El Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública, en el tiempo de descuento, con las elecciones recién anunciadas, el decreto con una de sus grandes promesas de Gobierno: la extensión de los tratamientos de reproducción humana asistida a las mujeres solas y parejas de lesbianas, sin hijo sano previo en la pareja.
Estos colectivos no podían acceder a la cartera de reproducción humana asistida financiada con fondos públicos desde 2014, cuando formalmente se exigió por decreto la existencia de un diagnóstico de infertilidad tras 12 meses de coito sin anticonceptivos, lo que dejó fuera del sistema público para esta prestación a todas las mujeres sin pareja masculina.
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En la práctica, primero las autonomías gobernadas por el PSOE y luego el resto, se declararon “insumisas” a esta medida y fueron extendiendo el derecho a reproducción humana asistida a mujeres solas y lesbianas pese al mandato ministerial. Así, actualmente sólo el Ingesa y los colectivos protegidos por Muface se rigen por la exclusión decretada por Sanidad en su momento.
Sobre esta base, Sanidad propone ahora un decreto para modificar el apartado 5.3.8.1.a) del anexo III del Real Decreto 1030/2006 para incluir un nuevo apartado que incluya el derecho de reproducción humana asistida además de a “mujeres sin pareja y mujeres lesbianas”. Este derecho se extiende también a la preservación de gametos y preembriones para uso autólogo diferido por indicación médica para preservar la fertilidad, donde se cambia la idea de “situaciones asociadas a procesos patológicos especiales” por “situaciones asociadas a procesos especiales”.
La memoria económica del proyecto de decreto que está sometido a consulta estima que habría algo más de 10.000 mujeres lesbianas susceptibles de utilizar los servicios de reproducción humana asistida, si bien se calcula que sólo podrían decidirse a usarlos aproximadamente la mitad, 4.691 mujeres lesbianas concretamente. A ellas habría que sumar otras 11.910 mujeres heterosexuales pero sin pareja de las que, la mitad, podrían requerir también tratamientos de fertilidad, es decir 5.955. Según los cálculos de Sanidad, el 80% de ellas acudirían al sistema público si se financiaran los tratamientos como prevé hacer el decreto, si bien sólo un 20% de ellas acudirían en el primer año de implantación del decreto.
Así, en la práctica se trataría sólo de 1.703 mujeres al año. Esto implicaría un coste para el sistema sanitario de 3.245.367 euros al año. Sin embargo, según Sanidad este coste en la práctica ya se está asumiendo por parte de las autonomías que, desde el acuerdo de julio de 2018, están facilitando ya estos tratamientos a estos colectivos de mujeres, por lo que en la práctica sólo afectará a las mujeres cubiertas por mutualidades sanitarias (Ifas, Muface, Mufeju) y el Ingesa. Esto reduce de forma importante el coste extra de la medida que, finalmente, se cifra en apenas 123.272 euros al año.
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