El Congreso de los Diputados aprobará este jueves definitivamente la Ley de Ciencia. La norma recibirá con toda seguridad la luz verde de la Cámara Baja, aunque todavía está en el aire qué pasará con la disposición adicional décima, relacionada con la contratación indefinida de investigadores que trabajen con fondos europeos.
Se esperaba que el pasado 20 de julio el Senado diera el visto bueno definitivo al proyecto de ley por el que se modifica la Ley 14/2011, pero el apoyo inesperado de ERC a una enmienda planteada por el PP para derogar esa disposición ha obligado que la norma vuelva al Congreso. Los diputados deberán ratificar o anular únicamente esa modificación.
La enmienda aboga por eliminar la obligatoriedad de hacer contratos indefinidos al personal de investigación vinculado a proyectos financiados con fondos competitivos internacionales, tal como figuraba en el texto aprobado en primera instancia en el Congreso.
En realidad, este planteamiento no figuraba en el proyecto inicial de la norma, pero se incluyó en el texto a raíz de un acuerdo entre Unidas Podemos y PSOE. Este cambio fue muy valorado por asociaciones de investigadores y sindicatos, pero generó inquietud en la Conferencia de Rectores (CRUE) y entre los directores de los centros de investigación SOMMa, una alianza que incluye a los centros Severo Ochoa y las unidades María de Maeztu.
Estos últimos esperan ahora que el Congreso ratifique la eliminación de la disposición adicional aprobada en el Senado, mientras que asociaciones y sindicatos confían en que el texto vuelva a ser el original que se aprobó inicialmente en la Cámara Baja. Los argumentos de unos y otros chocan.
Carta a los grupos
57 directores de centros de investigación han enviado una carta conjunta a los grupos parlamentarios en la que exponen por qué creen que la disposición décima debe derogarse.
"Tenemos el convencimiento de que mantener esta disposición adicional décima sería perjudicial para los investigadores jóvenes y para el sistema de investigación", señala la misiva, que subraya que, lejos de reducir la precariedad, "la disposición discutida crearía una enorme bolsa de falsos contratos indefinidos", perjudicaría el uso eficiente de fondos europeos para incrementar la producción científica y tecnológica y contribuiría a la generación de conflicto laboral en perjuicio tanto de los trabajadores como de las instituciones científicas.
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