Decepcionados, una vez más. Así han salido los miembros de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) de la reunión mantenida con la secretaria de Estado del Ministerio de Hacienda, Inés María Bardón Rafael, y dos personas más de su gabinete para concretar si las ayudas a los afectados tendrían que tributar o, por lo contrarío, estaría exentas como ocurre con las indemnizaciones concedidas por los tribunales en condenas por malas praxis.
Pues bien, según ha informado Ignacio Martínez, abogado de Avite, “Hacienda ha concluido con claridad que estas ayudas tienen que tributar. De este modo los talidomidos españoles además de ser indemnizados tarde y mal, ahora, también les van a quitar la mitad”. Sin embargo, Hacienda no ha precisado el tipo impositivo que se aplicará en este caso, pero los afectados se temen que pueda alcanzar el 50 por ciento. Martínez, que lleva nueve años defendiendo los intereses de este colectivo, ha asistido a la reunión junto a Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite , de la que reconocen han salido “enfadados”.
Hacienda no ha precisado el tipo impositivo que se aplicará en este caso
La posición con la que los representantes de Avite acudieron a la reunión se fijó en una asamblea general de los asociados que se celebró el pasado diciembre. La conclusión: “No aceptarían un trato fiscal distinto al que han recibido los afectados de la talidomida en el resto del mundo. Es decir, el de la exención fiscal, exención que igualmente alcanza a otros colectivos en España como los contagiados por el VIH o el VHC, los lesionados en accidentes de tráfico, las víctimas de negligencias médicas, de terrorismo, o cualquier indemnizado por un daño causado por la Administración Pública”.
Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite.
El abogado asegura que, “al final, al Gobierno de Pedro Sánchez se le ha impuesto estas ayudas, pues fue el Partido Popular el que coló esta partida en la tramitación de los Presupuesto Generales del Estado de 2018. Los socialistas votaron en contra”, recuerda.
Sin embargo, la noticia favorable es que el Real Decreto-Ley que recogerá la concesión de las ayudas está prácticamente terminado, en palabras de abogado, que ha podido ver el borrador del texto, reconoce que “se ha concretado todo”. Detrás de este trabajo ha habido al menos cinco reuniones entre Avite y el Ministerio de Sanidad de actual Gobierno. “Se ha reconocido que los puntos de discapacidad -con una indemnización de 12.000 euros por punto– sean los totales del afectado y también que la acreditación de que las madres de los afectados estaban en España durante la gestación y, por tanto, los daños del fármaco se produjeron en España, pueda hacerse a través de otros métodos que no sea exclusivamente el del empadronamiento de la madre, algo que estaba dando muchos problemas”, afirma.
Pero antes de todo esto, Martínez recuerda los trabajos que quedan pendientes. “Todavía no se ha reconocido a ninguno de las 540 personas que han pasado las revisiones médicas. Lo tienen que hacer los seis expertos designados para ello, pero estos profesionales antes deben quedar liberados de sus trabajos. Todo este trabajo corresponde al Instituto de Salud Carlos III y por extensión al Ministerio de Sanidad”.
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