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martes, 29 de enero de 2019

“Defendemos la especialidad de Familia pero el déficit es grave”

“Nosotros defendemos la especialidad de Medicina de Familia”. Así se ha pronunciado el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, en declaraciones a DM ante la polémica generada por la propuesta de baremo para contratar médicos no especialistas para cubrir puestos de primaria y Urgencias que se debatió este lunes en la Mesa Sectorial de Sanidad. 

La propuesta ayer fue rechazada por la mayoría de los sindicatos, que consideran que es una propuesta ilegal (técnicamente desde 1995 sólo se puede trabajar en la sanidad pública con una especialidad o con un certificado para los pre-95) y, en todo caso, la última medida a que habría que acudir ante de déficit de profesionales.

Sáez Aguado recuerda que “se trata de un procedimiento que ya se contempla en autonomías como Andalucía y Castilla-La Mancha” y que en casos de necesidad de profesionales, el Tribunal Supremo ha señalado que debe primar la capacidad de dar atención sanitaria.

Y eso no implica un desprecio a la especialidad de Medicina de Familia, asegura, “pero el problema de déficit que tenemos es grave”. En cualquier caso, apunta que se priorizaría contratar antes a otros especialistas que a profesionales que sólo tengan el título.

El consejero, que se reunirá iniciará hoy las reuniones con las sociedades científicas de dicha especialidad (la primera, Socalemfyc) apunta que esta nueva lista de contratación persigue sobre todo la cobertura de la atención urgente, que es lo que da más problemas en la comunidad entre bajas, excedencia de guardias o zonas menos atractivas. “En los centros de salud ya hay otras medidas, como la acumulación de cupos”.

Contratos de seis meses

Además del baremo para la elaboración de la lista de médicos no especialistas, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Sacyl) mostró a los sindicatos una instrucción detallando las condiciones de uso de esa nueva bolsa.

Primero se agotarán las posibilidades de contratar a otros especialistas, incluso para los puestos en atención primaria, y luego se recurrirá a la bolsa de licenciados. Para ello, se contemplarían todas las bolsas existentes, pero no se penalizaría a quien rechazara estos nombramientos. 

Los contratos tendrían una duración de seis meses, prorrogables si continúa el déficit de profesionales, si bien en ambos casos se incluiría en el nombramiento una cláusula reconociendo la excepcionalidad del nombramiento y señalando que éste cesará cuando haya disponible un médico especialista.

En busca de otras soluciones

Javier Salamanca, portavoz de primaria de CESM en Castilla y León, explica que la situación de la autonomía es muy particular, porque viene gente de otras comunidades a formarse allí, en 2013 por los recortes se jubiló a muchos facultativos, etc. Las soluciones para él son “contratos estables para los MIR que terminan su formación y el aumento de la capacidad docente en la autonomía”. 

Ana Rosa Arribas, responsable de Sanidad de CCOO, señala que Sacyl “no podrá vender esto como un acuerdo con los sindicatos, porque, aunque no se votó, claramente la mayoría estábamos en contra“. Recuerda que en el autonomía se está debatiendo precisamente un plan sobre primaria “que Sanidad ha prometido para dentro de un mes, cuando el Ministerio de Sanidad pretende tenerlo en tres. Es el problema de la cercanía de las elecciones”.

‘Plante’ de tutores y MIR de Familia

La Socalemfyc, como Semergen, también ha criticado el planteamiento de la Consejería de Sanidad: “La situación actual no se soluciona con parches como alargar la edad de jubilación o contratar médicos sin la titulación necesaria, se necesita un política de recursos humanos coherente, eficaz y comprometida con una atención primaria fuerte”.

“Por otra parte es manifiesto el malestar de los profesionales, y especialmente de los tutores, que desde hace décadas realizan una labor altruista sin apenas reconocimiento, para formar especialistas, viendo cómo éstos abandonan la especialidad o la comunidad ante la falta de contratos dignos”.

Consideran que eliminar la necesidad de esta formación “es el mayor desprecio a esta especialidad y al trabajo de los tutores” y, en consecuencia, hacen un llamamiento a tutores y residentes para pedir “que se movilicen para evitar este despropósito que tanto les perjudica en su futuro profesional”.

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