Será la Comisión Permanente de Farmacia y no el Consejo Interterritorial de Salud el organismo que se encargue de fijar el precio de la terapia celular para lesionados medulares NC1 desarrollada en el Hospital Puerta de Hierro y que se ha convertido en el primer medicamento no industrial investigado en el ámbito de la sanidad pública. Así lo ha confirmado este lunes la consejera de Baleares, Patricia Gómez, en un descanso en la reunión que están manteniendo autonomías y Ministerio de Sanidad, convocados en Consejo Interterritorial de Salud para abordar, entre otras cuestiones la situación de las CAR-T.
La consejera d Baleares ha explicado que “estamos todos muy orgullosos de que el Hospital Puerta de Hierro haya desarrollado el NC1 porque supone un nuevo paradigma. Y estamos seguros de que tras esta terapia vendrán otras muchas y también productos sanitarios desarrollados desde el ámbito público. Y por eso era muy importante que estableciéramos un procedimiento para fijar su precio porque la normativa nos llevaba a tratar la cuestión en el Consejo Interterritorial de Salud pero no habría sido operativo continuar con un sistema así”.
Por ello se ha acordado que sea la Comisión Permanente de Farmacia, un órgano que se reúne con más frecuencia y agilidad quien se encargue de la cuestión, ha explicado la consejera de Baleares poco después de que el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero se hubiera quejado de los 9 meses de retraso que lleva la Administración acumulados tratando de resolver la novedad que implica fijar precio a NC1 por el hecho de ser un fármaco de origen y producción pública.
La consejera de Baleares ha detallado además, mientras el resto de consejeros seguían reunidos con Sanidad, que serán las autonomías las que se facturen entre sí para la adquisición de este fármaco. En su opinión, y en contra de lo dicho por el consejero gallego, “que [el Ministerio de] Sanidad aporte una parte del coste de este fármaco sentaría un precedente difícil de gestionar. ¿Por qué en unas terapias sí y en otras no?” se h a preguntado Patricia Gómez contradiciendo la petición del consejero gallego.
La consejera balear, una de las más afectadas por el Brexit, se ha referido también a lo tratado en el Interterritorial sobre esta cuestión: “Sanidad nos ha presentado un informe y hemos entendido el enlentecimiento en la toma de decisiones sobre esta cuestión. Nos ha tranquilizado saber que tanto nuestro Gobierno como Reino Unido quieren que, en materia de sanidad, todo continúe como hasta ahora”. Sin embargo, ha reconocido que a fecha de hoy aún no se dispone de ningún convenio bilateral con Reino Unido ante la inminente salida de la Unión Europea el día 31 y que, de no realizarse dicho convenio, peligrará la facturación de la asistencia prestada en España a numerosos británicos, que en el caso de su autonomía ronda los 10 millones de euros al año: “Esperemos que eso no llegue a ocurrir”, ha concluido.
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