Algunos países de la Unión Europea están planteando, en términos similares a los de Corea del Sur y China, desarrollar como una de las estrategias para la lucha frente a la pandemia provocada por la enfermedad Covid-19, la implantación en el ámbito laboral de certificados de inmunidad. Ello podría permitir el reingreso presencial a los centros de trabajo y el acceso a nuevos puestos de trabajo con un control del riesgo de contagio a terceros. Se trata, resumidamente, de comprobar qué trabajadores han superado la enfermedad y cuentan con anticuerpos en su organismo, de manera que su reincorporación al trabajo no habría de suponer ningún riesgo para ellos ni tampoco para sus compañeros o terceros. A través de credenciales verificables del estado de salud de los trabajadores se permitiría adoptar medidas en cuanto al desconfinamiento e incorporación al lugar de trabajo.
"Proteger nuestra salud y nuestro sistema sanitario exige proteger también nuestro tejido económico"
Esta medida tiene una finalidad económica inmediata, al permitir recuperar el ritmo económico del país, y una finalidad mediata, hacerlo con protección para la salud de los ciudadanos. Su carácter sustancialmente económico no debe ir detrimento de la misma o considerarse un desvalor, frente a medidas con una finalidad sanitaria inmediata, dada la conexión directa entre economía y salud en un sistema como el español, universal y sustentado en la financiación a través de impuestos. Proteger nuestra salud y nuestro sistema sanitario exige proteger también nuestro tejido económico y, por tanto, el certificado de inmunidad pudiera ser una extraordinaria medida para este fin, sin detrimento del primero.
Sin embargo, dicha propuesta se encuentra con varias objeciones desde una perspectiva ética, en el sentido de que podría no satisfacer, entre otros, el principio de justicia. Pensemos, por ejemplo, en aquel trabajador que por mostrarse menos responsable en la adopción de las medidas de confinamiento y alejamiento social contrajo la enfermedad y ahora estaría, pese a su irresponsable actuar, en una situación privilegiada en el acceso o reingreso en el trabajo frente al que sí se comportó con responsabilidad. A este respecto, lo relevante, desde un plano ético, no es la situación en la que se encuentra ahora cada uno de los dos sujetos, sino, desde la perspectiva de aquel principio ético que exige dar a cada uno lo que se merece, la evaluación de la conducta que ha determinado dicha situación de presencia o ausencia de inmunidad.
Además, el certificado de inmunidad podría también no respetar los principios de responsabilidad y de no maleficencia, al poder actuar como un desincentivo de la responsabilidad o, lo que es lo mismo y resulta más gráfico, como un verdadero incentivo de irresponsabilidad. Algunos ciudadanos, ante una situación económica más o menos precaria o desesperada, podrían optar por actuar irresponsablemente para infectarse y contraer la enfermedad como medio para, en su caso, poder optar al certificado, es decir, al acceso o reingreso al trabajo. Y no solo eso, sino que también los que obtuvieran el certificado de inmunidad sería harto difícil que siguieran ya las recomendaciones de salud pública, tales como el alejamiento, uso de mascarillas, lavados continuos, etc, que parece que constituyen una estrategia preferente para evitar la continua expansión de la pandemia.
Sin embargo, al margen de dichas objeciones y de otras muchas que podrían surgir de una detenida reflexión acerca de la medida, el principal problema que existe para la implementación del certificado laboral de inmunidad es que dicha medida parte de una hipótesis que según el estado actual de la evidencia científica no es cierta: la inmunidad frente a la enfermedad de la Covid-19 y la garantía de no reinfección de aquellos individuos que ya han superado la enfermedad y que tienen anticuerpos comprobados por prueba del IgG o similar.
La OMS ya se ha pronunciado
La propia Organización Mundial de la Salud ha alzado recientemente su voz en contra del pasaporte o certificación inmunitaria. Así, en su informe bajo el título de "Immunity passports in the context of COVID-19” de 24 de abril de 2020, se señala que, pese a que la mayoría de los estudios muestran que las personas que se han recuperado de la infección tienen anticuerpos contra el virus, sin embargo, algunas de estas personas tienen niveles muy bajos de anticuerpos neutralizantes en la sangre, lo que sugiere que la inmunidad celular también puede ser crítica para la recuperación.
Y añade la OMS en el mismo Informe que las pruebas de laboratorio que detectan anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en personas, incluidas las pruebas de inmunodiagnóstico rápido, necesitan una validación adicional para determinar su precisión y confiabilidad. Las pruebas de inmunodiagnóstico inexactas pueden categorizar falsamente a las personas de dos maneras. La primera es que pueden etiquetar falsamente a las personas que han sido infectadas como negativas, y la segunda es que las personas que no han sido infectadas están falsamente etiquetadas como positivas. Ambos errores tienen graves consecuencias y afectarán a los esfuerzos por controlar la pandemia.
La OMS no se muestra contraria a que se hagan los correspondientes test, sino a que se les confiera a los mismos una evidencia o valor científico que en la actualidad no es real.
En definitiva, la OMS concluye que, en el momento actual de la pandemia, no hay evidencia suficiente sobre la efectividad de la inmunidad de manera que pueda garantizarse la precisión de un pasaporte o certificado de inmunidad. Además, a la OMS le preocupa especialmente que las personas que asumirían, sin verdadera evidencia científica, que son inmunes a una segunda infección acabarían por ignorar los consejos de salud pública, de maneta que el uso de dichos certificados aumentaría los riesgos de transmisión continua.
"La OMS aclara que en el momento actual no hay evidencia suficiente sobre la efectividad de la inmunidad"
Así pues, para la OMS, no solo las pruebas carecen de verdadera validez científica en el estado actual de la ciencia, sino que la falsa o, al menos, no acreditada científicamente inmunidad puede ir en contra de la adopción por parte de los ciudadanos de otras medidas de salud pública, como las medidas de higiene constante (lavado de manos, uso de mascarilla, etc), que se han mostrado muy útiles para prevenir la transmisión.
Informe de la AEPD
Coincide con la opinión de la OMS, la propia Agencia Española de Protección de Datos, que ha abordado el debate de dichas credenciales en su reciente informe sobre "El uso de las tecnologías en la lucha contra el Covid19. Un análisis de costes y beneficios" de mayo de 2020. Para la Agencia, las tecnologías de la información no pueden ser entendidas de forma aislada, sino siempre en el marco de un tratamiento con un objetivo definido. Este tratamiento ha de implementar una estrategia global basada en evidencias científicas.
En definitiva, los certificados de inmunidad pueden representar una medida cuya implementación puede ser muy adecuada para permitir el acceso y reingreso en el trabajo de varios ciudadanos, equilibrando la protección de la salud de la colectividad y la salvaguarda de la economía, algo tan importante, como ya avanzábamos antes, en un sistema sanitario universal como el español que, además, se financia a través de impuestos y cuya sostenibilidad depende, en gran medida, de una buena situación económica. Sin embargo, en el estado actual de la ciencia la premisa en la que se asienta no es válida. Habrá, pues, que esperar a comprobar cómo avanza dicha evidencia para reabrir un debate que por ahora debe quedar cerrado, no por razones éticas, sino científicas.
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