¿Qué haremos tras la pandemia? Aún no podemos cantar victoria, pero sí estamos en disposición de haber aprendido las primeras enseñanzas y de extraer conclusiones de forma preliminar.
Esta pandemia ha hecho que todo vuelva al origen. Lo superfluo, lo accesorio es más superfluo y accesorio, incluso se torna un estorbo. Y lo importante cobra mayor importancia. La salud como derecho. Algo difícil de cuestionar, sobre todo, estando inmersos en esta tremenda pandemia. ¿Pero cómo hacemos que ese derecho sea más fuerte y efectivo?
El derecho a la protección de la salud se recoge en la Constitución Española, en el artículo 43, dentro de los derechos sociales y económicos. No es un derecho fundamental. Queda a la discrecionalidad de los gobiernos de turno, difícil de exigir por la ciudadanía y a la intemperie frente a recortes y privatizaciones. En España, aún está muy presente el recuerdo de las reivindicaciones de asociaciones de pacientes de la hepatitis C, aún se padece el lastre de recortes y privatizaciones. Por ello, a la salud se le debe otorgar el mayor de los reconocimientos en la Carta Magna y, cuando se emprenda una futura reforma constitucional, tener muy presente que los derechos de las personas merecen nuestra atención al menos de igual forma, si no de manera prioritaria, que las cuestiones territoriales.
La garantía del derecho a la salud se hace efectiva desde la sanidad pública. Desde un Sistema Nacional de Salud cuyo valor principal es la universalidad y la equidad. Uno de los grandes logros de la democracia, un sistema de calidad, eficiencia y cohesión social. Esta crisis sanitaria lo ha puesto a prueba, con un resultado desigual en las diferentes comunidades autónomas. Pero a pesar de las dificultades cotidianas, la falta de medios o el colapso, con el trabajo en los hospitales, y también en la Atención Primaria, la sanidad pública con sus profesionales, están salvando la vida de muchas personas.
Con esta pandemia la sanidad en su conjunto, el Servicio Nacional de Salud público, y la sanidad privada, han tenido y tienen, aún hoy en día, su mayor test de estrés. El sistema financiero lo tuvo el año 2008. Quedaron al descubierto las debilidades, ineficacias y carencias de aquel sistema. Muchas entidades no lo soportaron.
La sanidad pública se ha hecho cargo prácticamente de la totalidad de la situación. Con la dirección de la salud pública; movilización de la atención primaria, clave para la detección, control y seguimiento de casos; o el trabajo ímprobo en los hospitales públicos. A su vez, se ha visto cómo el modelo de negocio de la sanidad privada y privatizada representa un modelo fragmentado y mercantilizado que no sirve para dar una respuesta global de salud pública.
Estas revelaciones e inoperancias deben corregirse, si realmente hemos aprendido la dura lección y queremos actuar en consecuencia. En cuanto se recupere la posibilidad habrá que emprender cambios legislativos estructurales, que nos devuelvan al origen, a la defensa de lo fundamental, como la revisión de la ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Una reforma en el sentido de apostar por la gestión pública directa como garantía del derecho a la salud, y de impedir un modelo de negocio de sanidad privada, financiado con fondos públicos, pero sin rendición de cuentas, ni transparencia en la gestión, donde el sistema público está cautivo. Habrá que hacer una cerrada defensa de la sanidad pública para que todo aquel presupuesto que ahora escapa del sistema público hacia el beneficio empresarial y marketing privado, vuelva a ser destinado en su totalidad a recursos para la asistencia sanitaria, salud pública, prevención y promoción de la salud, ampliación de plantillas, mejoras en las condiciones laborales, equipamientos, infraestructuras o humanización. Del mismo modo será obligado revisar el papel y el futuro de las mutuas.
Son necesarias reformas profundas que corrijan recortes, falta de inversión o apuesta por el sistema público. Reformas que deben buscar la promoción, protección y defensa del sistema sanitario público, de sus profesionales. Dentro de ellas debe emprenderse la obligación de una financiación blindada, estable y fuerte (comenzando con el reclamado 7% del PIB en los presupuestos) para la asistencia, para la salud pública y también para la investigación.
Y no olvido que en la agenda de lo que ha de hacerse tras la pandemia, está el alcanzar un precio justo de los medicamentos. La especulación y los precios abusivos perjudican un acceso rápido equitativo y universal, por lo que debe garantizarse el acceso a los medicamentos y su incorporación sostenible con todos los mecanismos a nuestro alcance. Incrementar el uso de genéricos y biosimilares para fomentar la competencia dinámica en el sector farmacéutico. Introducir el modelo de financiación por resultados. Aplicar el máximo estándar en rigor en la evaluación para su autorización, selección, fijación del precio y utilización del medicamento. O aplicar la ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, para poder activar la aplicación de licencias obligatorias sobre la vacuna o tratamientos, en este caso para combatir la Covid-19. Además de mejorar la transparencia de los mercados de medicamentos, vacunas y otros productos sanitarios, en línea con las últimas directivas de la OMS.
En consecuencia, la contestación es tan sencilla como importante: tras la pandemia las respuestas pasan por fortalecer la sanidad pública.
*Carmen Montón. Embajadora observadora permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos. Ex ministra de sanidad, consumo y bienestar
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