Farmaindustria destina al año 220 millones de euros para financiar la formación de los profesionales sanitarios, bien de forma directa o a través de las organizaciones científicas. Los expertos coinciden en que lo importante es que la formación sea de la máxima calidad y en asegurar la transparencia, más que cuestionar quién debe financiar la formación continuada de los médicos. Así se ha puesto de manifiesto en una mesa precongresual titulada que, bajo el título de “La colaboración entre la industria farmacéutica y los profesionales médicos: formación, investigación y transparencia”, se celebró ayer en el marco del 41º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), que se está celebrando en Gijón.
Humberto Arnés, presidente de Farmaindustria, puso cifras a la aportación de la patronal farmacéutica a la formación médica: en 2018, destinó 118 millones de euros en concepto de ayudas para confinanciar la celebración de congresos sanitarios. A esta cifra, hay que sumar otros 99 millones destinados a las organizaciones para contribuir a la realización de programas formativos. En total, casi 220 millones de euros en un año. Para Arnés, está claro que la industria farmacéutica está en la vanguardia del conocimiento y su obligación es “compartir” ese conocimiento. Además, defendió la legitimidad de la relación entre los laboratorios y los profesionales, y la libertad tanto de la industria para contribuir a la formación de los profesionales como de estos para decidir sobre la misma. “Lo fundamental es disponer de unos procedimientos objetivos y rigurosos para garantizar que esa formación sea de calidad”.
Arnés defiende la legitimidad de la relación entre los laboratorios y profesionales, regida por “procedimientos rigurosos”
En la misma línea, Gregorio Armenteros, director de Compliance, de la compañía farmacéutica Pfizer, señaló que su laboratorio contribuye a la formación con unos 10 millones de euros. “Apostamos firmemente por la formación continuada de los médicos con unos altos estándares de calidad y de ética y unos criterios internos claros de selección de los profesionales”, entre los que citó el impacto en la calidad asistencial y en resultados en salud de los pacientes.
José Martínez Olmos, ex secretario general del Ministerio de Sanidad, puso sobre la mesa el debate sobre si las administraciones públicas deberían hacer un mayor esfuerzo para contribuir a la formación de los profesionales, y él mismo respondió que seguramente “podrían hacer un mayor esfuerzo y poner más recursos”. No obstante, se mostró también de acuerdo en que lo importante es que “la calidad esté acreditada” y en conseguir “que los médicos sepan interpretar la información que reciben, que no quiero decir que no sepan, pero es necesario profundizar en metodología de investigación y en comunicación”. Sobre si la Administración debería tener más peso en la financiación de la formación, Armenteros tiene claro que, en cualquier ámbito, esa responsabilidad recae sobre “el empleador”.
Romero denuncia el hecho de que “todo el mundo pueda desgravar el gasto que destina a formarse, salvo el médico”
Para Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, la formación es tanto un derecho como una responsabilidad del médico, y destacó la paradoja que supone el hecho de “todo el mundo pueda desgravarse el gasto que destina a formación, menos el médico que se la quiere pagar”. Andoni Lorenzo, presidente de la Federación Española de Diabetes y del Foro Español de Pacientes, indicó que “nos preocupa no sólo que los médicos tengan una formación adecuada, sino que puedan ejercer con todos sus derechos y libertad y vemos que cada vez tienen más dificultades para prescribir”.
Trabas en primaria
Todos los participantes en la mesa se mostraron también de acuerdo en resaltar la importancia de la transparencia. El presidente nacional de Semergen, José Luis Llisterri, destacó el papel que pueden jugar las organizaciones científicas para dirigir la formación a las áreas de mayor interés para la sociedad y actuar como canalizadoras de las ayudas, “primando siempre la evidencia científica y con códigos de buenas prácticas”. También destacó las barreras que encuentra el médico de primaria para investigar y que explican, en parte, que sólo un 5% de los médicos de este nivel investigue. De ahí la importancia de trabajar “para eliminar trabas y lograr un mayor reconocimiento”.
Sobre la pregunta de quién decide sobre qué áreas se investiga, Arnés tiene clara la respuesta: “sin duda, la sociedad”, y es la industria farmacéutica la que después determina los proyecto concretos, “lo cual no quiere decir que el sistema no tenga recursos para complementar la investigación que realiza la industria”. Además, destacó que los laboratorios no pueden desarrollar fármacos si no pasan por una fase clínica, y al final se desemboca en “un círculo virtuoso en el que gana el profesional, que se forma en desarrollos profesionales de vanguardia; gana el paciente, que se beneficia de los tratamientos; gana el sistema, porque consigue un ahorro a través de los fármacos en ensayo, y gana la industria, que desarrolla sus fármacos”.
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