica en nuestro país». En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, encargado de articular el destino de estos fondos, el Gobierno ha anunciado para el primer semestre de 2022 un Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica que se sustenta sobre tres pilares: investigación biomédica, capacidades industriales y sostenibilidad y acceso.
En el apartado del acceso, España se sitúa por detrás del resto de grandes mercados farmacéuticos europeos, tanto en el número de innovaciones disponibles como en los tiempos de espera para poder recibir las nuevas terapias. De los medicamentos aprobados para su comercialización en Europa, en España llegan la mitad (54%) frente al 88% en Alemania, el 75% de Italia, el 73% de Francia y el 72% de Inglaterra, según el índice Wait de la asociación europea de laboratorios Efpia y la consultora Iqvia.
España se sitúa a la cola de los grandes países europeos en el acceso a nuevos medicamentos
"Esta situación no es buena para los pacientes, para el sistema salud ni para la industria. No nos permite cumplir con nuestro objetivo social como empresas, de investigar y desarrollar medicamentos y ponerlos a disposición de los sistemas sanitarios", lamenta el subdirector de Farmaindustria.
En la Plataforma de Organizaciones de Pacientes denuncian que además de mejorar la posición internacional de España en el acceso, queda mucho camino por avanzar en equidad. "Queremos un país en el que no dependamos del código postal para poder acceder a un medicamento", denuncia Escobar. "Hay que saber lo que beneficia al paciente y lo que cuesta tener a una persona sin medicación. Y saber que invertir en mejores tratamientos mejora el control de los pacientes y reduce el coste sanitario en otros ámbitos, como las pruebas médicas".
Digitalización
La digitalización de la información sanitaria de la población ofrece nuevas posibilidades para el desarrollo de estudios. Javier Urzay, de Farmaindustria, señala que para administraciones y laboratorios es una herramienta que permite medir el valor de los fármacos en condiciones reales de uso. Pero en el día a día de la investigación, Joan Comella, del Valle de Hebrón, destaca que compatibilizar la ley de protección de datos personales con la utilización de este tipo de información sanitaria «supone muchos problemas y hay que encontrar un punto de equilibrio».
La industria farmacéutica exhibe su fortaleza como motor para el crecimiento del país y reclama más incentivos para la investigación y producción.coronavirusOffNaiara BrocalEmpresasEmpresasEmpresasOff
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Las ministras Nadia Calviño, Isabel Rodríguez y Diana Morant tras el Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la Salud de Vanguardia, esto es, las medidas que se adoptarán para impulsar la sanidad gracias a los fondos europeos.
Según ha anunciado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, tras la aprobación, el PERTE movilizará 1.469 millones de euros entre 2021 y 2023, de los que 982 serán fondos públicos y 487 millones corresponderán a inversiones de las empresas “para transformar el Sistema Nacional de Salud”.
Con ello se aspira a que la sanidad contribuya en 4.335 millones de euros a engordar el PIB y se generen 12.688 puestos de trabajo, además de reducirse en un 30% las diferencias regionales en esperanza de vida ajustada a discapacidad.
Terapias avanzadas
El PERTE de Salud ya aprobado se va a centrar en cuatro objetivos según Moncloa: “posicionarnos como país líder en terapias avanzadas y fármacos innovadores, conseguir que la investigación se transfiera a las empresas y que esas terapias sean producidas en nuestro país, desarrollar un sistema de salud digital y llevar la transformación digital a la atención primaria de salud”.
Tras esos objetivos se esconde una larga batería de proyectos centrados básicamente en terapias avanzadas, renovación de equipos sanitarios y digitalización. Entre ellos figura la creación y desarrollo del Consorcio de Terapias Avanzadas en 2021 con 7,5 millones de euros y en 2022 con 15 millones extra, según el documento de Moncloa. Además de ese consorcio está prevista la creación de una sociedad mercantil para la producción y comercialización de terapias avanzadas que contaría en 2022 con una inversión pública de 36,6 millones de euros pero también con inversión de empresas privadas por valor de 38,1 millones de euros y que se considera un “instrumento coinversión y colaboración público-privada”.
Otra de las grandes líneas de trabajo del PERTE será según ha destacado la ministra la digitalización, con la creación "una base de datos integrada que permita la recogida, el tratamiento, el análisis y la explotación de los datos procedentes de las distintas fuentes para mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la investigación".
Dentro de esta digitalización están previstos acuerdos con las autonomías para “la transformación digital de la asistencia sanitaria en atención primaria y comunitaria”, dotados con 230 millones de euros y 100 millones para el data lake sanitario con las autonomías, entre otras iniciativas.
El Consejo de Ministros aprueba el PERTE de Salud, que aspira a crear más de 12.000 puestos de trabajo y prevé una gran inversión en terapias avanzadasOffLaura G. IbañesPolítica y NormativaPolítica y NormativaOff
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Esmeralda Martos, responsable del departamento jurídico de la consultora Tesera de Hospitalidad, y Encarnación Cruz, directora general de la Asociación Española de Biosimilares (Biosim). / Luis Camacho.
Servir de ayuda a las administraciones sanitarias para la elaboración de compra de medicamentos biosimilares. Ese es el objetivo del informe presentado este martes en la sede de la Asociación Española de Biosimilares (Biosim) por su directora general, Encarnación Cruz, y Esmeralda Martos, responsable del departamento jurídico de la consultora Tesera de Hospitalidad, que ha elaborado el documento Compra pública de medicamentos biosimilares en el Sistema Nacional de Salud.
Para este informe se contó con un grupo de expertos de cinco comunidades autónomas (Madrid, Navarra, Aragón, Canarias y Baleares) y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que revisó una versión preliminar y emitió una serie de recomendaciones, incluidas en un anexo. ¿Qué pusieron encima de la mesa? "Tener indicadores que nos permitan evaluar el seguimiento de los procedimientos de adquisición, porque parece que se publican, se adjudican y nos olvidamos de ellos; tener algún foro donde compartir las buenas prácticas, analizando experiencias reales de compra, por ejemplo de compras centralizadas de hospitales", ha señalado Encarnación Cruz.
"Sería necesario propugnar un diálogo previo a la publicación de los concursos. Eso terminaría agilizando los procesos"
A su vez, las comunidades autónomas pudieran de manifiesto su "dificultad para encontrar criterios de valor, adicionales al precio, que fueran robustos y objetivos, en los que se sintieran cómodos tanto la administración como la industria". En este sentido, Cruz ha indicado que sería necesario "propugnar un diálogo previo a la publicación de los concursos. Eso terminaría agilizando los procesos, porque se podrían conciliar intereses de las dos partes, se podría llegara a acuerdos que no desembocaran en incidencias jurídicas de tipo administrativo".
Planificación antes de un nuevo lanzamiento
También subrayaron la importancia de la planificación como buena práctica de la compra; es decir, realizar un horizon-scanning para adelantarse a los nuevos lanzamientos y minimizar el decalaje que existe entre dichos lanzamientos y su incorporación a los procedimientos. En ese sentido, la directora general de Biosim se ha referido a la oportunidad que se abre ahora con Ranibizumab (para la degeneración macular), "ya autorizado por la EMA; con lo cual, aunque no tienen todavía precio y financiación, ya podríamos ir avanzando un poco en cuales son las necesidades reales, qué procedimiento de compra seria el más oportuno...Ir ya avanzando en estos temas para que cuando tengamos precio y financiación podamos poner en marcha estos procedimientos. Esto es relevante para poder ser ágiles y obtener los beneficios de forma inmediata".
Encarnación Cruz, directora general de Biosim, y Esmeralda Martos, responsable del departamento jurídico de la consultora Tesera de Hospitalidad, en un momento de la presentación del informe. /Luis Camacho.
En relación con los precios de referencia, cuya actualización se publicó este lunes en el BOE, donde los biosimilares son fundamentales para formar conjuntos (como la enoxaparina parenteral), al igual que los genéricos, Esmeralda Martos ha señalado que "los procedimientos de compra deben hacerse eco de los cambios en los sistemas de precios de referencia, porque a veces no se tienen en cuenta. Esto también hay que flexibilizarlo y esto se desarrolla desde la parte de la planificación de la compra". A su vez, ha señalado la necesidad de no erosionar el mercado: "Puede que en España algunas moléculas tengan poco competidores porque el precio ya es tan bajo que a otros no les interesa entrar, y perdemos oportunidades".
A colación de esto, Encarnación Cruz sostiene que también en este caso la presencia del medicamento fuera de patente, bien sea genérico o biosimilar, contribuye a la sostenibilidad del SNS. "Hay que tener un equilibrio para encontrar el precio adecuado. Cuando se comercializa un biosimilar, tiene una primera bajada de precios en la Comisión Interministerial de Precios (CIMP); una segunda en la Orden de Precios de Referencia; y una tercera cuando se producen los procedimientos de compra. Entonces, esto es mucha presión. Por supuesto, son facilitadores, porque, si no, no habría conjuntos de referencia".
También consideran vital encontrar fórmulas que doten a los pliegos de flexibilidad en el periodo de ejecución, para conciliar periodos de ejecución largos (que eviten a los licitadores la necesidad de configurar pliegos con frecuencia con los recursos humanos y materiales que eso conlleva) con la posibilidad de incorporar medicamentos biosimilares que salen al mercado una vez ya adjudicado el contrato. Una opción serían los sistemas dinámicos de adquisición, aunque no tienen aún suficiente recorrido y experiencia.
Tampoco se han olvidado de médicos y pacientes, al sugerir la participación de clínicos en los equipos en la configuración de los procedimientos de compra pública, especialmente si se pretende realizar cambio de tratamiento en los pacientes. Y también proponen la participación de pacientes para realizar propuestas de criterios adicionales al precio (por ejemplo: nivel de confort con el dispositivo de administración, dolor en la aplicación, etc.) y que la administración evalúe después su inclusión.
Encarnación Cruz, directora general de Biosim. /Luis Camacho.
Sobre el Plan de genéricos y biosimilares pendiente de publicar por el Gobierno, Cruz ha declarado que contiene medidas "muy generales. Hay que incidir en cómo se desarrollan para ver si son capaces de fomentar el mercado de los medicamentos de biosimilares. Una de las medidas era establecer criterios de fijación de precios; ahora no está establecido en el medicamento biosimilar. Necesitamos que esas medidas sean realmente incentivadoras del mercado de biosimilares, y no sólo sean de racionalización del gasto".
En términos estrictamente jurídicos, Martos ha señalado que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) (Ley 9/2017, de 8 de noviembre)no está pensada para la compra pública sanitaria, "ni, desde luego, de medicamentos biológicos. Ahí nos encontramos barreras y retos, pero pueden ser superados". A pesar de todo, ha indicado que "genera un marco de garantías óptimo, tanto para la administración como para sus proveedores y contratistas". Y se ha referido a que la LCSP se refiere a la sostenibilidad del sistema, de promover procedimientos eficientes. En concreto, sostiene que se podrían introducir particularidades en la LCSP.
Esmeralda Martos. /Luis Camacho.
Se ha referido a dos autonomías: Baleares, que ha promulgado una ley para agilizar la compra de medicamentos, y Navarra, para adecuar su propia ley foral de contratos. En todo caso,, considera que hay que guiarse por unos principios rectores en materia de contratación, con dos nuevos introducidos por la LCSP: el de proporcionalidad e integridad. A ellos se unen los de publicidad, transparencia, concurrencia e igualdad de trato.
"La Ley de Contratos del Sector Público no está pensada para la compra pública de medicamentos biológicos"
Martos señala que hay ciertas técnicas de racionalización, como el acuerdo marco, que permiten homologar en un lote a varios empresarios: "Eso se traduce en disponer de distintas opciones, "que se cuente con alternativas y que no se vea nunca mermada las capacidades del paciente en relación con el acceso a los distintos tratamientos". Y también ha señalado que se habla mucho del sistema dinámico de contratación, "pero aún no se ha utilizado para este tipo de adquisiciones".
En resumen, el contrato ha de ser "claro, unívoco y funcional. El objeto del contrato ha de ser claramente establecido". Sobre las vigencias de los contratos, para que el procedimiento no se quede obsoleto, Martos ha apuntado la necesidad de adecuarlo según el mercado: "Si hay más biosimilares en el mercado, igual las vigencias han de ser más cortas, incluso anuales, para tomar la decisión de si continuar o no con el mismo procedimiento. Si, por el contrario, estamos en un mercado más maduro, probablemente la vigencia del contrato se deba establecer por bloques más largos, por ejemplo de dos años".
Análisis jurisprudencial para no tropezar dos veces...
...con la misma piedra. El informe incluye para ello un apartado con resoluciones judiciales. Como explica Encarnación Cruz, directora general de Biosim, "los tribunales de contratación han puesto ya de manifiesto algunas cuestiones que, sin embargo, siguen reiterándose en procedimientos de compra posteriores o en recursos. Por ello, hacer un análisis jurisprudencial de las resoluciones de los tribunales de contratación puede ser de especial ayuda a las administraciones".
Se mencionan resoluciones judiciales con procedimientos de contratación impugnados y recursos desestimados
Así, por ejemplo, se mencionan resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, con procedimientos de contratación impugnados y recursos desestimados, como uno presentado contra el suministro del medicamento etanercept para los centros sanitarios que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.
El recurrente entendía que el objeto de contrato, al definirse por principio activo, permitía la adquisición de biosimilares y, en consecuencia, la sustitución indiscriminada de medicamentos biológicos por biosimilares, lo que atentarían contra la facultad de prescripción. El tribunal concluyó avaló la configuración del lote por principio activo, al ser una competencia discrecional del órgano de contratación y que el carácter sustituible o no de los medicamentos biológicos es una cuestión clínica que no tiene por qué afectar al objeto del contrato, desestimando en consecuencia el recurso.
En otro recurso similar, contra el suministro de adalimumab también para los centros sanitarios que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén, el tribunal desestimó el recurso por considerar que "ya está asentada la doctrina que avala la posibilidad de configurar el objeto del contrato por principio activo, imponiendo al recurrente una multa por mala fe en la interposición del recurso".
Movilizaciones de Satse a las puertas de un hospital de referencia en Madrid. FOTO: José Luis Pindado.
La Sala de lo Social ha establecido en una sentencia que el ofrecimiento del Sindicato de Enfermería (Satse) de un bono de 100 euros a aquellos afiliados que acreditasen haber votado en las elecciones sindicales celebradas el 8 de mayo de 2019 para la elección de miembros de las juntas de personal y comités de empresa de los centros adscritos a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid lesionó el derecho fundamental a la libertad sindical.
El tribunal condena al sindicato SATSE a pagar 3.000 euros, como indemnización por daños y perjuicios, a CCOO al estimar parcialmente el recurso de casación interpuesto por este último sindicato contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideró que no se había vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical.
"El ofrecimiento de este vale regalo de 100 euros constituye una manera de solicitar indirectamente el voto"
La Sala considera que el ofrecimiento de este vale regalo de 100 euros constituye una manera de solicitar indirectamente el voto en favor de las candidaturas del sindicato. Añade que en la nota del sindicato que anuncia ese ofrecimiento se dice que el vale de 100 euros se entrega en calidad de recuerdo de la participación en estas elecciones, pero que “a nadie escapa que su cuantía económica es ciertamente relevante, y no se trata de la mera y simple entrega de una insignia, distinción o cualquier clase de objeto de valor económico insignificante, a modo de recuerdo conmemorativo del día de la votación”.
La sentencia, ponencia del magistrado Sebastián Moralo, explica que “bien pudiere pensarse que esa clase de ofrecimientos evidencia una manifiesta debilidad del sindicato, una falta de confianza en sus propios afiliados, hasta el punto de considerar oportuno ofrecerles una recompensa económica para promover su participación en el proceso electoral, pero lo cierto es que se está poniendo sobre la mesa una recompensa de valor económico no desdeñable con la que se pretende conseguir el mayor incremento posible de votantes en favor de las candidaturas del sindicato”.
Indica que "es cierto que la oferta no se condiciona formalmente a la emisión del voto por esa opción sindical, lo que, obviamente, supondría una solicitud directa del voto a cambio de aquel regalo, pero no lo es menos, que indirectamente se está persiguiendo ese mismo objetivo por la vía de promover la movilización para acudir a las urnas entre sus afiliados con aquel incentivo”.
Más allá del reproche moral
El tribunal señala que el reproche que esa actuación merece no puede ser únicamente de carácter moral, como si se tratase de una simple infracción de las reglas de la ética en la práctica sindical, sino que va mucho más allá de meras consideraciones sobre su mayor o menor honestidad, para entrar de lleno en el terreno de la ilegalidad, por la grave intromisión que supone en los resultados del proceso electoral, excediendo manifiestamente los límites de las herramientas electorales a las que legítimamente pueden recurrir los sindicatos para conseguir el mayor número posible de votos en favor de sus candidaturas.
Para la Sala no desmerece esta conclusión el hecho de que vaya dirigido únicamente a los propios afiliados, “puesto que eso no desvirtúa la consideración de que se pretende mediatizar e influir en el sentido de su voto, que es libre, personal y secreto”.
Remarca que el hecho de que solo reclamaran el bono 200 trabajadores, no desvirtúa la gravedad de una conducta que está dirigida a los 15.000 afiliados con los que cuenta el sindicato, siendo este el colectivo de electores sobre el que se pretende influenciar con la oferta de aquella recompensa, lo que resulta ciertamente relevante en los resultados finales del proceso electoral, y supone una grave intromisión en la limpieza y pulcritud que debe regir cualquier sistema de elección democrática de representantes.
El tribunal advierte del peligro que la convalidación judicial de este tipo de ofrecimientos pudiere dar pie a convertir el proceso electoral en un mercadeo. Considera que su aval judicial supondría “un enorme menoscabo en la calidad democrática a la que deben ajustarse los procesos electorales, poniendo en peligro el principio de igualdad de armas bajo el que debe desarrollarse, hasta el punto, incluso, de cuestionar finalmente y deslegitimizar los propios resultados de la votación”.
La Sala fija una indemnización de 3.000 euros, en lugar de los 25.000 euros que reclamaba CCOO, al considerar que no se aprecia un perjuicio especialmente grave que deba resarcirse económicamente en una suma tan elevada como la solicitada, cuando es evidente que la principal, y legitima, finalidad de la demanda, es la de conseguir una declaración judicial que declare la ilegalidad de este tipo de prácticas sindicales y evitar su reiteración en el futuro.
Antonio Velayos Mayo está destinado como capitán enfermero en el Regimiento de Transmisiones 1, en la Base Militar Cid Campeador en Burgos, y es el responsable de la asistencia sanitaria en el Regimiento.
Ingresó en las Fuerzas Armadas (FAS) en 1988, fundamentalmente por lo atractivo del trabajo, ya que desde siempre le habían atraído las actividades al aire libre, con actividad física y sobre todo por una vocación de servicio a la sociedad que entonces realizaba a través del voluntariado.
Reconoce que la Enfermería Militar es una buena opción laboral, cuya carrera profesional permita avanzar en responsabilidades y sueldo.
PREGUNTA. Enfermería se caracteriza por mucha interinidad e inestabilidad laboral. ¿Es la Enfermería Militar una buena opción laboral?
P. Una vez superado el periodo de formación en las academias, se adquiere la condición de militar de carrera; es decir, mantenemos una relación de carácter permanente, integrándonos en la Escala de Oficiales Enfermeros. Nuestra carrera profesional comienza con el empleo de teniente, continuando con el de capitán, comandante y teniente coronel. Los ascensos suponen un aumento en las responsabilidades y en la remuneración.
P. Desde un punto de vista laboral, ¿qué ofrece la Enfermería Militar que no ofrece la civil?
R. En primer lugar ofrece trabajar en una institución que está al servicio de la sociedad, con una serie de valores donde el altruismo, la generosidad, el compañerismo y la lealtad priman sobre los intereses personales.
También es importante señalar que es posible trabajar en campos muy diversos, donde la Enfermería puede desarrollarse, y ofrece la posibilidad de movilidad geográfica al haber puestos de trabajo en la mayor parte de España. En este aspecto, los traslados son muy fáciles, ya que que cada 3 o 4 meses hay concursos a través de los cuales es posible cambiar de destino, con la posibilidad de trabajar en un centro sanitario, en la sanidad civil o prestar servicios en un buque de la Armada, una unidad de montaña, una unidad paracaidista, volar como tripulante de un helicóptero de rescate, estar integrado en un equipo de aero-evacuación, trabajar en un órgano de gestión, etc.
El trabajo, en muchas ocasiones, se desarrolla al aire libre y realizando actividad física, siendo una parte muy importante de nuestro día a día la preparación física, que es necesaria para afrontar nuestras actividades laborales.
Además, es importante señalar que es posible realizar las especialidades de Enfermería Medico-Quirúrgica en zona de operaciones y Enfermería de Urgencias y Emergencias, así como cursos de formación específicos de la Sanidad Militar: Enfermería Hiperbárica (accidentes de buceo), Enfermería Aeroespacial/de vuelo, Soporte Vital Avanzado en Combate... Otro gran atractivo son las de misiones en exterior, así como la estabilidad laboral.
P. ¿Se valoran las especialidades vía EIR (Geriatría, Comunitaria, Trabajo y Salud Mental) en la Enfermería militar?
R. Actualmente, para la fase de concurso no se valoran las especialidades vía EIR, ya que los méritos de la fase de concurso se rigen por la Orden de DEF/2454/2011, de 6 de septiembre en su Anexo I.
Por parte de las Fuerzas Armadas existen dos especialidades: Enfermería Medico-Quirúrgica en Zona de Operaciones y Enfermería de Urgencias y Emergencias, que se cursan durante dos años en el Hospital Central de la Defensa.
P. ¿Ha aumentado el número de enfermeros que se ha interesado por esta opción tras la pandemia?
R. Desconozco el dato, pero es de suponer que durante la pandemia ha aumentado la visibilidad de las Fuerzas Armadas como institución al servicio de la sociedad, a la que sirven y es su razón de ser, permitiendo que se conozca nuestra forma de trabajar y de cumplir con lo que la sociedad española nos demanda. Lamentablemente, la Enfermería Militar aun es muy desconocida entre los profesionales de Enfermería o los alumnos.
P. ¿Cómo está colaborando la Enfermería militar en la pandemia?
R. Durante la pandemia, las FAS han llevado a cabo dos operaciones BALMIS y BALUARTE. En ambas han estado implicados los enfermeros, manteniendo la operatividad de las unidades, como jefes de la Unidades de Vigilancia Epidemiológica de las FAS, en las distintas bases y acuartelamientos, así como de los puntos de vacunación. En la operación BALUARTE, que es el apoyo a las comunidades autónomas para el rastreo de casos y contactos, los enfermeros militares han ejercido labores de supervisión, asesoramiento y coordinación.
P. ¿Cuántos enfermeros militares hay en España y cuál es la proporción entre hombres y mujeres?
R. Actualmente la proporción de mujeres en la Escala de Oficiales Enfermeros es de casi un 40%, superior al de la Fuerzas Armadas que es de un 15% aproximadamente.
La mujer se incorporo a las FAS en el año 1988, siendo las pioneras las enfermeras militares, desde entonces se ha incrementado el número de mujeres en nuestra escala y es previsible que en próximos años siga en aumento.
P. ¿Suelen tener más autonomía en su campo las enfermeras militares que las civiles?
R. Ambas enfermerías no se diferencian en cuanto al grado de autonomía, lo que difiere son las circunstancias en las que las militares ejercemos nuestra profesión: en ambiente hostil -tanto por la amenaza como por las circunstancias geográficas y ambientales-, en condiciones de aislamiento, con dificultad de evacuación, escasez de recursos y, en ocasiones, sin apoyo médico o siendo este remoto.
En numerosas ocasiones es el enfermero el único profesional sanitario que debe solucionar todos los aspectos que afectan a la salud de un contingente, destacamento o buque. Tiene que afrontar situaciones en las que debe tomar decisiones sobre la atención sanitaria, para ello la Inspección General de las FAS ha puesto a disposición de los profesionales de Enfermería de las FAS protocolos y guías de práctica clínica y asistencial para la indicación, uso y autorización de disposición de medicamentos sujetos a prescripción médica en el ámbito del Ministerio de Defensa.
Actualmente existen cuatro: GPC para el manejo del trauma grave, protocolo para el manejo de la anafilaxia, protocolo RCP y protocolo para el manejo inicial ante la sospecha de traumatismo cráneo encefálico.
P. ¿Cómo se accede a la Enfermería Militar? ¿Son suficientes las plazas que se convocan?
R. En 2021 se convocaron 38 plazas libres y 7 de promoción interna para Enfermería Militar. El acceso es mediante un concurso oposición, que permite acceder al ingreso en los centros docentes de formación militar. Es necesario poseer el título de Diplomado o grado de Enfermería en el plazo de presentación de la solicitud.
La fase de oposición consta de varias pruebas: una de conocimientos de enfermería tipo test de 250 preguntas, un ejercicio practico, otro de lengua inglesa, una prueba psicológica, reconocimiento médico y pruebas físicas.
Una vez obtenidas las calificaciones finales de todo el proceso de selección, se ordenan de mayor a menor, asignándose las plazas convocadas comenzando con el aspirante que haya obtenido la mayor de las calificaciones. Los declarados alumnos se incorporaran durante un curso a las academias del Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire y posteriormente a la Escuela Militar de Sanidad de la Academia de la Defensa.
P. ¿Cuáles son las funciones de un enfermero militar?
R. Son las mismas que podrían tener los enfermeros civiles. En mi caso es la asistencia sanitaria en unidades, que podría asemejarse a la Enfermería del Trabajo y la Comunitaria. Se realiza control de bajas medicas, gestión de recursos sanitarios y de personal; además de la asistencia de urgencia que aquellas patologías que surjan durante la jornada laboral, campañas de prevención de accidentes, programas de fomento de la salud, así como apoyar las funciones periciales. También realizamos apoyo sanitario en ejercicios y maniobras de las Unidades de los Ejércitos en las que prestamos nuestro servicio, donde se realizan actividades de riesgo (ejercicios de tiro, manejo de explosivos, escalada, saltos paracaidistas, buceo…). Se trata de un servicio indispensable en las fases de instrucción y de despliegue de las mismas. Otros compañeros prestan sus servicios en la Red Hospitalaria de la Defensa, siendo sus funciones las propias de un enfermero de un centro sanitario.
Uno de los aspectos mas atractivos de nuestra profesión es el apoyo sanitario en misiones fuera del territorio nacional. Al igual que otros compañeros, he estado desplegado en Bosnia Herzegovina, Kosovo Afganistán y el Líbano, prestando asistencia tanto de nuestro contingente como de la población civil de los territorios donde desplegamos. A pesar de la distancia, escasez de medios y dificultad, se trata de la situación donde he encontrado mayor satisfacción profesional y personal. Igualmente, la Enfermería Militar está presente en situaciones de emergencia y en catástrofes en territorio nacional e internacional.
Dentro de nuestras funciones, también realizamos gestión y administración sanitaria, dependiendo del nivel de responsabilidad en los distintos órganos sanitarios de las FAS.
P. Un parte esencial de su trabajo diario es la docencia...
R. Además de la que se realiza en nuestros centros sanitarios de la Red hospitalaria de la Defensa, que es semejante a la de otros hospitales civiles, se realiza instrucción y adiestramiento militar en materia sanitaria. La finalidad principal de nuestro quehacer es evitar o disminuir las consecuencias de las lesiones que puedan producirse cuando el personal militar afronta situaciones de riesgo. La instrucción sanitaria en ambiente táctico y en situaciones de hostilidad, es determinante para la disminución de las morbi-mortalidad en operaciones.
También se forma e instruye e instrucción al personal de tropa asistencial, nuestros sanitarios, que son los que en un primer momento van ha prestar la primera ayuda. La finalidad última es que la asistencia llegue cuanto antes y con la mayor calidad al combatiente. Esta función docente se ejerce por parte de enfermeros en las distintas Academias del Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire y especialmente en la Escuela Militar de Sanidad.
Otra parte de nuestro trabajo es el asesoramiento al mando en materia sanitaria y planificación de los medios con motivo de maniobras, ejercicios o despliegues.
La labor investigadora es parte esencial de la Enfermería lo que ha permitido dar un corpus propio a nuestra profesión. En nuestro caso se vehicula a través de nuestras Direcciones de Sanidad de los Ejércitos y de la Inspección General de Sanidad, que fomenta y supervisa los trabajos de investigación.
Para Antonio Velayos, capitán enfermero en el Regimiento de Transmisiones 1 en la Base Militar Cid Campeador en Burgos, es una opción laboral que permita avanzar.OffAlicia SerranoOff
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El Supremo estima así el recurso del Gobierno vasco contra el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, del pasado 22 de noviembre, que denegó dicha medida. La sentencia acordada por la Sección Cuarta de la Sala, incluirá el voto particular del magistrado Antonio Fonseca-Herrero. El texto íntegro de la sentencia se conocerá en los próximos días, según informa el Tribunal.
Con esta resolución, la Sala Contenciosa-administrativa del Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en tres ocasiones en relación a los límite en el uso del pasaporte covid como instrumento de control de la incidencia. Antes avaló el uso de este instrumento en el ocio y la restauración de Galicia y en otra sentencia, sin embargo, rechazó la solicitud de la Junta de Andalucía.
De este modo y según informan fuentes jurídicas del Gobierno vasco, la aplicación del pasaporte covid entrará en vigor en el momento que el auto sea notificado al Gobierno de Urkullu y sin necesidad de ninguna otra resolución, pues la medida y su aplicación ya fue publicada en una resolución del Gobierno.
A la espera de conocer los detalles del auto, fuentes jurídicas consideran que con esta decisión del Supremo el camino para convertir el pasaporte covid en un instrumento de control en todas la comunidades autónomas se allana. Eso, sin embargo, no evita el procedimiento que cada gobierno autonómico debe emprender para solicitar la aplicación del pasaporte covid en su territorio.
Vicente Lomas, jefe del servicio de coordinación jurídica del Sescam, lo explicaba así: "La comunidad autónoma que opte por utilizar el pasaporte covid debe aprobar la correspondiente disposición normativa que posteriormente debería ser objeto de ratificación judicial por afectar a derechos fundamentales: como los derechos de intimidad (el usuario tendría que decir si está o no vacunado), igualdad (posible trato discriminatorio frente a aquellos que se han vacunado), y previsiblemente el de protección de datos personales, si el centro procediese al tratamiento de estos datos con la creación de ficheros".
El Tribunal Supremo admite aplicar el pasaporte covid en el ocio y la restauración del País Vasco en contra de la decisión adoptada por el TSJ de esta comunidad, que fue recurrida por el Gobierno de Urkullu.coronavirusOffSoledad Valle. MadridPolítica y NormativaPolítica y NormativaPolítica y NormativaPolítica y NormativaOff
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Un portavoz del Comité de Huelga MIR de la Comunidad Valenciana hablando en un encuentro informal con la consejera de Sanidad, Ana Barceló, durante una visita de ésta al Hospital de Alicante (Fotos: Huelga MIR CV)
La Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos (CESM) está recogiendo los primeros frutos de las querellas y recurso presentados en los juzgados contra los cargos públicos que consideran responsables de que los médicos trabajaran sin los equipos necesarios para protegerse del SARS-CoV-2.
La última de las respuestas judiciales a este sindicato llega desde la Comunidad Valenciana. El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha admitido a trámite la querella criminal presentada por el sindicato CESM-CV contra la cúpula de la Consejería de Sanidad de esta comunidad. Los querellados son Carmen López Delgado, directora general de RRHH de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública; Isaura Navarro Casillas, secretaria autónoma de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público; Amparo García Layunta, directora general de Asistencia Sanitaria; Ofelia Gimeno Forner, directora general de Salud Pública, y David Fernández Martínez, director de Operaciones y Explotación.
Fuera de esta querella está la consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló Chico, que por su cargo de responsabilidad no puede ser investigada por el juzgado. Sin embargo, Guillermo Llago, abogado de CESM-CV que ha llevado este proceso aclara que: "Con esta admisión a trámite, el juzgado abre una investigación para que se averigüe quiénes son los responsables de que los médicos fueran obligados a trabajar sin tener los medios de protección necesarios. En esta investigación, el juzgado puede concluir que hay indicios de responsabilidad de la consejera, entonces, el caso sería remitido al TSJ de Valencia, para continuar el procedimiento".
El sindicato insiste en su querella en que los responsables han infringido la legislación de prevención de riesgos laborales. A lo que el auto judicial ha respondido en su auto que la "nueva querella acumulada es muy concreta y específica, detallada, citando datos determinados, actuaciones del sindicato de requerimientos de entrega de EPI (Equipos de Protección Individual) y de las medidas de protección en materia de seguridad laboral a la administración valenciana".
Por ese motivo, la resolución judicial afirma que "es procedente abrir la inicial investigación para determinar la verdadera actuación de Generalitat Valenciana en la pandemia y si la misma pudo incurrir en el delito contra la seguridad e higiene en el trabajo, respecto a los trabajadores facultativos y sanitarios con independencia de posteriores justificaciones que se prevé en cuando a la inexistencia de medios materiales y medios económicos, circunstancias que en todo caso deberán ser valoradas una vez que se tomen por este Juzgado los primeros datos de hecho en la cuestión debatida objeto de querella".
Otros procedimientos
Además, en el ámbito penal, el sindicato CESM-CV lleva las reclamaciones de 1.500 médicos que trabajaron sin EPIs en los primeros meses de la pandemia. Las reclamaciones presentadas en la Vía Social están en los juzgados de Valencia, Elche, Alicante, Benidorm y Castellón. El abogado Llago explica que, para las reclamaciones, los facultativos se han dividido en cuatro tipos: los que fueron obligados a trabajar sin medidas de protección; los que trabajaron sin medidas de protección y pasaron cuarentena en su casa; los que sin medidas de protección se infectaron y pasaron la covid en su casa y, por último, los que trabajaron sin protección, se infectaron y tuvieron que se ingresados en el hospital e incluso algunos en la UCI.
Ante esta división cabe preguntarse si aquellos médicos que trabajaron sin protección pero que no tiene constatado ningún daño por ese motivo pueden reclamar una indemnización que, a priori, se dicta para compensar un daño. El abogado responde con un sí contundente. Explica que en el caso de ese primer grupo, que trabajaron sin EPIs, pero no reconocen ni haberse infectado ni tener ningún otro daño claro, hay un derecho a indemnizar "por el riesgo que ha asumido el médico, más allá de si se ha concretado ese riesgo o no".
Los protagonistas de estas demandas que reclaman una condena y una indemnización en la jurisdicción social son médicos con nombre y apellido. El primer grupo, cuyo caso está listo para sentencia, según apunta el abogado, lo forman 105 facultativos. "La sentencia, del juzgado social número 10 de Valencia, la esperamos para después de Navidades", apunta Llago.
Ahora se abre una investigación, en respuesta a la querella de CESM-CV, para aclarar las responsabilidades por violar la la ley de prevención de riesgo laborales durante los primeros meses de la pandemia.coronavirusOffSoledad Valle. MadridPolítica y NormativaPolítica y NormativaPolítica y NormativaPolítica y NormativaOff
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Elevan otro escrito a Zapatero y a la gerente de Primaria
Aspecto de una protesta sanitaria convocada por CCOO la pasada semana por el centro de Madrid (Foto: FSS-CCOO).
No al despido de los miles de sanitarios que fueron contratados como refuerzos covid en la Comunidad de Madrid, y que, si nada lo remedia, verán como el próximo 31 de diciembre se extinguen sus contratos. El clamor profesional (virtual y real) por la plena renovación de los contratos covid cobra tintes de rebelión institucional con la carta (una más) que han firmado los equipos directivos de atención primaria. Ésta vez, nada menos que 180 centros de salud y 84 ambulatorios, que alertan del inminente despido de casi 700 facultativos.
El escrito, dirigido expresamente a Antonio Zapatero, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de Madrid, y a Sonia Martínez Machuca, gerente asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), recuerda que el 31 de diciembre finalizan los contratos de los 11.224 sanitarios fichados en Madrid desde marzo de 2020 (entre ellos los 1.067 facultativos de especialidades hospitalarias).
Tres enfermeras de un hospital madrileño muestran el hashtag de la campaña abierta en redes (Foto: @DePrecarios)
Dada la intención de la Administración sanitaria madrileña -anunciada en mesa sectorial el pasado octubre- de no renovar más que al 35% de esos refuerzos, los directivos de primaria firmantes del escrito estiman que más de 700 médicos hospitalarios podrían verse en la calle a finales de este año, y piden explícitamente a los responsables sanitarios autonómicos que renueven el contrato de esos especialistas y que, "de manera excepcional", pasen a reforzar los centros de salud, "para prestar asistencia en las consultas covid al menos hasta junio de 2022, en que se pueda haber logrado un mayor control de la pandemia".
El escrito (abierto a la posible adhesión de nuevos equipos directivos en las próximas horas) reclama, además, que se prolonguen y aumenten los contratos covid de Enfermería, gestores covid, TCAE y personal no sanitario, "y se mantengan en sus centros de salud actuales, en los mismos plazos, e igualmente sujetos a revisión, en función de la evolución de la pandemia y de la labor de prevención sobre la enfermedad en las próximas semanas".
La campaña ,virtual es la antesala de la protesta del jueves ante la Asamblea de Madrid (Foto: @DePrecarios).
Si a finales de octubre eran 118 los equipos directivos de centros de salud (de los 265 censados en la comunidad) que firmaron una carta para denunciar las dificultades que estaban sufriendo ante la falta de plantilla y las restricciones de la Administración para prolongar la jornada del personal, el nuevo escrito eleva el órdago al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y convierte el clamor en algo ya muy difícil de ignorar por el Sermas: el 67,9% de sus directivos de atención primaria cuestionan la política de Personal de la consejería.
Al margen de los destinos que se dé a esos 700 especialistas hospitalarios en una hipotética renovación de sus contratos, el sindicato profesional Amyts, que reúne al grueso de los médicos que ejercen en el Sermas, habla de la "flagrante trampa" que esconden esos presuntos contratos covid de médicos: Amyts argumenta que gran parte de esos 1.067 facultativos presuntamente contratados como refuerzo durante la pandemia eran especialistas fichados antes del coronavirus, a quienes se cambió su contrato eventual por un contrato covid.
En suma -prosiguen fuentes del sindicato Amyts-, "estos profesionales eventuales llevan tanto tiempo en los hospitales que ya son plantilla estructural, y con la excusa de falta de capacidad presupuestaria [el argumento esgrimido por la Dirección de Recursos Humanos del Sermas en la última mesa sectorial] y de un descenso de la actividad covid en los úiltimos meses no serán renovados, creando un grave perjuicio a la sanidad madrileña".
Al golpe en la mesa de los directivos de centros de salud y ambulatorios se suma una campaña en redes sociales que, bajo el hashtag #YoSoyContratoCovid, ha organizado el colectivo Médicos Precarios de Madrid (@DePrecarios) y que ha reunido en las últimas horas (y sigue haciéndolo) cientos de mensajes y fotografías de profesionales sanitarios (con y sin contrato covid) exigiendo a la Consejería de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero la renovación de los más de 11.000 refuerzos, en sintonía con la petición unánime que los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (Amyts, Satse, CCOO, UGT y CSIT-UP) llevan meses haciendo: la conversión en estructurales de esos contratos.
Y a la manifestación virtual se suman sendas convocatorias de protesta en las calles de Madrid: una, la que esos cinco sindicatos celebrarán este mismo jueves, a las 14.00 horas frenteal Hospital Universitario Gregorio Marañón, como parte de su campaña para denunciar la "precarización" de la sanidad pública madrileña y la política de Personal de Díaz Ayuso; y otra, el mismo jueves a las 16.30 horas,frente a la Asamblea de Madrid (que también apoyan expresamente los sindicatos), convocada por Médicos Precarios para "poner voz y rostro a las personas que ven su trabajo pender de un hilo tras haberse visto expuestos durante la pandemia", según reza la convocatoria de la protesta.
El gobierno de la CM quiere cesar a 7500 profesionales de la Sanidad Pública el 31/12 mientras mantiene eternas listas de espera, Atención Primaria y SUAPs cerrados, urgencias hospitalarias saturadas.
De hecho, las cifras que manejan los sindicatos y el colectivo de Médicos Precarios son menos optimistas que las que reflejan en su último escrito los directivos de los centros de salud: sindicatos y profesionales aseguran que "las noticias que nos van llegando de hospitales y centros de salud" elevan el porcentaje de despidos hasta el 65% de los contratos covid, lo que, a su juicio, implicaría que "unos 7.500 sanitarios desaparecerán de la plantilla del Sermas, mientras las cifras de covid comienzan a repuntar y la nueva variante ómicron acaba de ser detectada la capital".
"No es admisible"
Los directivos de atención primaria justifican su petición de trasvase de esos 700 especialistas al primer nivel por la disminución de la presión asistencial por covid en los hospitales de la capital, el mantenimiento de la misma en primaria y el progresivo aumento de la demanda en este nivel por el repunte de la incidencia y "el incremento de cuadros con clínica respiratoria habitual en esta época del año, en los que es necesario discriminar".
"Esto nos obliga, según protocolo -prosigue el escrito-, a mantener las consultas covid en las mismas condiciones que a lo largo de toda la pandemia, suponiendo una labor asistencial adicional que restringe o demora la ya maltrecha labor asistencial no covid".
Los responsables asistenciales del primer nivel convienen, además, que "tampoco parece admisible" prescindir de personal de refuerzo administrativo y enfermero, o de gestores covid, "ante la más que evidente decisión de vacunar a niños contra el coronavirus y ampliar a una tercera dosis la vacunación a prácticamente toda la población". Más bien, remachan los directivos de centros de salud, "lo razonable parece que estos refuerzos sean ampliados". A partir de ahí, siete páginas con el nombre de los 180 centros de salud y 84 ambulatorios que, de momento, se suman a esta enmienda a la gestión de Personal del Sermas.
Directores de centros de salud piden que los 700 médicos de hospitales que serán despedidos el día 31 sean renovados para reforzar primaria.coronavirusOffFrancisco Goiri. MadridOff
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