La impresión en este tiempo de pandemia es que no hay ley sin su correspondiente recurso al Tribunal Constitucional. Dos ejemplos son la ley de eutanasia y la ley de salud gallega, poniendo de manifiesto que no importa el rango legal de la norma.
En esta línea, este miércoles el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados contra los dos decretos leyes que han modificado la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de Salud Pública de las Illes Balears, en los apartados 2 y 3 del artículo 49 bis de esta norma.
Los citados preceptos se amparan en la tan nombrada Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y sus habilitaciones para tomar medidas en caso de pandemia. En este sentido, la norma recoge un largo listado de "medidas oportunas que se pueden adoptar para controlar enfermedades transmisibles" y que impactan en derechos de las personas.
En este sentido, los demandantes argumentan, entre otras causas, que la norma recurrida podría vulnerar el contenido esencial de los derechos fundamentales y los límites materiales previstos para el decreto-ley (artículos 53.1 y 86.1 en relación con los artículos 15, 17.1, 18.1, 19 y 21 de la Constitución).
De modo que el Tribunal ha acordado dar traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno así como al Parlamento y Gobierno de las Illes Balears, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
También hoy, el Tribunal Constitucional ha informado de la admisión a trámite del recurso presentado por los mismos 50 diputados del partido de Santiago Abascal en esta ocasión contra varios preceptos de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Los demandantes alegan que la norma impugnada podría vulnerar, ente otros preceptos constitucionales, la libertad ideológica y religiosa, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, el derecho a la intimidad y el derecho a la tutela judicial efectiva.
De este recurso, el Constitucional informa que de la sentencia que se dicte en su día será ponente el magistrado Andrés Ollero.
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