El Real Decreto de la Talidomida comienza su trámite de audiencia pública

El Gobierno ha abierto el trámite de audiencia pública para presentar alegaciones al texto del Real Decreto que regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España, durante el periodo 1950-1985 (consulta aquí el texto completo). Es el desarrollo legal de lo que ya recogía los presupuestos de 2018, los 20 millones que incluía como indemnización para los afectados, con el anexo -añadido por PP y Ciudadanos, en las enmiendas presentadas en el Senado- de compensar con 12.000 euros cada punto de discapacidad reconocida. 

El Real Decreto recoge los trámites que los afectados deben seguir para el cobro de las ayudas

Hasta el 13 de marzo se podrán presentar las objeciones correspondientes al documento. La Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) ha confirmado a DM que están presentando sus objeciones, resumidas en que el RD no dejan a estas ayudas fuera de tributación. La obligación de tributar de estas cantidades reduciría significativamente las cantidades que recibirían estos afectados. Por ese motivo, Ignacio Martínez, abogado de Avite, reconoce que el RD, en su redacción actual, no satisface a los afectados, “de salir así, preferimos que no salga”. La asociación sigue adelante con el recurso presentado al Gobierno por esta cuestión. 

Al no necesitar la aprobación de las Cámaras (que se disolverán el próximo 5 de marzo, para la convocatoria de elecciones), la norma podría salir adelante solo con el visto bueno del Consejo de Ministros. En todo caso, se aprobaría in extremis, pues el 28 de abril está a la vuelta de la esquina.  

El Real Decreto recoge los trámites que los afectados deben seguir para el cobro de las ayudas, siempre que antes hayan sido reconocidos por el Instituto de Salud Carlos III. Hay un anexo con el documento a cumplimentar por el afectado y una memoria económica. En el impacto económico de la norma ser reconoce que los 20 millones presupuestados para este efecto pueden ser insuficientes, pero que para determinar este punto es necesario concluir con las evaluaciones de los reconocidos como afectados y su grado de discapacidad, que se indemniza con 12.000 euros por punto. 

Este es otro de los puntos de la batalla de Avite con el Gobierno, el no haber reconocido de manera oficial y, por tanto, por los expertos del grupo del Instituto de Salud Carlos III a ninguno de los que han superado las pruebas de las autonomías. 

 

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