El avance en las fases de desescalada está lleno de interrogantes que se van conociendo poco a poco. En la rueda de prensa ofrecida por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la última reunión mantenida con los presidentes autonómicos, ha dado una pista sobre el pase a la Fase II.
Illa ha dicho que las aplicaciones de "rastreo de contactos estrecho" son una de las "claves en la desescalada" y uno de los requisitos que se evalúan con las comunidades autonómicas para pasar de la Fase I a II.
"Hay distintas aplicaciones móviles y son herramientas de apoyo a las labores de vigilancia que hay que poner en marcha, pero con las aplicaciones que van en la línea de geolocalización estamos trabajando con nuestros socios europeos, porque hay que valorarlas con mucha prudencia", ha destacado el ministro de Sanidad. Además, ha afirmado que de este asunto se está encargando la Secretaria de Estado de Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, junto con la Unión Europea.
La prudencia a la que Illa se refiere en sus declaraciones puede que tenga que ver con la normativa de protección de datos. En definitiva, con el deber de observar los derechos de privacidad e intimidad de las personas, que recoge la ley y cuya violación se castiga con cuantiosas sanciones. Además, cuando la información que se revela sin el consentimiento explícito de su titular está relacionada con su salud, la ley es más restrictiva y dura en sus sanciones.
Pues bien, en este contexto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha hecho público varios informes alertando del uso de la tecnología con el objetivo de controlar la pandemia.
El último de estos documentos “El uso de las tecnologías contra el Covid-19. Un análisis de costes y beneficios” aborda la geolocalización mediante: el uso de la información que tienen los operadores de telecomunicaciones y por el rastreo a través de redes sociales.
Es indudable la utilidad de la geolocalización para conocer y mantener la distancia social, un factor clave en el control de la expansión del virus, y que reconoce la AEPD que “no debería ofrecer mayores problemas” siempre y cuando se haga “el acceso apropiadamente anonimizado de dicha información”. Pero muchas veces es difícil que el dato sea útil si no se identifica directamente con la persona, para eso la Agencia apunta una solución a esta cuestión y es la de “usaran datos anonimizados de geolocalización para observar movimientos globales, pero con la posibilidad de que la policía pidiera la reidentificación en determinados casos conforme a los criterios establecidos por las autoridades sanitarias para garantizar el control de la epidemia”.
"Por lo tanto, hay que ser especialmente cuidadoso a la hora de tomar medidas que pueden tener consecuencias irreversibles y pueden estar guiadas únicamente por la urgencia, el miedo o, lo que es peor, otros intereses"
La geolocalización mediante el uso de la información que tienen los operadores de telefonía móvil de manera anonimizada ha sido utilizada ya por el Gobierno en la gestión de la pandemia. De hecho, el 28 de marzo, el Boletín Oficial del Estado publicó la Orden del Ministerio de Sanidad que dio soporte a esta tecnología. En la orden se amparaba a la secretaria de Digitalización a seguir “el modelo emprendido por el Instituto Nacional de Estadística en su estudio de movilidad” a través del cruce de datos de los operadores móviles, de manera agregada y anonimizada para analizar “la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento”.
Además, la AEPD recuerda en su informe que “esta información sin anonimizar puede ser demandada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad siempre mediando una orden judicial”.
En relación a la otra vía de geolocalización de los móviles, la que se consigue a través de las redes sociales. La Agencia recuerda que esta es vía se utiliza de manera habitual “con fines de publicidad”, pues las direcciones de IP de los terminales con los que accedemos a Internet pueden ser conocidos por los administradores de las páginas web.
Pero el hecho de que esté muy popularizada, no la hace más legal. La AEPD advierte que “esta práctica puede ser una amenaza a la privacidad”, en la medida que se consiga una localización exacta del interesado. Y más aún, “si esta información es enriquecida con información personal derivada de la actividad en los perfiles de usuario o se toman acciones sobre sus perfiles”.
En conclusión, y haciendo una excepción a la habitual prudencia con que manifiesta siempre esta institución, afirma que la geolocalización de los individuos a través del uso de las redes sociales no es “adecuada para realizar estos tratamientos”.
A modo de conclusión del informe, la AEPD lanza una advertencia: “Nuestra sociedad se encuentra en un punto de inflexión crítico, no solo debido a la situación de pandemia, sino en relación con el planteamiento del modelo de derechos y libertades. Por lo tanto, hay que ser especialmente cuidadoso a la hora de tomar medidas que pueden tener consecuencias irreversibles y pueden estar guiadas únicamente por la urgencia, el miedo o, lo que es peor, otros intereses”.
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