Con la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalando que los contagios de covid-19 han alcanzado la meseta y tras alcanzar España el primer objetivo de la vacunación del 70% de la población, cada vez más comunidades vuelven a poner encima de la mesa la idea de recuperar la normalidad en las consultas de atención primaria, incluida la presencialidad, como La Rioja y Galicia. Otras, como Castilla y León, pretenden poner en marcha cambios más profundos que, entre otras cuestiones, aborden la falta de profesionales en la atención primaria rural, especialmente de médicos de Familia.
Dado que muchos de los problemas del primer nivel son comunes (falta de profesionales, presupuesto insuficiente, agendas saturadas, burocracia que quita tiempo a la clínica, etc.), Hermenegildo Marcos, vocal de Atención Rural de la Organización Médica Colegial (OMC), opina que ese replanteamiento tiene que ser global: "Creo que sería bueno que se retomara el documento del Marco Estratégico de Atención Primaria. Con todas las dificultades y carencias que tiene el primer nivel, es una buena base". Se trata de un documento debatido a nivel nacional y aprobado en abril de 2019 -sólo por las autonomías gobernadas por el PSOE y País Vasco- en el Consejo Interterritorial. "Colaboró mucha gente y sería una pena que todo ese trabajo se perdiera. Creo que con voluntad política en un mes o dos podrían empezar las reuniones".
Mucho se ha hablado en estos meses de pandemia sobre si la atención telefónica era suficiente para los pacientes. Los médicos de primaria lamentan que aún persista esa percepción de que los centros de salud han estado cerrados cuando en realidad han estado trabajando y atendiendo covid y no covid. "Si los pacientes quieren retomar la atención presencial, nosotros más aún", señala Marcos. Porque una cosa, argumenta, es tratar por teléfono con los pacientes que conoces y otra es abordar una consulta telefónica con el paciente de otro compañero al que estás cubriendo.
"Creo que los políticos aún están muy enfocados en la covid-19, pero están viendo lo que se les viene encima. Le están dando vueltas a las agendas, a ver cómo Enfermería puede resolver algunas cuestiones, aunque tienen que tener en cuenta competencias de cada profesional...", apunta Vicente Matas, coordinador del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada. "Los que están, trabajan doblando, haciendo muchísimas guardias, y los que pueden, se jubilan. Llevamos mucho tiempo diciendo que hace falta presupuesto, plantillas y tiempo para los pacientes. No nos han hecho caso y ahora nos quedan unos cuantos años muy malos", augura.
Matas analiza desde hace años las convocatorias MIR, entre otras cuestiones. "Cada año estamos un poco peor, porque nadie ha planificado absolutamente nada: nuestros compañeros se están jubilando, pero no hay suficientes especialistas jóvenes para ocupar plazas. Desde hace unos años han ido incrementado las plazas MIR, y parece que no hay más margen porque la capacidad docente es la que es, pero la subida ha llegado muy tarde. Los MIR de Medicina de Familia que han tomado posesión ahora, terminarán en 2025", recuerda.
Un polémico plan para salvar la sanidad rural
Asturias, Madrid, Navarra, Galicia... prácticamente todas las comunidades estuvieron entre 2018 y 2019 poniendo en marcha diferentes debates sobre cómo debían abordar en sus territorios el refuerzo de la atención primaria y tratar de paliar el déficit de profesionales. En Castilla y León, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, puso el foco en la sanidad rural, donde los problemas de primaria se multiplican por el envejecimiento de la población, la mayor dispersión y los problemas para atraer a los profesionales sanitarios a esas zonas.
Este verano, Casado manifestó que quería retomar el conocido como 'Plan Aliste' (por una comarca de Zamora donde se pilotó el nuevo modelo a principios de 2020), si bien fue un plan polémico desde su planteamiento y los últimos acontecimientos políticos (con el PP votando en contra de una estrategia de Ciudadanos, su socio de gobierno en la Junta) podrían dejarlo en el limbo.
Recientemente, Casado expuso en las Cortes las líneas estratégicas de Sanidad para lo que queda de legislatura. Señaló que el 60% de los recursos de atención primaria se encuentran en el medio rural y que hasta 2031 se espera la jubilación de 1.600 facultativos de primaria, más del 60% de la plantilla. "Si sabemos qué vamos a tener y no reorganizamos ni reforzamos el sistema, tendremos problemas". Los profesionales "están pidiendo ayuda y cambio", defendió Casado.
La transformación de la sanidad rural pasaría por varios ejes: la modificación del mapa sanitario, bien sea para pasar unos municipios de una zona sanitaria a otra o crear nuevas zonas básicas; reordenar los cupos para conseguir que cada ciudadano tenga a un médico y a una enfermera de referencia; crear nuevas plazas de Enfermería, administrativos, fisioterapeutas, etc.; redistribuir las tareas y reducir la burocracia en las consultas.
Casado apuntó que se está evaluando que no haya cupos de menos de 400 tarjetas sanitarias, pero añadió que los cambios se producirán "cuando haya cambios naturales en las plantillas, sin forzar". También se está trabajando en seguir extendiendo la cita previa, ya disponible en 197 centros y 1.663 consultorios, con otros 553 en tramitación.
¿Qué fue del 'Plan Aliste'?
La atención sanitaria rural en Castilla y León está basada fundamentalmente en los consultorios, a los que acuden ciertos días y ciertas horas de la semana los profesionales. El 'Plan Aliste', que desde las últimas semanas se rumoreaba que se iba a extender a otras zonas rurales, era concentrar los equipos en ciertos consultorios (que pasarían a denominarse "consultorios de agrupación" para diferenciarlos del resto, los "consultorios de proximidad") para que estuvieran disponibles a demanda toda la semana y que las citas en los consultorios se hicieran con cita previa o programada. El plan fue cuestionado por la posibilidad de que se cerraran consultorios -Sanidad siempre negó que fuera su intención- y por obligar a una población envejecida y con problemas de cobertura a pedir cita por teléfono o a tener que desplazarse a un centro alejado de su municipio.
Mercedes Gago, secretaria general de Satse en Castilla y León, señala que se ha realizado al menos parcialmente tanto la agrupación de profesionales como la implantación de la cita previa. "Pero en la práctica a la población le cuesta muchísimo: estaban acostumbrados a ir al consultorio y esperar lo que les tocara, y ahora no, y esa creo que es la mayor de las quejas. En la práctica a algunos consultorios parece que hace tiempo que no va nadie, o ven que cada día les atiende un profesional diferente... pues es un desbarajuste".
"Nunca se nos debe de olvidar que la mayor parte de la gente necesita un profesional que lo vea y lo valore. Lo que ves a través de una cámara a veces no es lo mismo que cuando ves a paciente entero, en su casa, donde puedes saber que, por ejemplo, tiene problemas con el agua corriente", reivindica Gago. A esto se le suman las dificultades que pueden tener los pacientes en aquellas poblaciones que no tienen transporte público directo adonde estaría el consultorio de agrupación.
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Sobre el futuro de la reforma, apunta que, hasta la fecha, los sindicatos no han recibido información concreta sobre las medidas ni dónde se implantarían, si bien "hemos hablado con la Consejería de Sanidad que tiene que haber un binomio médico-enfermera y parece que están de acuerdo". Debido a la última reordenación de 2010, hubo demarcaciones que, a la hora de redistribuir cupos, conservaron más médicos que enfermeras. "Si dejas tres médicos en una zona por la razón que sea, lo lógico es que haya tres enfermeras. Si no está la enfermera, obligas al paciente a volver otro día".
"El problema es que no conocemos las intenciones de la Administración de manera directa, sólo lo que han ido publicando los medios de comunicación", lamenta Javier Salamanca, presidente del sector de Primaria en CESM en Castilla y León.
Según el portavoz del sindicato médico, "lo que ha sucedido es que se han adjudicado demarcaciones vacantes de médico a otros compañeros. O sea, que efectivamente se han centralizado, pero eso no ha sido el 'Plan Aliste', ha sido la necesidad de reordenar. Eso, o directamente no se ha ido a los consultorios con la misma periodicidad, por eso hay quejas de que están cerrados. Si hay 20 puestos y sólo tres personas, no te dan las horas del día, pero si hay una necesidad, se va", defiende.
Además, gerencias como las de Soria y Segovia que han intentado unificar la atención a núcleos de población "sin amparo legal". No ayuda, añade, que no se estimule el trabajo en plazas de difícil cobertura a pesar de que hubo un pacto económico en 2019.
Salamanca argumenta que no se ha conseguido suficiente consenso político en una reordenación del mapa sanitario que, reconoce, es necesaria. "Los ciudadanos entienden que se quedan sin atención y lo que necesitan es ver alguna mejora. Si lo que dices a la población es que no va a ir el médico ningún día al consultorio, pero en cambio tiene que ir al paciente al municipio del lado, a 10 km, hay que explicarlo bien... y si no hay consenso entre todos los grupos políticos, se usa como arma arrojadiza y la atención primaria se deteriora y se pudre".
Polémica en la coalición
La polémica por la reforma se ha avivado en las últimas horas al convertirse en un punto de división entre los dos miembros de la coalición que gobierna la Junta, el Partido Popular y Ciudadanos, después de que el primer partido votara a favor de una PNL del PSOE para revertir dicha reordenación.
Se da la circunstancia de que Sanidad es una de las carteras de Ciudadanos. De momento, el vicepresidente de la Junta por parte del partido naranja, Francisco Igea, ha manifestado que no va a haber ruptura y que no se relevará a la consejera de Sanidad, que es competente para implantar medidas urgentes en materia sanitaria.
En paralelo, se reunieron el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el secretario general del PSOE, Luis Tudanca, para abordar esta cuestión. El presidente invitó al socialista a participar con la consejera Casado en los trabajos del grupo de expertos designados para desarrollar el ámbito sanitario del Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social.
Además, le pidió su apoyo ante el Gobierno central para aprobar convocatoria extraordinaria de MIR para absorber a todo el personal que no tiene título de especialista, así como permitir su contratación por parte de las administraciones públicas y de agilizar la homologación de los especialistas no comunitarios.
Casado ya ha enviado una misiva a Tudanca proponiéndole una reunión para la próxima semana empezar a abordar esta reforma de la sanidad rural.
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