El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a cuatro meses de prisión y multa por una valor total de 200 euros a un vecino de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) que utilizó el transporte público interurbano en Gran Canaria (guagua) sin usar la mascarilla de seguridad y forcejeó con los policías que intentaban hacerle entrar en razón hasta el punto de lesionarles.
El órgano judicial, de guardia en la capital canaria, dictó la sentencia de conformidad entre las partes que condena en firme al detenido como autor de un delito de resistencia a la autoridad y de dos delitos leves de lesiones.
La resolución judicial declara probado que sobre las 11:30 horas del jueves, 28 de mayo, el acusado se encontraba en la estación de autobuses de la Avenida Rafael Cabrera de Las Palmas y accedió al interior del autobús con destino a Maspalomas sin el uso obligatorio de la mascarilla.
"Condena como autor de un delito de resistencia a la autoridad y de dos delitos leves de lesiones"
Esta circunstancia motivó la presencia de dos agentes de la Policía Nacional en el autobús quienes, "en el ejercicio legítimo de sus funciones y debidamente uniformados", informaron al ahora condenado de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público y le requirieron para que se la pusiera.
El acusado, según recoge el fallo, "se negó reiteradamente, agarrándose fuertemente al sillón del autobús, negándose a bajarse de la misma, por lo que procedieron a su detención y, con total menosprecio del principio de autoridad que representan y a fin de obstaculizar su función, comenzó a forcejear con los agentes actuantes".
Como consecuencia de ese forcejeo uno de los policías tuvo lesiones leves en codo derecho y escoriación en el antebrazo izquierdo, y el otro una escoriación lineal en el antebrazo.
En conclusión, condena por un delito de resistencia a la pena de cuatro meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Además, por cada delito leve de lesiones, le impone una pena de 20 días de multa con cuota diaria de 5 euros y responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 del C.P. para el caso de impago.
En todo caso, al no constar la existencia de antecedentes penales, el juzgado acuerda suspender la pena privativa impuesta por un tiempo de duración de 2 años y advierte al condenado de que en "el caso de que delinca durante dicho periodo se procederá a la revocación del beneficio otorgado".
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