El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al real decreto ley (RDL) que regulará las medidas que deberán adoptarse en la siguiente fase de la pandemia de la Covid-19, tras la desescalada, y que ha venido denominándose "nueva normalidad".
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior a la reunión, ha explicado algunos de los detalles de esta norma que, según ha explicado el propio Illa, estará en vigor una vez se publique hasta que no haya una terapia eficaz o una vacuna efectiva contra el virus y hasta que el Gobierno no lo determine tras escuchar al Consejo Interterritorial del SNS y previo informe de Centro de Coordinación del Alertas y Emergencias Sanitarias que señale que la crisis sanitaria ha finalizado.
Entre las medidas que contempla, la norma recoge, tal y como explican desde Sanidad, que "las comunidades autónomas deberán velar por garantizar un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica, así como crear planes de contingencia para asegurar una respuesta rápida y coordinada". La norma también recoge la declaración expresa de la Covid-19 como enfermedad de declaración obligatoria urgente.
Pruebas de diagnóstico
Al amparo de este RDL, desde el ministerio han señalado que los servicios de salud deberán garantizar que, "en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en la atención primaria, se le realizará a todo caso sospechoso una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular", tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas, y que toda la información se transmita "en tiempo y forma".
Todo esto se fundamenta en que, según figura en la norma, las comunidades autónomas deberán seguir aportando información puntual vinculada al control, detección precoz, seguimiento y vigilancia de posibles nuevos casos.
Centros sociosanitarios
En lo que respecta a las residencias de mayores, la ley fija que serán las administraciones competentes quienes deberán garantizar la coordinación de estos centros durante la fase de nueva normalidad y la existencia de planes de contingencia para abordar posibles casos o brotes.
El RDL, según ha subrayado Illa, también recoge que seguirá siendo obligatorio el uso de mascarillas en los mismos términos en los que está fijado actualmente. Además, contempla medidas de prevención e higiene en el entorno laboral y en áreas de ocio, comerciales, de hostelería y de restauración.
Desde Sanidad también han explicado que el stock o las cantidades suministradas de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria "tendrá que ser comunicado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps)", para así poder "garantizar en todo momento su abastecimiento". Además, desde el Ejecutivo han explicado que la norma también contempla que "cuando exista una situación de excepcionalidad sanitaria o cuando la situación de vulnerabilidad del paciente lo requiera, las comunidades autónomas podrán establecer las medidas oportunas para la dispensación de fármacos de forma no presencial".
Sobre esta cuestión, Illa ha explicado que también se faculta a la Aemps para poder otorgar con carácter excepcional licencias previas de funcionamiento de instalaciones que permitan fabricar en España medicamentos y productos sanitarios que sean necesarios.
Medidas en el transporte
Refiriéndose al transporte, Illa ha explicado que se establece la obligatoriedad a que los operadores de transporte con asiento preasignado deberán mantener los registros "al menos cuatro semanas" para así poder garantizar la trazabilidad en el caso de que hubiese algún caso positivo.
Junto a esto, Sanidad ha explicado que el RDL recoge también una serie de previsiones sobre los controles sanitarios y operativos en aeropuertos gestionados por Aena, y en puertos de
interés general.
En respuesta a preguntas de los medios sobre si el nuevo RDL recoge la capacidad del Gobierno de volver a adoptar el mando único en el caso de que hubiese necesidad, el ministro de Sanidad ha explicado que texto se ha elaborado con las aportaciones de las autonomías y que no recoge ninguna "invasión de competencias" ni "ningún recorte de las mismas". De hecho, ha concretado que la voluntad del Ejecutivo es seguir avanzando en la senda de pasar de la cogobernanza a la gobernanza plena por parte de las comunidades autónomas, algo que ya está comenzando a darse en aquéllas que pasan a Fase III.
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