La farmacia comunitaria es el corazón de muchos pueblos que forman parte de la llamada España vaciada. Más allá de la pandemia, siempre se ha puesto en valor la aportación del farmacéutico al bienestar de la población a la que atiende, ofreciendo no solo los medicamentos que necesita con el mejor consejo, sino también revisando su medicación, acercándola a los domicilios de quienes no pueden ir a por ella, informando, haciendo seguimiento farmacoterapéutico... Eso sí, esta labor la llevan a cabo con una mochila cargada de dificultades, muchas de ellas económicas, que ponen en peligro su actividad profesional. Por ello, precisan de la ayuda de Administración y partidos políticos para que pongan en marcha medidas reales y efectivas que les permitan seguir desarrollando su profesión sin penurias y sin pensar que su futuro está abocado al cierre. Entre esas medidas no solo están las económicas, que también hacen falta, sino aquellas que permitan la concertación de servicios remunerados. En definitiva, acciones que permitan al farmacéutico rural vivir de su profesión.
Estas son las conclusiones a las que llegaron representantes de los partidos políticos de las Cortes aragonesas y de los COF de Teruel y Zaragoza participantes en un debate organizado por CF, con la colaboración de Cofares, para hablar de la aportación de la farmacia al Sistema Nacional de Salud y, en concreto, del trabajo realizado por la farmacia rural.
Ahora bien, de la misma forma mostró la otra cara de la moneda de esta profesión, una que tiene que ver con las guardias: “Las zonas de salud están muy dispersas, con establecimientos muy alejados, y hay que soportar guardias diarias y semanales. Hay farmacias que están de guardia, muchas veces, la mitad del año. Muchas farmacias de Zaragoza capital se me quejan porque tienen que hacer una cada 44 días y cuando les expones lo que tiene que hacer la farmacia rural se horrorizan. El instinto de sacrificio, vocación y entrega a la población rural es impresionante y se debería valorar con profesionalidad y con medidas reales y efectivas para que su viabilidad económica deje de estar de comprometida y que esa farmacia pueda tener un mayor número de pacientes a los que poder atender y de una manera remunerada”.
Raquel García: "Hay farmacias que están de guardia la mitad del año”
A las guardias, la presidenta del COF de Teruel añadió otros problemas de la farmacia rural, como la dificultad de encontrar sustitutos: “Tenemos dificultades para coger la baja maternal y las vacaciones porque no encontramos profesionales que quieran venir a nuestros pueblos”. Además, apuntó que las farmacias de municipios de cien habitantes tienen que prestar servicios de igual calidad que en las de los grandes núcleos y se les exige lo mismo: “Necesitamos los mismos requisitos, un ordenador, unos lectores para el código QR... Tenemos unos gastos, pagar unos autónomos...”, enumeró.
Julio Puente no se olvidó de mencionar el problema del acceso a internet. “En el mundo rural hay una deficiencia enorme en el acceso a internet y eso para médicos y farmacéuticos es un problema. En Aragón, hay médicos que no pueden acceder al historial clínico del paciente porque no hay sistemas de acceso rápido y algunas veces hacen a mano las recetas”.
Julio Puente: "No tener internet es un problema para el médico y la farmacia"
Como no podía ser de otra forma, en el debate salieron las farmacias VEC (viabilidad económica comprometida). La presidenta del COF de Teruel dijo que en su provincia hay alrededor de un 20% y lamentó que las subvenciones públicas “pasen por delante” de ellas sin que les toque ninguna. ”No nos llegan porque somos una actividad regulada”, dijo. A su juicio, cambiar esto “sí está en manos de los políticos”.
Índice corrector y otras medidas
A nivel nacional, Villafranca aplaudió que haya una voluntad política de actualizar el índice corrector para apoyar a las farmacias VEC, algo que calificó García Fuentes como “un paso adelante”. Sobre este asunto, Susana Gaspar considera esencial que se apruebe el Real Decreto para la modificación del índice corrector, “pues desde 2011 no se modifica y el IPC se ha ido incrementando, lo que está comprometiendo la viabilidad de la farmacia”, e insistió en que se debe destinar ayudas para la gestión de los botiquines.
La representante de los farmacéuticos zaragozanos lanzó otra propuesta para apoyar a la farmacia rural: que cuando haya un concurso de nuevas farmacias, en poblaciones por debajo de 800 o mil habitantes no se pueda abrir una nueva; que se pueda hacer un concurso de traslados previos para que los farmacéuticos VEC que estén en zonas rurales muy pequeñas puedan acceder a una farmacia de un núcleo mayor, de tal manera que esa otra farmacia pase a ser un botiquín, que puede estar atendido por un farmacéutico de la zona, y solucionamos dos problemas: un farmacéutico puede avanzar en su carrera y otro puede tener más pacientes para que su viabilidad económica deje de estar comprometida”.
Susana Gaspar: "Es esencial aprobar el RD para modificar el índice corrector"
En su intervención, Ana Ariño sostuvo que es indispensable la puesta en marcha de medidas como que el Gobierno de Aragón asuma los gastos de la preparación de los sistemas personalizados de dosificación (SPD). “Esto sería muy necesario desde el punto de vista sanitario porque -argumentó- retrasaría el momento de que una persona sea institucionalizada”. Igualmente, defendió la aprobación de ayudas directas para las farmacias rurales y las que gestionan botiquines.
Morón Sanjuán manifestó que la farmacia, como empresa que es, precisa de ayudas económicas en forma de incentivos fiscales para iniciar su actividad, pero también fomentar que la farmacia pueda proporcionar servicios farmacéuticos asistenciales; entre ellos, “realizar cribados de enfermedades infecciosas o de otro tipo, colaborar en campañas de formación y prevención en salud pública, etc., eso sí, siempre remunerados”. Pero hizo un matiz: que esa prestación de servicios responda a necesidades concretas de una población.
Mª José Villafranca: "No nos llegan subvenciones porque somos una actividad regulada”
Precisamente, la concertación de los servicios farmacéuticos profesionales remunerados es una de las medidas que los COF participantes en el debate más aplaudieron. De hecho, Villafranca enumeró una serie de servicios farmacéuticos que podrían remunerarse, como la formación a la población, realización de los SPD, el seguimiento farmacoterapéutico (SFT), la conciliación de la medicación al alta hospitalaria, la realización test covid, la cesación tabáquica y los cribados de cáncer, VIH, hipertensión arterial (HTA) y diabetes, entre otros muchos.
En el debate salió a colación una experiencia exitosa de colaboración puesta en marcha entre el centro de salud de La Jota (Zaragoza) y las 13 farmacias de su zona de salud, que han establecido un canal de comunicación efectivo entre las farmacias y el centro de salud para resolver, fundamentalmente, problemas burocráticos de la medicación, evitando que el paciente se tuviera que desplazar al centro de salud.
Ana Arellano: "Se están visibilizando los nuevos servicios de la farmacia”
Papel de la distribución
Marín también tuvo unas palabras para la distribución, que, junto a la farmacia, hace que los medicamentos lleguen a la población. “La colaboración entre farmacia y distribución es de diez”, enfatizó.
Precisamente, Gaspar Linares comentó que la crisis originada por la covid-19 “ha puesto de relevancia a la farmacia y a la distribución como dos conjuntos unidos que hacen que al paciente le llegue el medicamento y un producto esencial, como una mascarilla. Eso sí, no es nada fácil llegar a la farmacia más alejada, pero lo hacemos, incluso a pérdidas, porque va en nuestro ADN”.
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/3rtVX3e
No hay comentarios:
Publicar un comentario