En un editorial que publica el último número de su revista, Atención Primaria, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) duda de que la prometida vuelta a la universalidad sanitaria, tras el decreto aprobado por el Gobierno el pasado agosto, sea una realidad.
El texto, que firman María Fernández y Elena Polentinos (vicepresidenta y vicesecretaria de Semfyc), recuerda que, a su juicio, el Real Decreto 16/2012, de hace más de seis años, “impulsó la inequidad de manera atroz, dando lugar a que la reforma más drástica de las bases del Sistema Nacional de Salud (SNS) tuviera lugar sin contar con el poder legislativo, sin la opinión profesional, ni social, y sin buscar el consenso que se había venido cimentando desde la Ley General de Sanidad en torno a los principios de universalidad, prevención, descentralización y redistribución”.
Una de las últimas actualizaciones de los datos de exclusión sanitaria que lleva años recogiendo la Red Reder, impulsada por Semfyc.
La norma, que desencadenó diversas protestas sociales y profesionales, generó la creación de la Red de Denuncia y Resistencia al RD 16/2012 (Reder), organización impulsada por la propia Semfyc y por otros organismos como la Sociedad Española de Salud Pública y Administraciones Sanitarias (Sespas) y Médicos del Mundo, entre otros. Reder lleva años recopilando casos de exclusión sanitaria y denunciando las consecuencias, a su juicio, negativas, del RD 16/2012.
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El PSOE, que desde el principio arremetió contra este decreto, prometió derogarlo si llegaba al poder. Con la llegada al poder de Pedro Sánchez, una de las primeras decisiones fue aprobar el RD 7/2018, de 27 de julio, sobre acceso universal al SNS, que buscaba volver a la situación previa al 16/2012 y devolver la plena universalidad.
Tal y como ya han señalado diversos agentes, como la propia Red Reder, esta vuelta a la universalidad no es plena ni está consolidada. En su editorial, Semfyc señala: “Se pretendía poner punto y final a más de seis años de exclusión sanitaria recuperando la universalidad en el acceso a la salud y mejorando el acceso de las personas inmigrantes en situación irregular a la atención sanitaria, aunque, desengañémonos, la norma no devuelve a la situación previa de protección que existía antes de la entrada en vigor del 16/2012″.
Semfyc abre 2019 con expectación y dudas en este ámbito: “Se abre ahora otra etapa en la que tenemos que seguir muy de cerca la norma con el fin de evitar situaciones de discriminación en el acceso a la salud de todas las personas hasta ahora excluidas”. De hecho, la sociedad afirma que el RDL 7/2018 “sigue sin aplicarse”.
Foto de familia tras la firma, en 2017, del Pacto político y social por un SNS público y universal, impulsada por la Red Reder. En la imagen, representantes de partidos políticos, sociedades médicas, sindicatos y agentes sociales.
El editorial ve “particularmente grave cómo la ambigüedad de algunos de sus preceptos está dando lugar a que en algunas autonomías se estén imponiendo interpretaciones restrictivas que amenazan el objetivo de asegurar la universalidad como principio básico del Sistema Nacional de Salud”. Por ello, Semfyc pide al Gobierno “clarificar estas y otras situaciones , aprobando el Reglamento que desarrolle el RDL 7/2018”.
La norma, que ya está en vigor en forma de decreto, se está tramitando como ley por procedimiento de urgencia, y acaba de entrar en fase de ponencia tras recibir en torno a 50 enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, que tampoco están satisfechos con la actual redacción.
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