La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y Satse, denunciará a las farmacias de Madrid que incumplan los requisitos establecidos por el Ministerio de Sanidad para hacer test covid-19. Para ello, realizará un seguimiento pormenorizado y riguroso de las que han empezado a realizar los test.
Entre otros requisitos, la Mesa recuerda que, según la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de la covid-19 del Ministerio de Sanidad, los estudios de cribado podrán considerarse en determinadas situaciones de alta tasa de transmisión en un área geográfica determinada o en la población diana del cribado, y solo se emplearán las pruebas rápidas de detección si los recursos de PCR estuvieran limitados.
La Mesa también insta a los profesionales sanitarios que trabajan en estos centros de la sanidad pública que no deriven a los pacientes a las farmacias para hacerse estos test "al tratarse de una práctica lucrativa de los empresarios farmacéuticos que conlleva una clara privatización y descapitalización de la sanidad pública".
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Instrucciones del fabricante
Ambas organizaciones recuerdan que las instrucciones de uso de los test establecidas por el fabricante contemplan la realización a personas con criterios clínicos y/o epidemiológicos de covid-19, como son las personas sintomáticas, los contactos estrechos de casos confirmados asintomáticos y las personas asintomáticas en entornos de elevada transmisión y riesgos epidemiológicos, apuntándose que el uso de estos test debe estar alineado con la finalidad prevista por el fabricante
En las condiciones trasladadas por el Ministerio de Sanidad a la consejería madrileña se apunta, además, que se debe seleccionar exclusivamente a la población en función de los criterios establecidos por la Consejería de Sanidad y que debe entenderse con una medida extraordinaria y siempre en el contexto de un programa de salud pública de la comunidad autónoma, rechazándose, por tanto, la posibilidad de que se puedan realizar los test a demanda de cualquier ciudadano interesado al representar un uso distinto a la finalidad prevista por el fabricante.
Falta de seguridad en las farmacias
Desde la Mesa de la Profesión Enfermera se reitera que las oficinas de farmacia no reúnen en absoluto las condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos a los que se pudiera realizar este tipo de pruebas, así como la del resto de clientes que acuden para adquirir un fármaco o cualquier otro producto de los que se encuentran a la ventae, incluso, la de los propios trabajadores.
“Está ya más que demostrado que el virus permanece en el aire y hay que considerar el alto riesgo que supone el momento de la realización de la prueba, ya que el usuario estará sin mascarilla y con el riesgo de que si está infectado pueda contaminar el aire y ser fuente del contagio para el resto de personas que visiten la farmacia”, añade.
Rechazo médico y enfermero
La Mesa de la Profesión Enfermera recuerda que el rechazo a la realización de este tipo de pruebas en las oficinas de farmacia "ha sido defendido por la práctica totalidad de organizaciones profesionales y sociedades científicas de Enfermería y Medicina de nuestro país, y así lo han compartido el conjunto de gobiernos de las comunidades autónomas con la única excepción del de Madrid, que ha primado y favorecido los intereses de la empresa privada en lugar de preservar el bien general de proteger la salud y seguridad de las personas".
Según Satse y CGE, en lugar de favorecer una práctica empresarial oportunista e insegura que conlleva la posibilidad de un aumento del número de contagios y de la transmisión de la enfermedad, "el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso debería gastar el dinero público en mejorar y fortalecer la Atención Primaria para que los profesionales de la sanidad pública competentes y cualificados para ello, como son las enfermeras y médicos, puedan realizar estas actuaciones asistenciales en las mejores condiciones y con todas las garantías".
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