El Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña, que preside Quim Torra, ha aprobado hoy el decreto ley sobre la gratificación a los trabajadores de la sanidad y de los servicios sociales de carácter residencial por su esfuerzo durante la pandemia, que ya avanzaron la semana pasada la consejera de Salud, Alba Vergés, y la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó.
Budó ha explicado hoy que es un reconocimiento a "la implicación, el esfuerzo y el compromiso de los profesionales del ámbito sanitario y residencial durante la pandemia del Covid-19, en condiciones complejas e intensas, al ver alterados sus horarios y tareas habituales y con un desgaste tanto físico como emocional".
Como novedad respecto a lo anunciado, el Gobierno catalán "también realizará una convocatoria extraordinaria para compensar de forma directa a las personas trabajadoras de los centros privados con financiación total o parcialmente público, siempre que hayan prestado servicios de actividad asistencial entre las mismas fechas y así lo acrediten", según ha hecho público Presidencia de la Generalitat en una nota de prensa sobre los acuerdos adoptados hoy en la reunión del Consejo Ejecutivo.
Trabajo presencial y telemático
El Decreto prevé que los profesionales sanitarios que trabajaron durante la emergencia sanitaria de entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, tanto de manera presencial como telemáticamente, reciban una compensación económica en la nómina del mes de agosto que oscilará entre los 350 y los 1.350 euros. Además, en el caso de profesionales que hayan estado de baja por la Covid-19, la baja se contará como tiempo de trabajo efectivo.
El texto también incluye, tal y como estaba previsto, el complemento de productividad extraordinario a profesionales que hayan prestado servicios en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial de personas mayores y personas con discapacidad física e intelectual, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, realizando tareas de manera fundamentalmente presencial directamente vinculadas a la pandemia del Covid-19.
Y se pagará la misma cuantía, 900 euros, a las personas trabajadoras de las residencias públicas que hayan trabajado en primera línea durante la crisis sanitaria, ya sean auxiliares de geriatría, personal de atención directa a personas con discapacidad, coordinadores asistenciales, médicos o enfermeros.
Por otra parte, las personas que hayan trabajado de forma fundamentalmente presencial en tareas directamente relacionadas con la actividad de estos centros, pero que no lo hayan hecho en la atención directa de personas, recibirán una compensación de 500 euros.
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