El Sindicato Libre de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana (SLF-CV) ha enviado un comunicado en el que se queja de que la Consejería de Salud no les ha detallado el procedimiento de envío de medicamentos hospitalarios de dispensación ambulatoria (MHDA) a los domicilios de los pacientes, con motivo de la crisis de la Covid-19. En concreto, pide conocer la identidad de la empresa contratada y el contrato que les une.
Dicho comunicado reza textualmente: "La actitud de nuestras autoridades sanitarias contrasta con el de otras autonomías, sirva de ejemplo la de Cantabria, donde son públicos los protocolos de actuación de los MHDA-Covid19 y, además, la gestión de transporte y entrega de los citados medicamentos hospitalarios carece de coste alguno para las arcas públicas, pues se hace gratuitamente a través de una empresa de distribución farmacéutica y por las farmacias. Y a pesar de hacérselo saber, la Dirección General de Farmacia insiste e practicar un protocolo esotérico, con empresas desconocidas y contratos opacos Ella sabrá el porqué".
José Antonio Puchades Montoliú, presidente del SFL-CV, explica a CF que llevan haciendo requerimientos a la Administración desde finales de marzo: "Hemos hecho tres requerimientos y siempre nos han respondido con vaguedades. Cuando supimos que estos medicamentos de diagnóstico hospitalario se estaban llevando a las oficinas de farmacia en comunidades como Cantabria y Cataluña, el sindicato presentó un escrito al director general de Farmacia ofreciendo la red de farmacias para facilitar el acceso de esos medicamentos a la población. Ellos nos contestan que agradecen el ofrecimiento, pero que ya han implementado otra medida".
Sin embargo, Puchades considera que la capacidad para negociar le corresponde a los COF, no a ellos. Y subraya que se trata de medicamentos, y por ello, les gustaría conocer cuál es el método implementado. "Queremos saber cuál es el mecanismo. Tenemos derecho a saberlo, no ya como farmacéuticos, sino como ciudadanos, por la Ley de la Transparencia", insiste Puchades. Y añade que, una vez se acabe el estado de alarma, si han de recurrir a los tribunales, lo harán.
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