Hace ahora un año que el Ministerio de Sanidad abrió a consulta pública previa la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, con el objetivo de recoger ideas sobre cómo modificar los siempre controvertidos copagos farmacéuticos, una de sus grandes promesas electorales socialistas.
Un año después de comenzar la consulta pública pero sin un texto público todavía sobre la mesa, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado este jueves que el anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión contemplará “la introducción de medidas para impedir nuevos copagos sanitarios” y “homogeneizará los colectivos exentos del copago farmacéutico y ortoprotésico, lo que va a significar que los menores con discapacidad reconocida y los colectivos que ya fueron eximidos del copago farmacéutico, también lo serán del copago ortoprotésico”, según ha detallado su departamento.
Darias, que ha recogido este jueves el premio del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) por haber eximido el pasado año de copago farmacéutico a los menores de 18 años con discapacidad, no ha detallado exactamente en qué consistirá la reforma más allá de afirmar que la nueva ley establecerá “las garantías necesarias para que no puedan introducirse nuevos copagos” y homogeneizará los colectivos exentos de copago tanto para la prestación farmacéutica como, en adelante, también para la ortoprotésica.
Sobre la homogeneización de los copagos farmacéuticos y ortoprotésicos, Sanidad ha recordado que ya “se ha creado un catálogo de productos ortoprotésicos para todo el SNS, incluyendo un centenar de nuevos productos, además de haber minimizado las barreras económicas, al establecer un tope de financiación, con la finalidad de que no se tengan que pagar cantidades adicionales a las financiadas”.
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Las palabras de Sanidad hacen referencia a la orden ministerial que se aprobó en 2019 para tratar de crear un catálogo ortoprotésico común y unos precios máximos de financiación pública de los productos de ortopedia ante un sistema que, aún hoy, establece condiciones de acceso a los productos ortoprotésicos muy diferentes según las autonomías y que no atiende al fijar el copago del paciente a su situación económica o condición de jubilado, con autonomías en las que debe adelantarse el precio completo del producto para solicitar luego un reembolso, otras autonomías en las que dependiendo del coste del producto no se debe pagar nada, otras en las que las personas con menores recursos pueden solicitar la gratuidad a través de un responsable social, etc.
La norma de 2019, de hecho, debería haberse trasladado a los catálogos de las comunidades autónomas que, como consecuencia de la covid, no han terminado de realizar este trabajo, manteniendo de momento la disparidad de copagos y acceso a estos productos.
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