En 2018 hubo 224 excarcelaciones por enfermedades incurables, de una población reclusa total en España de 50.729 internos, sin incluir Cataluña, con competencias en esta materia. La posibilidad de liberar a “enfermos muy graves con padecimientos incurables” está recogido en el artículo 196.2 del Reglamento Penitenciario y se invoca para activar un procedimiento que forma parte de la rutina del médico de sanidad penitenciaria.
“Todos los años tratamos al menos un par de casos de este tipo y siempre hay algún preso que está en estas circunstancias”, confiesa Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP). Pero antes de 1996, cuando los retrovirales entraron en prisión para tratar el VIH, lo habitual era tener uno o dos casos al mes, asegura Carmen Hoyos, vocal de Sanidad Penitenciaria de la Organización Médica Colegial (OMC)
“Si no me obligan, claro que no le voy a dar el alta”
Guillermo Sanz, jefe de Hematología de La Fe.
Guillermo Sanz es el jefe de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario La Fe, de Valencia. Está tratando y ha tratado al ex ministro de Trabajo y ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. Tiene un deseo: que le dejen trabajar tranquilo; y una cosa clara, que la dimensión mediática de su paciente no influye en su buena praxis médica. Con claridad señala que “Zaplana no está para recibir el alta médica y si me obligan, desde luego que no la voy a firmar”. El preso preventivo se encuentra en una habitación convenientemente acondicionada para evitar infecciones.
La negativa del hematólogo, de reconocido prestigio internacional, está basada tanto en la situación actual de Zaplana -que ha desarrollado un rechazo al trasplante hematopoyético, al que se sometió por su leucemia- como a la experiencia acumulada por el enfermo en los dos últimos inviernos.
“Con la situación de inmunidad actual del paciente el riesgo que tiene de contraer un virus respiratorio sincitial si va a la cárcel de Picassent es cercano al cien por cien. Ya le ha pasado en los dos últimos inviernos tras recibir el trasplante. Después, le aparece una infección bacteriana y ha tenido que ingresar en el hospital y tomar antibióticos, durante los diez o catorce días correspondientes”.
El experto advierte de que “el riesgo de mortalidad por esa infección en un paciente trasplantado no complicado es de entre un 40 o 50 por ciento, si se le trata de forma inmediata. Es decir, si se le pone el antibiótico antes de una hora, desde que registra el pico de fiebre. En el momento en el que se retrasa hasta cuatro horas, que es lo que puede tardar en llegar a La Fe desde Picassent, teniendo en cuenta el protocolo de actuación, cada hora que pasa es añadir un diez por ciento al riesgo de mortalidad”.
En definitiva: “Cuando uno suma, lo que le sale es que si está ingresado en Picassent la posibilidad de muerte es cercana al cien por cien. Y si esto te ocurre con un enfermo, sea el señor Zaplana o Perico de Los Palotes, no te puedes permitir darle el alta”.
Con la misma claridad, Sanz se muestra contrariado con la decisión de la jueza instructora del caso de negar la excarcelación a su paciente e incluso admite las molestias que le han causado los requerimientos recibidos, solicitando aclaraciones al tratamiento dispensado.
Sanz explica resignado que “el señor Zaplana” está siendo tratado en La Fe y no en el Hospital General de Valencia (donde son atendidos el resto de presos) porque está acreditado por el JACIE para tratar a pacientes con trasplante hematopoyético. “Hay normativa europea, de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y normativa autonómica que nos dice cómo proceder en estos casos”.
Rechaza que su actuación esté condicionada por que sea el señor Zaplana y recalca: “No soy el médico de la familia Zaplana, como algunos han querido hacer creer”. Pero también es claro al opinar que si se tratara de cualquier otro preso con menos proyección mediática y en las mismas condiciones de salud estaría excarcelado. ¿En qué se basa? En un caso parecido. Con prudencia, como obliga la ley de protección de datos, explica que en el mismo centro está tratando a un preso, con condena firme por tres delitos de sangre, que lleva varios años disfrutando de libertad debido a su condición de trasplantado. “Su estado de salud es mejor que el del señor Zaplana, viene a sus revisiones periódicas y hace vida normal”.
A partir de 1996 se redujo la tasa anual de mortalidad en prisión por VIHy, en estos momentos, otras enfermedades al margen del Sida encabezan los motivo fundamentales de fallecimientos en prisión. La primera causa de muerte de la población reclusa en 2017, último año del que existen estos datos, fueron las cardiopatías isquémicas, los tumores y, en tercer lugar, las enfermedades digestivas.
“Ahora tenemos más patologías crónicas, pero sin poder determinar su esperanza de vida: diabéticos, hipertensos… En estos casos es más difícil aventurar si habrá un evento grave que puede causar la muerte al preso”, apunta Hoyos.
En base a una experiencia de décadas como médica penitenciaria, asegura que, en el momento actual, “las excarcelaciones se dan por procesos tumorales, en los que se estima que la libertad va a ser favorable”. Hay enfermos con cáncer -dentro de la diversidad patológica que encierra el término- que cumplen su condena en prisión, según reconocen tanto Hoyos como Basanta. “En muchos casos el tratamiento médico dentro y fuera de la cárcel es el mismo. Otra cosa es la esfera emocional, que es incomparable”, sentencia la vocal de la OMC.
“Ningún ser humano y, por supuesto, ningún médico, quiere que una persona se muera en prisión”, aclara Basanta. Para ello hay todo un mecanismos establecido que, según el presidente de la SESP, funciona sin problemas. “No conozco ningún caso en el que la Junta de Tratamiento de la cárcel -órgano colegiado de la prisión que estudia estos procesos de forma previa- ni tampoco el juez de vigilancia penitenciaria hayan fallado en contra del informe de un médico penitenciario sobre una excarcelación por enfermedad”.
Además, las últimas instrucciones de Instituciones Penitenciarias para los sanitarios de prisiones agilizan la decisión de liberar a los penados más graves. Como norma general, para que un preso obtenga la libertad, en la modalidad que sea, debe cumplir tres requisitos: que haya satisfecho un tercio de la pena o un cuarto, tenga buen comportamiento y el tercer grado reconocido. Sin embargo, Basanta explica que si el riesgo del preso es de que fallezca en pocas semanas, no se necesita ninguno de estos requisitos para que el juez decida su libertad.
En este sistema de meridiana claridad se enmarca el caso de Eduardo Zaplana, ex ministro de Trabajo y ex presidente de la Generalitat de Valencia, en prisión preventiva por el conocido como caso Erial, de cobro ilegal de comisiones.
Al cierre de esta edición, Zaplana permanece ingresado en el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario La Fe (Valencia), donde fue trasladado de la prisión de Picassent (Valencia), en la que se encuentra a la espera de juicio. Zaplana ha desarrollado la enfermedad de injerto contra receptor, tras el trasplante hematopoyético al que se sometió hace un par de años para tratar su leucemia.
Es un paciente inmunodeprimido y, por ese motivo, sus abogados, apoyados en el informe médico de Guillermo Sanz, jefe de Hematología del Hospital La Fe y quien le está tratando, han pedido su excarcelación en, al menos, cinco ocasiones. Todas han sido respondidas con una negativa judicial.
La jueza que ha firmado estos autos de desestimación es la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia. El motivo que alega la magistrada es que existe riesgo de fuga y puede destruir pruebas. Los recursos a estas desestimaciones han llegado hasta la Audiencia Provincial de Valencia, que ha confirmado la decisión de la jueza, con la aquiescencia de la Fiscalía. Los órganos judiciales mantienen una negativa, sin fisuras, en la necesidad de que Zaplana permanezca preso. La última vez que el juzgado se pronunció sobre este asunto fue el pasado jueves, 10 de enero, en un auto que reiteró el riesgo de fuga.
El hematólogo Sanz ha asegurado que cuando Zaplana fue trasladado al Hospital de La Fe, a mediados de diciembre, recibió hasta tres requerimientos judiciales del número 8 “dos de ellos, en días consecutivos”, con preguntas sobre las pruebas que se le estaban haciendo al paciente o cuestionando que fuera trasladado al Hospital de La Fe y no al General de Valencia, como corresponde a todos los presos de Picassent. Las interferencias judiciales llevaron al reconocido hematólogo a pedir respaldo de sus colegas.
Con la autorización previa de Zaplana, Sanz envió a la Sociedad Española de Hematología (SEHH) los detalles sobre la salud del investigado para que otros dos especialistas en trasplantes hematopoyéticos valoraran al paciente.
David Valcárcel, del Servicio de Hematología del Hospital Valle de Hebrón (Barcelona), y Ángela Figuera, jefa de Hematología del Hospital de La Princesa (Madrid), corroboraron las conclusiones a las que ha llegado Sanz sobre el estado de salud de Zaplana.
Los informes ratifican que el paciente está en “riesgo vital grave”, que requiere “un seguimiento estricto mediante ingreso en un centro médico especializado o, cuando su estado lo permita, bajo el control de un programa de hospitalización domiciliaria”.
Estos informes fueron enviados a la jueza el 2 de enero, el mismo día que la Sociedad Española de Hematología (SEHH) difundió un comunicado de apoyo al juicio médico del Sanz, del que recuerdan que es “un experto reconocido a nivel mundial por su conocimiento y contribuciones en el campo de los síndromes mielodisplásicos y el trasplante hematopoyético”. Sin embargo, estos informes no han influido en la última decisión judicial, conocida el 10 de enero, que mantiene la negativa a la excarcelación. Pero han interrumpido, por ahora, los requerimientos judiciales que estaba recibiendo el hematólogo, pidiéndole explicaciones sobre el proceder con el paciente, según ha informado el facultativo.
Todo indica que el pulso entre los criterios médicos y los judiciales va a continuar. Como viene siendo habitual, la jueza instructora no ha hecho ninguna declaración sobre este proceso -que, por otro lado, permanece bajo secreto de sumario- . Sin embargo, fuentes judiciales oficiales han respondido a DM aclarando cuestiones del caso. En primer lugar, recuerdan que el investigado Zaplana ha sido trasladado en ocasiones anteriores al Hospital La Fe para recibir “atención que no estaba programada y ha recibido el alta, en la mayoría de los casos, al cabo de unas horas, por decisión, como es lógico, de los médicos que le han atendido”.
En la misma línea, recalcan que “la atención médica que precisa un interno preventivo, su duración y finalización, la fijan con criterios profesionales los propios servicios sanitarios penitenciarios y los facultativos externos a la cárcel sin injerencia alguna de parte de la autoridad judicial”. Y, por último, advierten de que “la decisión judicial sobre la situación penitenciaria” de Zaplana podría cambiar “en cuestión de semanas en función del avance de la instrucción de la causa y de otras circunstancias concurrentes”. La pregunta clave es: ¿se habría complicado tanto este caso si se apellidara De los Palotes? Sanz cree que no.
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