Con las cifras oficiales en la mano, el presupuesto sanitario por habitante se habría recuperado en 2018 respecto a los años de la crisis económica, con un incremento de casi el 15% en el presupuesto autonómico per cápita, desde los 1.141 euros por habitante que previeron para sanidad las autonomías en 2013, el primer año de grandes recortes sanitarios, a los 1.311 consignados en 2018. La buena noticia queda empañada, sin embargo, cuando se echa la vista un poco más atrás y se observa que, respecto a hace una década, el crecimiento del presupuesto sanitario por habitante no es en realidad tan grande, sino de tan sólo del 5,6% respecto a 2008. Y lo que es más, hay cuatro autonomías (Andalucía, Canarias, Cataluña y La Rioja), en las que el presupuesto sanitario per cápita en 2018 fue incluso menor que el de hace diez años, y otras como Murcia en las que apenas ha crecido un 1 por ciento.
Además, las diferencias entre comunidades autónomas han crecido en la última década. Si en 2008 había 406 euros de diferencia entre la autonomía con menor presupuesto (Valencia, con apenas 1.107 euros per cápita) y la autonomía con mayor dotación (País Vasco, con 1.513 euros por habitante), estas diferencias han crecido hasta alcanzar los 564 euros de diferencia entre la autonomía con menos fondos para sanidad por habitante (Andalucía, con 1.169 euros) y la comunidad con mayores presupuestos (País Vasco con 1.733 euros, es decir, casi un 50% más que Andalucía).
Esfuerzo presupuestario
Estas diferencias, que sirven de argumento habitual en las demandas autonómicas de una revisión del modelo de financiación autonómica, esconden, con todo, algunos peros importantes, en tanto las cifras ministeriales se refieren a los presupuestos autonómicos y no al gasto real en sanidad en el que incurren las autonomías que, con cierta frecuencia como se ha encargado de advertir en varias ocasiones el Tribunal de Cuentas respecto a autonomías como Murcia, apenas tienen parecido, al presupuestarse sistemáticamente menos de lo que, en la práctica, se gasta.
A las diferencias en las características de la población más o menos envejecida y más o menos dispersa que también podrían justificar en parte estas desigualdades en el gasto sanitario per cápita se uniría también un uso desigual de la sanidad privada en las diferentes autónomas, con regiones como Extremadura donde cerca del 40% de la población tiene seguro privado frente a apenas un 13% en autonomías como la Comunidad Valenciana, con lo que esto implica de mayor o menor presión para el sistema público.
De lo que no cabe duda es del diferente esfuerzo que hacen unas autonomías frente a otras para sufragar la sanidad a sus ciudadanos. Con los proyectos de presupuestos de 2019 en la mano, Navarra apenas dedicará el 27% de todos sus fondos a sanidad, en línea con Extremadura (29%) o La Rioja (29%), mientras que Galicia, Murcia o Madrid darán más del 40%. El hecho de que autonomías como Navarra lideren el gasto sanitario por habitante pese a ser las que menos esfuerzo hacen para sufragar la sanidad sugiere así, desigualdades en el sistema de financiación autonómico.
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